El Grupo de los Seis (G-6), que integran las principales entidades empresarias, decidió este martes comenzar a preparar una presentación judicial para invalidar los alcances del proyecto de modificación de la ley de abastecimiento, en caso de que se transforme en ley.

Así se resolvió en el encuentro en el que participaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, y de los Bancos Privados de Capital Argentina (ADEBA), Jorge Brito.

De la reunión -que se desarrolló en el sede de la UIA, por casi dos horas- también participaron el vicepresidente de la central fabril Daniel Funes de Rioja y el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren.

De Mendiguren informó que el G-6 decidió "en forma inmediata la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma, porque claramente atenta contra la división de poderes", para lo cual comentó: "Vamos a trabajar con el Estudio Cassagne para preparar la eventual presentación judicial".

"Estamos preparando el camino, la vía más adecuada, por si se aprueba la ley en Diputados", señaló el dirigente, quien comentó que durante la reunión "se analizaron los avances que hubo en el Senado, no obstante y a pesar de que se limaron algunas asperezas, el fondo del problema sigue que es la intervención arbitraria a través de los gobernadores".

Para De Mendiguren, el proyecto de modificación de ley de abastecimiento "es una norma muy laxa, imposible de comprender", por lo que sostuvo que "vamos a insistir, trabajando con los legisladores", pero sostuvo que "hay que evitar el daño", que ocasionaría la sanción de la ley para las empresas.

"En un momento en donde hay que seducir a la inversión, medidas como esta van en sentido contrario", expresó el también diputado por el Frente Renovador, quien remarcó que el G-6 está a favor de "la defensa del consumidor".

El dirigente cuestionó "la ambigüedad" de la norma, ya que "es tan amplia que es imposible determinar cuándo se cumple o no con la ley" y se preguntó "qué es un stock adecuado o una rentabilidad adecuada, será el mismo concepto para (el gobernador del Chaco, Gildo) Insfrán, que para (el gobernador de Tucumán, José) Alperovich o (el gobernador de Córdoba, José Manuel) de la Sota?".

"Esperemos que el sentido común prime, porque (la iniciativa) va en contra de aquello que se quiere defender que es el trabajo", apuntó De Mendiguren, quien expresó que "hoy se defiende al consumidor diciéndole que no va a perder el empleo, que va a recuperar las horas extras que hoy no está haciendo, que vamos a bajar la inflación, esa es su verdadera protección, con eso se va a volver a animar y va a consumir".

El secretario de la UIA enfatizó que "con estas medidas vamos a lograr que aquel que piensa invertir postergue la decisión" y elconsumidor "va a seguir muy protegido teóricamente por una ley que, por otro lado, está poniendo en riesgo su fuente de trabajo".

El G-6 tiene previsto emitir un comunicado que, según adelantó De la Vega "expresa el absoluto acuerdo de que los mercados deben ser transparentes y competitivos" y cuestiona "la arbitraria y discrecional intervención del Estado".

De la Vega comentó que el texto del comunicado que se difundirá en las próximas horas fue "aprobado por unanimidad" por las entidades que conforman el G-6 y reconoció que durante el encuentro "se habló de la eventualidad de recurrir a la Justicia en caso de que (la ley) sea sancionada".