Pasaron 26 años y nada cambió: cómo impacta el uso de "parámetros viejos" en el reparto del dinero entre provincias

Pasaron 26 años y nada cambió: cómo impacta el uso de "parámetros viejos" en el reparto del dinero entre provincias
La Ley de Coparticipación mantiene los mismos criterios desde 1988, pese a que la última reforma constitucional establecía dos años para cambiarlo
Por Gonzalo Chicote
28.08.2014 19.00hs Impuestos

En el discurso que realizó en el festejo del 160 aniversario de la Bolsa de Comercio, la presidenta Cristina Kirchner volvió a señalar a las provincias como las responsables del aumento de la presión fiscal y afirmó que el Gobierno nacional "no aumentó ningún impuesto".

Esto no es nuevo. En mayo del año pasado había manifestado exactamente lo mismo. Y, como en aquella oportunidad, otra vez la mandataria "olvidó" parte de la responsabilidad que le atañe al Ejecutivo.

Por caso, el atraso de varios de los parámetros del Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales frente a la inflación hizo que muchas personas "de a pie" se convirtieran de la noche a la mañana en "contribuyentes". Eso, pese a que no mejoraron su situación económica.

Pero, además, la Jefa de Estado omitió en su discurso que parte del aumento en los tributos provinciales y municipales es producto de una repartición deficitaria de los fondos que le corresponde a cada jurisdicción por coparticipación.

Coincidencia o no, la frase fue lanzada justo dos días antes de que la última reforma constitucional cumpliera 20 años. Y, aunque uno de los motores del cambio era la reelección presidencial, la Convención Constituyente también analizó otros temas que fueron importantes y que tenían incidencia, nada más y nada menos, que en los impuestos.

Justamente, el artículo 75 de la Ley 24.430 determinó que el Congreso sería el encargado de establecer qué tipo de contribuciones había que imponer (impuestos directos e indirectos), así como de aprobar una ley convenio que determine de qué manera debían distribuirse los fondos que se obtenían de las mismas.

La coparticipación tendría que cumplir con el requisito de ser equitativa, solidaria y debía dar prioridad al logro de un "grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".

Asimismo, la normativa destacaba que la misma tendría su origen en el Senado y debería ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. E indicaba que "no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada" y que sería "aprobada por las provincias".

No obstante, la mentada norma nunca fue concretada. Eso, pese a que la sexta disposición transitoria que incluía la Ley 24.430 establecía que la misma debía ser concretada "antes de la finalización del año 1996".

Por este motivo, en la actualidad aquellos parámetros de distribución están lejos de seguir "criterios objetivos de reparto" que reclamaba la Carta Magna ya que siguen vigentes los establecidos en una norma dictada en 1988. Efecto de la desactualización

Los expertos consultados por iProfesional destacaron que el aumento de impuestos es causado, en gran parte, por la falta de una norma de coparticipación que se ajuste a la realidad económica actual.

ha causado que las provincias incrementen la presión impositiva".

Esto se pone en evidencia, según el especialista, con:

  • El aumento de los tributos existentes a través de las tasas que se cobran -como las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos- o el incremento directo del valor -Inmobiliario-.
  • La creación de nuevos gravámenes, tal es el caso de la provincia de Entre Ríos que estableció la vigencia del que recae sobre la transmisión gratuita de bienes.

Del mismo modo se manifestaron los expertos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que explicaron que la desaceleración de los ingresos que llegan a las provincias en concepto de coparticipación provocó la suba de las alícuotas impositivas para lograr obtener los fondos que habían presupuestado.

Por su parte, la abogada especialista en derecho tributario Agustina O'Donnell sostuvo que son los municipios los que más se ven afectados por el reparto acutal, debido a que la última reforma constitucional les asignó, a través de la descentralización de funciones, la obligación de afrontar mayores gastos, pese a no tener capacidad de generar ingresos para solventarlos.

"Esta situación tenía que ser contemplada en la nueva Ley de Coparticipación que los constituyentes del año 1994 ordenaron sancionar a efectos de garantizar un reparto más equitativo de los fondos entre los niveles de gobierno", concluyó.

favorece como nunca la centralización de fondos hacia la Nación y promueve una distribución injusta de los mismos".

El especialista sostuvo que "esta Ley, la 23.548, que en principio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 1989 fue modificada desde esa fecha por 107 normas entre leyes, decretos y resoluciones, para llegar a lo que es hoy: una herramienta inconexa que lo único que permite es el manejo discrecional del Gobierno de la recaudación coparticipable que no cumple ni con los parámetros establecidos por la Constitución Nacional ni con principios elementales de sentido común".

Asimismo, Buedo explicó que "una característica de éstos últimos años ha sido la creación de impuestos y regímenes de recaudación que no fueran coparticipables (en todo o en parte), agravando aun más la situación financiera de muchas provincias y aumentando considerablemente el poder discrecional del ejecutivo sobre las decisiones políticas tomadas por los gobernadores".Qué debería contener la nueva coparticipación

Si bien es complejo llegar a un consenso respecto de los parámetros, los especialistas consultados por iProfesional dieron cuenta de algunas cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de sentarse a definirlos.

Al respecto, el consultor tributario Orlando Gualtieri sostuvo que "en la búsqueda de un federalismo verdadero, debería afianzarse las potestades de las provincias en el plano tributario".

Según el especialista, esto permitiría movilizar la autonomía verdadera con el desarrollo regional apropiado para afrontar un mundo muy diferente al que existía en el Siglo XIX.

"Valdría una mejor visión de las particularidades culturales de cada región y se podría hacer una adecuada individualización de los pueblos originarios, hoy tanta veces proclamadas y erróneamente concretada", resaltó.

Como propuesta, Gualtieri remarcó que "deberíamos tender a un sistema de reducción de tributos que perciba la Nación y que éstos se distribuyan sobre una base variada y objetiva que no promuevan la humillación levanta manos" en el Congreso.

"Las pautas de distribución deberían girar sobre el producto bruto generado, la población, la potencialidad de productividad y las pautas geopolíticas que claramente beneficien a la Nación como tal", señaló.

Y concluyó que "cada uno de los parámetros elegidos contribuiría a la elaboración de un número índice que estará lejos de las cuestiones diarias, generando mayor eficacia en las decisiones de distintos órdenes que le corresponde tomar al Congreso de la Nación".Fondos para la coparticipación

Pese a la necesidad de reformular la norma que fija los parámetros para la coparticipación, algunos especialistas aseguraron que lo primero que habría que readecuar son los fondos de la Seguridad Social.

En este sentido, Buedo recordó que "con la promulgación de la Ley 24.241, que implementó el sistema de jubilaciones privadas, se provocó un desfinanciamiento del sistema respecto de las jubilaciones de reparto vigentes a la fecha de esa legislación".

Además, explicó que "para equilibrarlo se restaron fondos de la masa porcentual coparticipable" y aclaró que "este esquema sólo debió ser transitorio hasta tanto el sistema mixto implementado en 1994 alcanzara su equilibrio, pero en 2008 el sistema fue derogado, volviéndose al de reparto tradicional".

"Teniendo en cuenta que la propia ANSES ha reconocido que el sistema actual es superavitario, desaparecieron las razones de los descuentos originales que se realizaron a la masa coparticipable", resaltó.

Por este motivo, concluyó que "un primer cambio podría resultar ser la devolución de las disminuciones actuales a los impuestos a las ganancias y al valor agregado, así como el porcentaje de la coparticipación bruta, aumentando sustancialmente la masa coparticipable".

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