Para hacer frente a las previsibles turbulencias que podrían llegar a sentirse en el segundo semestre, y cuyas consecuencias serían una suba de tasas de interés que se haría inevitable ante las mayores presiones cambiarias, el Gobierno diseña una serie de colocaciones períodicas de deuda en pesos en el sistema financiero.

Según precisaron funcionarios del Ministerio de Economía, la estrategia es concretar una emisión de títulos cada 15 días, en la medida en que perciban que encuentran demanda de parte del mercado.

Algo de esto había sugerido el miércoles el ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una conferencia de prensa: "Hay un plan de emisión que se va ejecutando cuando resulta conveniente y oportuno. Todas las semanas hay una licitación de Lebac. Y algunas veces el Tesoro ha participado también emitiendo títulos", dijo.

El Gobierno, consigna Ambito Financiero, necesita este año cubrir el déficit fiscal sin ayuda del Banco Central: en primer lugar, porque se encuentra limitado por la carta orgánica para recibir financiamiento (aún después de la reforma) a través de sus adelantos transitorios; y en segundo lugar, porque la inflación y las presiones cambiarias lo obligan a evitar que se acelere aún más la emisión de pesos. En este sentido apunta ahora a financiarse con el dinero que ya circula en la economía.

Porque, en el caso de que se expanda aún más la liquidez para asistir al Gobierno, el Central se vería forzado a subir con fuerza las tasas de interés para evitar un mayor impacto sobre los precios y el dólar.

En Empiria Consultores estiman que el Banco Central emitirá este año entre $220.000 y $240.000 millones. "Cuanto más lo reduzca, mediante estas colocaciones del Tesoro, mejor. Pero sobran muchos pesos y faltan muchas reservas para hacer frente a la huida del peso que vamos a tener", advirtió el economista Pedro Rabassa, de esa consultora.

Pero la decisión de mantener esta estrategia en el tiempo podría encontrar nuevos obstáculos. El primero de ellos es normativo: los bancos están tan expuestos al sector público, por las fuertes compras de Lebac que hicieron en los últimos meses, que no podrían absorber grandes niveles de deuda pública sin violar la regulación. Si esto se concreta, el BCRA debería verse obligado a flexibilizar la normativa, que hoy determina un máximo del 35% de los activos brutos de cada entidad y sólo permite algunas excepciones.

El segundo de ellos, según Ambito, será el atractivo que puedan mostrar los títulos que emite el Gobierno si los bancos ya saben de antemano que habrá nuevas colocaciones de este tipo en el futuro.