Los rostros de los empresarios no dejan de mostrar preocupación desde el día en que se confirmó que el Congreso establecerá una comisión con el fin de avanzar en la creación de un "Código del Trabajo".

Si bien la Constitución albergaba la obligación del Parlamento de abordar este tema, muchas fueron las cámaras empresariales que pusieron el "grito en el cielo" cuando se enteraron de quién era el encargado de comandar dicha comisión.

La responsabilidad recae en el diputado oficialista Héctor Recalde, nada más y nada menos que uno de los legisladores que más proyectos "anti empresa" presentó. 

La preocupación no es en vano. Sobre todo si se tiene en cuenta que, tal como ya diera cuenta iProfesional, muchas de estas iniciativas van a ser incluidas en el nuevo "Código del Trabajo". Entre ellas se distinguen:

1. Reducción de la jornada laboral a 45 horas semanales.

2. Búsqueda de estabilidad absoluta de los empleados.

3. Extensión de las vacaciones a un mínimo de 21 días, independientemente de la antigüedad.

4. Brecha mínima del 20% entre el sueldo más bajo de un empleado fuera de convenio y el más alto de los convencionados.

5. Participación de los asalariados en las utilidades de las compañías.

6. Pago de sueldos caídos, es decir, cuando el dependiente se encuentre suspendido (aun por su culpa).

7. Eliminación del tope del resarcimiento que rige por antigüedad.

8. Ampliación a 100 días de la licencia por maternidad y a 15 por paternidad.

9. Fuerte aumento de la tasa de interés que rige para los juicios laborales.

10. Imposibilidad de suspender personal por razones económicas de la empresa.

11. Fuertes incrementos en las remuneraciones por trabajos durante fines de semana.

12. Protección de los empleados testigos, es decir, aquellos que declaren en contra de la compañía en un juicio. 

El armado de la comisión está en plena gestación y una vez que la iniciativa esté escrita, deberá recibir el visto bueno del Ejecutivo antes de que sea tratada por el Congreso. Claro que, en un año electoral, los plazos se acortan.

Por este motivo, y visto que serán invitados a participar del debate, los empresarios van a aprovechar la oportunidad para trazar una línea de trabajo que excluya al menos algunos puntos de esta polémica iniciativa. 

Los "innegociables"Tal como pudo averiguar iProfesional, si bien todos los puntos preocupan, hay dos en particular que los empresarios están tratando de que sean "innegociables": el sistema de tercerización y el reparto de utilidades con los empleados.

También se niegan a eliminar los topes indemnizatorios y se muestran preocupados por la tasa de interés aplicable a los juicios laborales ya que, dependiendo de la jurisdicción, se utiliza la tasa pasiva o activa, pudiendo elevarse al 36% anual, lo que engrosa fuertemente los pasivos contingentes, como así también los costos de cualquier despido. 

Para llegar a la redacción del proyecto que se presentará al Ejecutivo y luego se debatirá en el Congreso, se tomará en cuenta el material que resulte de una serie de foros federales y los aportes de los sectores involucrados. No obstante, el empresariado busca que tercerización y reparto de utilidades queden excluidos del debate.  

Recalde ya anticipó que trabajará en cuestiones "técnicas" para lograr "seguridad jurídica" y "mayor información" sobre la legislación laboral, por parte de los sectores involucrados.

"Bastará una observación sobre un derecho que se piense incluir para que se descarte, porque no queremos que nada trabe el avance del código", alertó.

Habrá que esperar lo que surja de dichos debates: si se tratará de una mera compilación ordenadora de la legislación ya sancionada, o sí efectivamente se avanzará en estos temas.

Según el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), León Piasek, este Código de Trabajo "debe ser una verdadera reforma y no un mero ordenamiento parcial".

Para el especialista debería comprender un cambio "de la ley de asociaciones sindicales que garantice la democracia, la libertad sindical y la tutela amplia de los derechos colectivos, en especial del derecho a huelga", además de "revisar algunas normas del nuevo Código Civil y Comercial que desprotegen a los trabajadores".

Asimismo, pidió que se trate la estabilidad absoluta en el empleo sin distinguir si éste es público o privado.

También abogó por "un criterio preventivo en materia de enfermedades y accidentes laborales y un verdadero régimen de solidaridad en las relaciones tercerizadas". Aunque este último ítem "choca" con la oposición de los distintos sectores empresarios.

En tanto, desde la CTA quieren que la propuesta incluya cambios en materia de accidentes de trabajo, de negociaciones colectivas y libertad sindical.

Los empresarios, en estado de alerta

Los sectores empresariales se resisten a este proyecto. El presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, rechazó la iniciativa por considerar que no hace más que "endurecer la posibilidad del ingreso al mercado de trabajo" y que "es un incentivo a que haya mayor informalidad laboral".

"Esto no se arregla haciendo más rígido el mercado de trabajo, sino eliminando burocracias, simplificando sistemas fiscales, para que las empresas contraten más gente", agregó el dirigente. Y agregó: "Esta es una pésima señal para cualquier expectativa de recuperación".

Al momento de conocerse el Código de Trabajo que impulsa Recalde, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, no dudó en tildar a la iniciativa como una gran "desicentivadora del empleo".

Además, abogó que que "no se agreguen nuevos motivos de conflicto y que no continúe prosperando la industria del juicio y el autodespido".

En plena polémica y acaloradas discusiones, la CAC acordó con el diputado oficialista ser parte de la subcomisión y transmitió "la importancia de generar un anteproyecto de Código de Trabajo que involucre a todos los actores de la sociedad, especialmente a las pequeñas y medianas empresas".

Sobre este particular, fuentes de la entidad recalcaron que quieren ser escuchadas ya que la actividad comercial da trabajo a más de un millón de empleados registrados.

Los sectores que representan al empresariado en la Argentina coinciden en que la tarea voluminosa de proyectar en una sola norma que incluya la LCT (con sus modificatorias) sumada a la legislación del trabajo dictada mediante normas especificas, merece un estudio profundo y pormenorizado, para así evitar los efectos contraproducentes que pudiera acarrear el endurecimiento de la normativa laboral vigente.