La Casa Rosada busca poner en vigencia el nuevo Código Procesal Penal (CPP) a partir del próximo 1° de septiembre y, para lograrlo, ya bajó la orden al oficialismo para que fije la última semana de mayo como fecha límite para emitir dictamen al nuevo paquete legislativo que reforma la justicia penal y le da más poder a los fiscales.

Así lo confirmó el presidente de la comisión bicameral de implementación del nuevo CPP, el senador Rodolfo Urtubey (FPV-Salta) al diario La Nación y agregó que, antes de la firma de los dictámenes, la comisión bicameral, creada a efectos de avanzar con la implementación del nuevo CPP, emitirá un informe sobre los cinco proyectos de ley.

Una de esas iniciativas es la nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que rediseña la Procuración General de la Nación casi como un traje a medida a las decisiones que ha venido adoptando Alejandra Gils Carbó desde su llegada al organismo.

Por esa razón, uno de los platos fuertes de la discusión legislativa del paquete de reforma de la justicia penal que impulsa el Gobierno será la presencia de la procuradora ante la comisión bicameral, el próximo 5 de mayo.

Negada su presencia por el kirchnerismo cuando se discutió el proyecto del nuevo Código Procesal Penal en el Senado, en noviembre del año pasado, ahora no le quedó al oficialismo más remedio que convocar a la funcionaria.

El mismo día, a las 16, también concurrirá la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, ya que otro de los proyectos modifica la estructura de la Defensoría.

La intención de la oposición será someter a Gils Carbó a una suerte de interpelación en un debate a agenda abierta, como lo reclamó el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut). Pero el oficialismo no tiene la misma idea y pretenderá circunscribir el tema a la discusión del proyecto de ley que reforma el Ministerio Público Fiscal. Es que las amplias facultades que el proyecto establece para la procuradora serán motivo de debate, ya que blanquea todas las fiscalías ad hoc creadas por Gils Carbó y, además, deja a criterio del titular del organismo la creación de nuevas unidades fiscales especializadas.

El resto del paquete legislativo se compone de los proyectos de implementación del nuevo CPP, de ley orgánica de la justicia penal y de adecuación del Código Penal al nuevo código de rito. Las cinco iniciativas fueron giradas a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y tres de ellas, porque demandan nuevos gastos, también serán discutidas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El complejo entramado de disposiciones obligará a un meticuloso trabajo en las comisiones, y así lo admiten en el oficialismo, donde ya han encontrado algunas cuestiones que podrían ser modificadas. Así, por ejemplo, la puesta en marcha de las 47 Oficinas Judiciales, que crea el proyecto de implementación del nuevo CPP, podría no llegar a verse cumplimentado para el 1° de septiembre, ya que no darían los tiempos para realizar los concursos que requieren la designación de sus respectivos titulares.

También genera ruido el hecho de que el nuevo código de rito en materia penal se aplique sólo por ahora en una de las cuatro circunscripciones en que el proyecto de ley orgánica de la justicia penal divide a la justicia nacional.