En el punto más bajo de su popularidad, con un nivel de rechazo a su gestión por encima del 70% y en medio de una economía que muestra algunos de los peores indicadores en varias décadas, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se juega su futuro político.
También, está en el banquillo el destino del Partido de los Trabajadores, ese mismo que catapultó a Luiz Inácio Lula da Silva al centro de la escena, responsable de poner en marcha el llamado "milagro brasileño".
Sin embargo, los tiempos cambiaron. Y mucho. Hoy en día, las estadísticas muestran valores paupérrimos. Y, lo que es peor, toda la dirigencia política está bajo un manto de sospechas por la gran trama de corrupción que se tejió alrededor de Petrobras.
Cuentas secretas en Suiza, tráfico de influencias y aumentos injustificados de patrimonio fueron algunos de los ingredientes de un menú que terminó por generar un fuerte hartazgo en la sociedad del país vecino.
Pero los problemas no se detienen allí: la posibilidad de que Rousseff pueda enfrentar un juicio político que le ponga fin a su mandato hoy tiene en vilo a todo Brasil, pero también a la región y al mundo.
A continuación, un decálogo para entender el trasfondo de esta crisis política e institucional y los distintos escenarios que se abren en un país muy relevante para la Argentina, dado que es su principal socio comercial.
1. ¿De qué se la acusa a Dilma Rousseff?
El eje central de la acusación se basa en los retrasos que tuvo el gobierno de Dilma a la hora de transferir dinero a los tres bancos federales (Banco do Brasil, Caixa Económica y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) para que se cancelen las cuotas de múltiples programas sociales que implementó el PT.
Frente a esto, los bancos debieron utilizar sus propios recursos para esos desembolsos. Esto, en la práctica, constituyó un préstamo al Gobierno pero, por ley, debería haber pasado por el Congreso.
En definitiva, la oposición considera que esta maniobra permitió maquillar el déficit fiscal que acumula la administración de Rousseff, a la vez que le posibilitó obtener un rédito político.
El fiscal que impulsa la causa aseguró que "hay una multiplicidad de conductas irregulares”, dado que "el Gobierno generó gastos sin tener el dinero suficiente, sin sustentación financiera” y se valió de la banca pública para financiarlos.
En diálogo con iProfesional, Gustavo Segré, analista internacional y CEO de la consultora Center Group aseguró que "este tipo de movimientos están prohibidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Dilma, al apelar a esta jugada escondió el déficit y esto lo utilizó con fines electorales".
2. ¿Quién dio luz verde a la apertura del proceso de juicio político?
Este punto es uno de los más llamativos, dado que revela la gran guerra interna que se desató en el seno mismo de la base aliada del gobierno de Rousseff.
Quien aceptó abrir el proceso fue el mismo Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra la base aliada junto al PT y que hoy sostiene a Dilma en el poder.
Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa, en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar haber autorizado un proceso que, en su opinión, el país necesitaba enfrentar.
3. ¿Por qué la propia base aliada boicotea a la jefa de Estado?
Para Segré, este pase de facturas es consecuencia directa de la compleja trama de corrupción que hoy hunde al gobierno de Rousseff y, además, deja en evidencia la frágil alianza que hoy mantiene unidas a las diferentes facciones.
Según el experto -que fue uno de los pocos analistas que hace meses advirtió sobre el riesgo de que Dilma podría no culminar su mandato-, en el marco de las investigaciones por el caso Petrobras, se descubrió que Cunha había recibido un soborno de u$s5 millones que tenía en una cuenta en Suiza, algo que el legislador había negado insistentemente.
Cuando esto salió a la luz, una comisión del Congreso brasileño impulsó un pedido de desafuero en contra de Cunha, que corre el riesgo de perder su cargo como presidente de la Cámara y como diputado. Entre los diputados que votaban y debían resolver el futuro del legislador, tres eran del PT. Y fallaron a favor de iniciarle un proceso.
"Para Cunha esto fue una traición y lo que hizo fue una suerte de devolución de gentilezas al aceptar abrir el proceso de juicio político en contra de Rousseff", afirmó Segré, para quien "esto marca una fractura irremediable entre el PMDB y el PT. No estamos hablando de que son opositores, el fuego cruzado se está dando en la propia base aliada".
4. ¿Cómo continúa el proceso en contra de Dilma?