La decisión del Gobierno de sumar al Congreso a la pelea para controlar el nivel de precios ya hace ruido en la Cámara de Diputados.

Allí el kirchnerismo busca recuperar el control de la comisión de Defensa del Consumidor para garantizar el pronto tratamiento de los proyectos relacionados con multas y sanciones a supermercados por precios abusivos, a los que se agregó otro de Aníbal Fernández contra la publicidad engañosa. Pero ese cuerpo estuvo hasta diciembre en manos del radicalismo, que no está dispuesto a entregarlo sin obtener a cambio lugares de relevancia en algunas de las comisiones consideradas clave, indicó El Cronista Comercial.

“Actualmente tenemos pocas comisiones importantes, algo no acorde a la jerarquía de nuestro bloque”, observó el secretario parlamentario del bloque radical, Ricardo Buryaile.

La intención formal de la bancada es conservar Defensa del Consumidor. A cambio de ese cuerpo, la UCR apunta a conseguir la presidencia de alguna de las diez comisiones principales. “No podemos tener a partir de la veinticuatro, como ahora. Pretendemos mejorar la calidad de las comisiones a nuestro cargo”, agregó Buryaile al citado matutino.

Para ello, el radicalismo tiene preparado un listado de pedidos. Figuran allí, entre otras, las presidencias de las comisiones de Justicia, Ciencia y Tecnología y Educación. Esta última es codiciada por varios radicales, entre los que se destacan el ex vicepresidente Julio Cobos y sus colegas de bloque Mario Barletta y Héctor “Cachi” Gutiérrez. 

La negociación por el reparto de las comisiones quedará cerrada el miércoles con la visita al Congreso del secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli. El funcionario se reunirá con diputados y senadores del oficialismo para acordar los detalles de la Asamblea Legislativa del primero de marzo y para terminar de dar el visto bueno a la asignación de las comisiones y al reparto de otros cargos en disputa.

“Nosotros vamos a hablar sobre esa base. Si quieren recuperar Defensa del Consumidor es porque allí hicimos un muy buen trabajo”, destacó Buryaile. Sin embargo, el oficialismo no puso el ojo sobre esa comisión por lo ya hecho sino por lo que significará en adelante. 

Y es que la decisión de apuntar a la cadena de distribución para evitar la distorsión de precios, con el programa Precios Cuidados como punta de lanza, tendrá su correlato en el Congreso desde marzo. Al proyecto para que las multas por precios abusivos deban pagarse inmediatamente, clausurando el efecto suspensivo de las apelaciones judiciales, el oficialismo sumó otra iniciativa para agilizar las penas a los supermercados que infrinjan reglas de identificación, presentación y publicidad de los productos. Ambos llevan la firma del senador Aníbal Fernández y fueron replicados por el kirchnerismo en la Legislatura bonaerense para alcanzar a los comercios afincados en la Provincia, indicó El Cronista Comercial.

Al igual que la iniciativa sobre precios abusivos, el nuevo proyecto establece que las sanciones a fabricantes y comercios por violaciones a la Ley de Lealtad Comercial deberán ejecutarse de inmediato, aún cuando hayan sido recurridas ante la Justicia. El texto apunta a cambiar el artículo 22 de la Ley, para que las multas por violar reglas de identificación, presentación y publicidad de las mercaderías solo puedan ser discutidas ante la Justicia con efecto devolutivo y no suspensivo.