Insólito para muchos, lógico para pocos. Pero mientras que el juez Thomas Griesa apila en su escritorio nuevas demandas de otros bonistas con deuda en default ("me too", en inglés), el precio de sus bonos continúa en ascenso, alcanzando el máximo que habían anotado antes de que la Argentina entrara en cesación de pagos.

Tal es así, que los bonos que no entraron en los canjes 2005 y 2010 pasaron a cotizar a u$s120, al descontar que Argentina comenzará a negociar con todos los fondos en los próximos meses, una vez que venza la clásula RUFO, consigna El Cronista este jueves.

Los bonos en default marcaron un precio en torno a los u$s50 antes de que la Corte Suprema rechazara la apelación argentina el 16 de junio, pero en el transcurso de dos meses los títulos más que duplicaron su valor - alcanzaron alrededor de u$s125 en agosto - ante las expectativas de que la Argentina acordaría con los holdouts para evitar el default.

Pero luego de la declaración del default, los precios cayeron hasta niveles cercanos a los u$s 100 y mantuvieron su precio.

"Creo que hay un creciente optimismo que cuando expire la cláusula RUFO el próximo mes, comenzará el inicio de negociaciones serias. Las compras en estos niveles serán más que rentables, sin mencionar que los tenedores de la deuda en default tienen derecho a la devolución total más intereses, muy por encima de los que el mercado está negociando actualmente", dijo Russ Dallen, titular de Caracas Capital Markets, con sede en Miami.

En tanto, siguen llegando las presentaciones judiciales de bonistas que buscan sentarse a la mesa de negociación en enero. La semana pasada fue el turno del estudio de Bingham McCutchen, que formalizó la demanda de un grupo de bonistas que tienen títulos regidos por la ley de Alemania, por un monto aproximado de u$s250 millones.

Según El Cronista, el grupo de bonistas que se presentaron ante el juzgado de Griesa ya superan en conjunto la presentación de los demandantes originales que entre capital e intereses reclaman cerca de u$s1.600 millones. De acuerdo a cálculos del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, presentados hace unos días ante el juzgado de Griesa, las demandas sumaban u$s 4.700 millones.

"Creo que el arreglo va a tomar varios meses. Los inversores tienen dudas en cuanto a los tiempos y la postura política que pueda tomar el Gobierno a la hora de negociar. La decisión política tiene que ser clara desde el inicio. Los holdouts estaban dispuestos a cerrar por el 80% del valor de su reclamo, por lo cual yo creo que tendrán cierta flexibilidad para negociar", remarcó al matutino Jorge Piedrahita, máximo responsable de Torino Capital, con sede en Nueva York.

En el marco de la cumbre del G-20 en Australia, el ministro de Economía, Axel Kicillof, advirtió que para llegar a cualquier tipo de solución definitiva se necesitan dos partes: "Si la otra parte sigue planteando cosas descabelladas, no soy optimista, con cláusula RUFO y sin cláusula RUFO"