El vicepresidente Amado Boudou deberá presentarse ante la Justicia, de acuerdo a un requerimiento del magistrado Ariel Lijo, el próximo 15 de julio a las 11 de la mañana para declarar por la causa Ciccone.

Fue convocado por el juez federal a pesar del pedido de su defensa, que solicitó la nulidad de los testimonios de Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick. Está acusado de "negociaciones incompatibles con la función pública" por su gestiones a favor de un plan de salvataje de la imprenta de papeles de seguridad. 

La decisión de la Justicia causó una fuerte repercusión en el arco político, dado que era algo que la oposición esperaba hace más de dos años.

Es por esto que el propio Boudou decidió salir y mostrarse "tranquilo". En diálogo con Radio 10 el vice de Cristina Kirchner afirmó : "No me voy a tomar licencia y voy a defender mi inocencia" y se animó a jurar al aire de no haber cometido "ningún acto de corrupción".

Además, negó que su relación con la Presidenta se haya modificado por al apertura de la causa. "Yo soy parte del Gobierno y lo voy a seguir siendo", enfatizó. Y volvió a acusar en su discurso al grupo Clarín y a los medios por demonizarlo.

"Hemos combatido el sector concentrado de la economía", continuó, "y como yo nunca me callé y mi compromiso es con el país y la Presidenta de la Nación, y no con los sectores concentrados, creo que me están cobrando esto".

Según la legisladora Graciela Ocaña, de ahora en más vale preguntarse qué hará la Presidenta ahora y cuestiona: "¿Lo mismo que Néstor Kirchner con el caso Skanska, echar a funcionarios o seguirá defendiendo a más "amado" Boudou?".

Por lo pronto, quedó claro que en los últimos meses desde la Casa Rosada se buscó prescindir lo máximo posible de la figura del vicepresidente en actos públicos o apariciones de cualquier tipo. 

En tanto, los analistas políticos presentaron opiniones encontradas. Artemio López festejó la iniciativa del vice de defenderse ni bien fue dada la noticia: "Bien Boudou tomando la iniciativa, esa es la actitud que transformada en estrategia debía tomar desde el principio", escribió en su cuenta de Twitter. 

Quien salió a defender fervientemente al vice fue el relator Víctor Hugo Morales, quien cuestióno que el juez Lijo haya decidido realizar la citación después del Mundial de Brasil para así acaparar la atención de los medios. 

Y los analistas más críticos coinciden en que el discurso K se va a seguir esa línea argumental instalada por Morales. "Va a ser gracioso cuando Cristina se queje por cadena nacional que citan a Boudou despues del Mundial", resaltó el especialista en opinión pública Diego Dillenberguer quien además fue irónico a la hora de describir cómo afecta la causa Ciccone a Cristina Kirchner: "Que orgullo para Cristina, ella lo crió desde que era apenas una gotita y ahora es un chorro reconocido en todo".

La primera reacción del KirchnerismoEn tanto, referentes del oficialismo aseguraron que la declaración a indagatoria se trata de una "rara coincidencia" ya que se trata del día en que Cristina Kirchner deberá viajar a la reunión del BRICS, pero salieron a apoyar el discurso del vicepresidente y dieron el visto bueno a la decisión de la Justicia. 

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich cuestionó esta situación pero evitó generar polémica sobre si el vice debería o no continuar en su cargo.  "No pretendo subrogar jamás la voluntad de otra persona" , aseguró. 

En tanto, la titular del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, consideró "positiva" la citación a indagatoria fijada por el juez Ariel Lijo, al sostener que "va a poder ejercer ahí su legítima defensa".

Di Tullio aseguró además que "el primer interesado que la causa se acelere es el vicepresidente de la Nación" y sostuvo que "lo que hay acá es un linchamiento mediático". La legisladora reiteró que el vicepresidente "siempre ha estado a disposición de la Justicia".

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, también apuntó contra los medios. En declaraciones a radio La Red, aseguró que el vicepresidente Boudou sufrió un "prejuzgamiento" y una "campaña" en su contra "con un nivel de virulencia enorme", al tener que soportar "más de 300 tapas" de diarios "en contra".

Los otros convocados a declararAhora, Lijo llamó a indagatoria además de José María Núñez Carmona, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele y los mencionados Reinwick y Ciccone.

El fiscal Di Lello también había imputado a Ricardo Echegaray pero Lijo no citó al titular de la AFIP.

La Justicia sospecha que Boudou desde su rol como ministro de Economía realizó gestiones para favorecer la situación financiera de Ciccone. En la causa hay una nota en la que el entonces titular del Palacio de Hacienda se pronunciaba a favor de que la AFIP realice un plan de facilidades a favor de la imprenta.

José Capdevila, asesor jurídico de Boudou en el Ministerio de Economía y testigo clave en el caso, había dictaminado en contra. Dijo que no es facultad del titular del Palacio de Hacienda pronunciarse sobre un plan de facilidades de la AFIP.  

Capdevila denunció que lo amenazaron y que tuvo que abandonar el país.

La resolución completa del juez Ariel Lijo"Para la adquisición de Ciccone se utilizó la empresa The Old Fund (TOF). TOF fue originalmente adquirida el 1 de septiembre de 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la Provincia de Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y José María Nuñez Carmona— amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales— junto con Alejandro Vandenbroele —conocido de ambos—.

Dicha empresa, de objeto amplio y dueños anónimos, no había tenido funcionamiento hasta el momento y contaba con una sola empleada. En dicha negociación, Boudou intervino en su carácter de Ministro de Economía y en fecha 11 de marzo de 2010 firmó una addenda al convenio original entre el Gobierno Nacional y el Gobierno provincial que implicó, finalmente, la emisión del título de deuda por $ 312 millones.

En ese momento, el Estado habría tenido intenciones de adquirir la empresa concursada "Ciccone Calcográfica" para la impresión de papel moneda, debido a que la producción de billetes de Casa de la Moneda era insuficiente. A raíz de un pedido efectuado por AFIP, el 15 de julio de 2010 el Juzgado Comercial n° 8 decretó la quiebra de la empresa "Ciccone Calcográfica".

Al día siguiente, la firma fue ofrecida por AFIP a Casa de la Moneda para que continúe con la actividad; hecho que dio inicio al expediente 39.183/2010. Tal circunstancia determinó que los dueños de la empresa —la familia Ciccone— buscaran la aprobación de un plan de pagos en la AFIP y así se levantara la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, habría hablado con Gabriel Bianco quien lo habría conectado con Amado Boudou y Nuñez Carmona.

Boudou y Nuñez Carmona se habrían interesado en el negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma TOF, puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador. Asimismo, la maniobra se habría materializado con división de funciones: Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Nuñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. En razón de que el Ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y que Nuñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representante de la firma TOF.

En este sentido, para negociar la adquisición de la empresa, Boudou y Nuñez Carmona se habrían reunido, al menos, en dos oportunidades con los dueños de la firma "Ciccone Calcográfica" (una en Telefe el 29 de julio de 2010 y otra posterior en I Fresh Market el 1 de septiembre de 2010). A su vez, Nuñez Carmona y Vandenbroele se habrían reunido, al menos, en tres oportunidades (una en Bice, y dos en el Hotel Hilton).

Como conclusión de esas reuniones, el 1 de septiembre de 2010, TOF –firma de capitales extranjeros— adquirió la mayoría accionaria de la firma "Ciccone Calcográfica". El acuerdo consistió en la cesión del 70% de la empresa — incluidos los títulos de créditos de varios acreedores—, a cambio del levantamiento de la quiebra, de la aprobación del plan de pagos de la deuda fiscal, de la inyección de capitales para recuperar su productividad y del pago de 50.000 dólares mensuales a cada uno de los dueños originales por el know how. Poder Judicial de la Nación. 

Una vez que se concretó la operación, se habría puesto en marcha el salvataje de la empresa para así lograr el objetivo final de contratar con el Estado Nacional para la impresión de billetes.

En primer término, se habría logrado el aval de la AFIP, lo que resultaba imprescindible para el levantamiento de la quiebra. En este sentido, el 31 de agosto de 2010, un día antes de que se adquiriera formalmente "Ciccone Calcográfica", y sólo 45 días después de que se decretara la quiebra solicitada por la propia AFIP, el ente regulador cambió su posición y se presentó en el expediente manifestando su voluntad de otorgar un plan de facilidades de pago. Asimismo, dos semanas después de la venta de "Ciccone Calcográfica", el 14 de septiembre de 2010, la AFIP contestó el traslado del juez comercial, y prestó expresa conformidad para el levantamiento de la quiebra, condicionado a la presentación de un plan de pagos. Sin embargo, dos días después de esa manifestación, el 16 de septiembre de 2010, la AFIP otorgó apoyo incondicional. Paralelamente, el 3 de septiembre de 2010, Olga Ciccone aportó ante el juez de la quiebra la conformidad de Vandenbroele, como cesionario de los créditos de "Ciccone Calcográfica" y representante de TOF, sin informar, Vandenbroele, que TOF no sólo era cesionario sino también dueño del 70% de la firma.

En segundo término, se procedió al depósito del dinero necesario. El 3 de septiembre de 2010, TOF depositó en el expediente de quiebra la suma de $567.000 pesos en concepto de honorarios impagos a la sindicatura. El 7 de septiembre de 2010, Miguel Castellanos, director de la firma London Supply y conocido desde la infancia de Nuñez Carmona, Boudou y Vandenbroele, a través de su empresa, ordenó la transferencia de $ 1.800.000 pesos a la cuenta del fuero comercial. Finalmente, el 14 de octubre de 2010, TOF habría depositado $1.986.753 pesos. Como consecuencia, finalmente, el 24 de septiembre de 2010 se levantó la quiebra, circunstancia que se efectivizó el 19 de octubre de 2010.

En tercer término, para obtener la posesión de la firma — debido a que el juez de la quiebra, el 25 de agosto de 2010, otorgó el arrendamiento de la planta a la firma Boldt SA, por el término de un año— a fines de octubre de 2010, Nuñez Carmona, a través de Lautaro Mauro, se habría reunido con Gabella —director de Boldt SA. En esa oportunidad, Nuñez Carmona se habría presentado como representante de Boudou, y le habría referido que habían comprado "Ciccone Calcográfica", le habría exigido que abandonaran la planta y le habría dicho que, en caso de no hacerlo, Boldt podía tener problemas con la AFIP y en futuras contrataciones con el Estado. En diciembre de 2010, Boldt SA recibió una sanción de la Secretaría de Comercio, en la que se dispuso el cese de la vigencia del contrato y una multa diaria de $ 15.000 pesos por cada día de demora en el desalojo. En junio de 2011, Boldt abandonó la planta.

En cuarto término, con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado Nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de la Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central.

Concretamente, el 16 de junio del año 2009 se inició en Casa de la Moneda una licitación pública para adquirir el equipamiento integral para la producción de billetes, donde se calculó una inversión de $521.723.160, aprobada el 27 de agosto de 2009 por la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía.

Luego de casi un año y medio de avanzado trámite, Amado Boudou, en su calidad de Ministro de Economía, habría ordenado verbalmente no otorgar el aval requerido por el Banco Nación para el otorgamiento del crédito necesario para efectivizar la compra de los equipos. En este sentido, el 2 de noviembre de 2010, pocos días después de que se modificara la composición accionaria de TOF, se corrió vista a la Gerencia de Administración y Finanzas de Casa de la Moneda y, al día siguiente, esa gerencia informó que no se contaba en el presente o futuro inmediato con los fondos suficientes para constituir una carta de crédito por el total de la inversión.

Finalmente, se dejó sin efecto la licitación y se ordenó desglosar el requerimiento de compra.

En quinto término, y paralelamente, se habría procurado obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Para ello, primero se tramitó un plan de pagos ante la AFIP, ilegal por vía administrativa, que incluía la quita de intereses, honorarios y multas. En ese marco, el 25 de octubre de 2010, Resnick Brenner, Jefe de Asesores de AFIP, realizó un dictamen dirigido al Administrador Federal donde consideró, de forma inédita en esa clase de trámites, que era menester obtener la opinión del Ministro de Economía, respecto del temperamento que debía adoptarse. En virtud de ello, el día 8 de noviembre de 2010, Boudou, en su calidad de Ministro de Economía, firmó la nota n° 154 dirigida al Administrador Federal donde opinó que, si bien no era de su competencia pronunciarse al respecto, la concesión del plan de pagos se correspondía con las políticas generales del gobierno.

En consecuencia, el 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor de la concesión del plan de pagos ilegal, que Ricardo Echegaray rechazó de puño y letra, oportunidad en la que afirmó que el plan debía ajustarse a derecho (Resolución 970).

En virtud de que Ricardo Echegaray frustró el plan de pagos ilegal, a Ciccone Calcográfica no se le otorgó el certificado fiscal para contratar con el Poder Judicial de la Nación Estado. Por ello, durante el año 2011, la firma —que, luego de la adquisición, pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana (CVS) — habría llevado a cabo un negocio privado de impresión de boletas electorales con el Frente para la Victoria, partido para el que Amado Boudou era candidato a vicepresidente. Ese negocio habría sido tercerizado por CVS, ya que la empresa no contaba con las máquinas necesarias para hacer la tarea y, además, se habría desarrollado sin la intervención del Síndico de la quiebra ni del Gerente de Administración de la empresa, quienes habrían desconocido los términos del acuerdo debido a que no existiría un contrato escrito. Dicha operación le habría reportado a CVS un ingreso de $ 12.212.953,09.

Una vez que Boudou fue elegido vicepresidente, el 14 de noviembre de 2011, CVS, a través de Vandenbroele, solicitó un nuevo plan de pagos ante la AFIP, que fue aprobado el 25 de noviembre de 2011 y desembocó en la concesión del certificado fiscal para contratar con el Estado, el 13 de diciembre de 2011. Es decir, tres días después de que Boudou asumiera como vicepresidente.

Finalmente, en sexto término, se habría cumplido el objetivo último de la maniobra: la contratación con el Estado Nacional para la impresión de billetes de curso legal. Así, el 6 de septiembre de 2011, cuando todavía no se habían iniciado las gestiones ante la AFIP para la aprobación del segundo plan de pagos y la obtención del certificado fiscal, CVS, a través de Vandenbroele se puso a disposición de Casa de la Moneda para cubrir impresiones de billetes, lo que dio inicio a la reapertura del expediente n° 39.183 que culminó el 16 de abril de 2012 con la firma del contrato entre CVS y Casa de la Moneda.

Se acordó la impresión de 410.000.000 de billetes, por los que se abonaría el 58,74% del precio neto por millar que acepte el Banco Central, según cada denominación de billete, más IVA, y un canon locativo sobre la planta.