En 1997 se creó el Tribunal de Casación Penal bonaerense, con sede en la ciudad de La Plata y con competencia territorial en toda la provincia.

En esos años, funcionaba con una presidencia fija y tres salas de tres miembros cada una.

Su objetivo era unificar jurisprudencia, interpretar leyes de fondo y procesales y verificar que se cumpla el debido proceso que garantice la defensa de los acusados en juicio.

En 2009, se dispuso que el Tribunal esté conformado por una presidencia y seis salas de dos miembros cada una.

Luego, otra ley volvió a modificarlo. Esta norma estableció que el tribunal se integre y funcione con una presidencia y doce salas de dos miembros cada una.

La presidencia y seis de sus salas comenzaron a funcionar en la ciudad de La Plata y tienen competencia en los departamentos judiciales de La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora y Quilmes. El resto está diseminado en distintos puntos de la provincia.

En estos días, los jueces Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo (quienes asumieron al poco tiempo de la creación de su tribunal), quedaron bajo el centro de la tormenta a pesar de que ya no integran la misma sala, a raíz de sus fallos polémicos en el Tribunal de Casación.

Es que tienen una extensa lista de dictámenes polémicos. 

En 2012, el Tribunal Nº 3 de San Martín había condenado a Mario Tolosa a la pena de 6 años por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante de un menor de seis años.

Sin embargo, en uno de los últimos fallos que dictaron de modo conjunto, Piombo y Sal Llargués le redujeron la condena por consideraron que el niño ya demostraba ciertas conductas homosexuales.

Las críticas contra los magistrados salieron desde todos los sectores.

El nivel de indignación fue tal que tanto miembros del oficialismo como de la oposición pidieron el jury de enjuiciamiento para destituirlos de sus cargos.

Sin embargo, ya existe un juicio político en trámite por una causa anterior en la que anularon una condena contra un pastor evangélico por corrupción de menores.

El tribunal de enjuiciamiento quedará integrado por el presidente de la Suprema Corte bonaerense, los legisladores provinciales Eduardo Buil, Roberto Costa, Guillermo Britos, Leonel Zacca, Guido Lorenzino y cinco abogados elegidos al efecto. 

Ulises Giménez, secretario de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, explicó que en estos días llegaron pedidos de jury por el caso que tomó estado público. 

Es posible que se abran nuevas investigaciones y se acumulen a la anterior por una “conexidad subjetiva”, esto es, porque "se tratan de denuncias contra las mismas personas". 

En tanto el legislador bonaerense Lorenzino (FPV) dijo que los jueces además acumulan denuncias “administrativas” por la “morosidad en el tratamiento de las causas”.

En su defensa, Piombo señaló que “el Tribunal de Casación tiene muy poca importancia; es un tribunal para cuatro delitos: robo, violación, homicidio y privación ilegal de la libertad. Pero tiene una importancia enorme estratégica porque es el subrogante legal de la Corte”.

“Tengo que aplicar la ley en el Tribunal de Casación dándole una interpretación. Lo que se resuelve en un caso no sólo es para ese caso. Es para muchísimos más. Lo que resolvimos aquí es que bajar la pena es una alternativa”, destacó.

Qué pasó después

Tras conocer la sentencia, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, María del Carmen Ortega, confirmó la decisión de rescindir el contrato como docente de Piombo.

Por otra parte, los estudiantes de Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamaron que a ambos magistrados los remuevan de sus cargos docentes.

El mismo lunes, el presidente del bloque de senadores del Frente Renovador bonaerense, Jorge D'Onofrio, presentó ante la Comisión permanente de Enjuiciamiento, el pedido de juicio político contra Piombo y Sal Llargués.

Consultado el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fustigó la decisión por la que se redujo la pena al sostener que “estamos ante algo aterrador con la burrada que se acaban de mandar los jueces".

El ministro coordinador dijo también que deben ser llevados a un jury, porque ambos magistrados además están “contra la ley por completo".

Por otro lado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifiestó en un comunicado su rechazo al fallo, al considerar que es un “total avasallamiento a los Derechos Humanos, los de la Niñez, y en clara discriminación hacia las víctimas vulnerables por condición de sexo y edad, extremos inaceptables para quienes imparten justicia”.

Un listado indiganante

Pero este fallo no es el primero en el que recurren a fundamentos que atentan contra la integridad sexual de las víctimas.

1.-  Contradicciones en el relato: El 26 de marzo de este año, los mismos jueces cuestionados redujeron doce años la pena de un condenado por violar a su hija. Para los magistrados, la víctima “tuvo contradicciones” en su relato de los hechos, por lo que, en caso de duda, manifestaron que correspondía beneficiar al acusado. En vez de estar 20 años en prisión, pasará tan sólo ocho.

2.- Libertad asistida a un incumplidor: En marzo de 2012, se otorgó la libertad asistida a un condenado por la violación de su hijastra de 12 años, aunque durante su detención fue sancionado por no cumplir con los reglamentos carcelarios. 

3.- Las víctimas eran pobres y era común que tengan relaciones: En 2011, redujeron la condena contra el pastor Francisco Avalos, por corrupción de menores de 18 años a nueve años y seis meses. Los jueces tuvieron en cuenta el contexto social en el que vivían las víctimas y señalaron que, en ese ámbito, "se aceptan relaciones a edades muy bajas".

4.- Provocó a su atacante: Piombo y Sal Llargués disminuyeron, en 2011, de 17 años a 10 años y tres meses la pena impuesta a un hombre que mató a martillazos y cuchillazos a su mujer, al considerar que su actitud era "provocativa". Los jueces remarcaron que la víctima puso en duda la heterosexualidad de su pareja y que le habría confesado que tenía un amante. Por eso, consideró que el asesino tenía un estado emocional provocado.

5.- Quince años menos por pena excesiva: La misma sala le redujo de 40 a 25 años la condena a un profesor de música que abusó sexualmente de cuatro alumnos que tenían entre 6 y 9 años en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. "Cuarenta años bien puede ser una penalidad para un asesino serial, pero no cuando los bienes jurídicos en juego se hallan en un rango inferior de jerarquía", manifestó Piombo.

6.- Menos pena por "sátiro": los cuestionados jueces disminuyeron tres años la pena de un hombre condenado por dos violaciones, porque tenía perfil psicópata. Es decir, tomaron esa característica como atenuante.

7.- Reducción de pena por falta de antecedentes: Piombo y Sal Llargués le bajaron la condena a Luis María Rivero, quien había sido condenado por el abuso sexual gravemente ultrajante de cuatro de sus hijas y por prostituirlas a las más chicas, porque no tenía antecedentes penales.

Además, Piombo avaló la absolución del sacerdote Ricardo Giménez, denunciado por el abuso de cinco niños, cuando era párroco en la localidad bonaerense de Magdalena bajo juramento y el voto mayoritario destaca que dio ese beneficio por la “dignidad eclesiástica, la buena conducta y la falta de antecedentes del sacerdote”. 

Otros fallos de otras salas

Los jueces Piombo y Sal Llargués no son los únicos que emitieron fallos que son, cuanto menos, discutibles.

La sala III Cámara Nacional de Casación Penal redujo de 12 a 10 años la condena a un ingeniero y ejecutivo de una multinacional acusado de abusar sexualmente de su hija, por considerar que el individuo no tenía antecedentes y que era considerado "buena persona" por sus compañeros de trabajo y vecinos.

Em otro caso, en mayo de 2014, la sala I de la Cámara de Casación Penal, a cargo de los jueces Juan Carlos Gemignani, Luis María Cabral y Ana María Figueroa, confirmó el fallo de culpabilidad, pero ordenó reveer la sentencia a 50 años de cárcel por “atentar contra la finalidad resocializadora" y por eso sugirieron que el máximo imponible debería ser de 30 años. 

Los jueces de la sala V del Tribunal de Casación Penal provincial le redujeron la pena a un hombre conocido como "sátiro de la bicicleta" por violar al menos a 30 mujeres entre 2005 y 2006, ya que el hombre posee "rasgos psicopáticos", lo que le imposibilitaba “autodeterminarse”.

En Mendoza, los integrantes de la Segunda Cámara del Crimen “justificaron” el homicidio de una persona por ser homosexual, al indicar que practicaba una “desviada sexualidad” y que tenia conducta “licenciosa”, por lo que dictaminaron la falta de mérito del único imputado y ordenaron su libertad.

Además, a los especialistas les preocupa la reciente declaración de inconstitucionalidad de una norma provincial de Buenos Aires que prohíbe a los condenados por delitos graves acceder a salidas transitorias.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, entendió que la norma en cuestión viola el derecho a la igualdad así como el fin resocializador de la pena. Borinsky votó a favor de la constitucionalidad de la norma pero quedó en minoría.