Las estadísticas privadas le dieron un nuevo dolor de cabeza a Mauricio Macri. Justo cuando el Gobierno está empeñado en demostrar que no hubo destrucción de empleo, Tendencias Económicas registró 139.396 cesantías en el primer cuatrimestre, un promedio de 1.166 despidos por día, según su informe de abril.

La consultora difunde su estudio de conflictos laborales todos los meses, pero esta vez coincidió con el fuerte debate que tiene lugar en el Congreso, donde avanza el proyecto de emergencia laboral, impulsado por la oposición y las centrales obreras, mientras el oficialismo busca moderarlo para no tener que vetarlo. 

Por los problemas de empleo, Chubut fue este viernes el epicentro de un paro general, mientras que petroleros, camioneros y los albañiles de la Uocra hicieron lo propio en Santa Cruz. En la Ciudad, hubo una protesta de los empleados de casinos en reclamo por el cierre de cinco empresas de juego, y los taxistas realizaron cortes para rechazar el servicio de Uber.

Según Tendencias Económicas, la conflictividad laboral experimentó un pronunciado aumento en el primer cuatrimestre, tanto en paros, como en pérdida de empleos y suspensiones, en un contexto de fuerte aceleración inflacionaria y caída del salario real.

El relevamiento privado muestra que los despidos superaron en 48 veces al de los cuatro primeros meses de 2015. De ese total, 99.247 ocurrieron en el sector privado, principalmente en la construcción y 40.149 en el sector público nacional, provincial y municipal.

En tanto, las suspensiones sumaron 38.101 y superaron en 3,3 veces a las de un año atrás. y los paros fueron mayores en 2,6 veces a los del primer cuatrimestre de 2015.

El cuadro de abril es similar. La consultora afirma que la conflictividad laboral experimentó un pronunciado aumento de los paros, suspensiones y despidos con relación al mismo período de 2015.

El estudio muestra que los paros se incrementaron en más de 12 veces frente a abril del año pasado, si se consideran los obreros involucrados y en 2,3 veces si se toma la duración de las huelgas.

En el sector público, se circunscribieron a las administraciones públicas provinciales, auxiliares escolares, CONADU, CTERA y docentes de provincias, judiciales, Ministerio de Trabajo y de Hacienda y Finanzas.

En las empresas, las medidas de fuerza se localizaron en los bancos, el transporte, la construcción, petroleros, energía eléctrica, seguridad, subtes y producción de yerba.

Así las cosas, los despidos sumaron 12.252 obreros en abril, un nivel superior en 9,7 veces al del mismo mes de 2015.

La gran mayoría, 10.246, ocurrieron en el sector privado, principalmente en la siderurgia, la metalurgia, el transporte, textiles, comercio, gastronómicos, alimentos, petróleo y autopartes; y el resto, 2006 personas, en el sector público.

Mientras que las suspensiones sumaron 10.513, una cifra 35 veces mayor a la registrada hace un año atrás. Las ramas más conflictivas fueron la metalúrgica, textil, metalúrgica, automotriz, petrolera y alimentos.

Cifras en debatePor el apagón estadístico del INDEC, la discusión sobre las cifras de despidos cobró mayor relevancia. El número difundido por Tendencias Económicas, que surge del relevamiento de medios nacionales, es superior al de las cámaras empresarias y los gremios, que ubican la pérdida total de puestos de trabajo en hasta 120.000 empleos. 

En cambio, el Ejecutivo sostiene que la creación de fuentes laborales compensó los despidos en 2016 y que estos se limitan a "dos o tres industrias". Entre otros índices, las autoridades se basan en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que solo contempla a los trabajadores registrados. 

Las diferencias sobre las estadísticas llevaron a que el jefe del bloque del Pro en Diputados, Nicolás Massot, desafiara el jueves a los sindicatos a presentar sus números ante la Cámara baja. "Queremos que nos muestren las fuentesde sus gremios y en donde ven el problema. Que nos digan los nombres, empresa por empresa, de cuáles son las que están especulando y están despidiendo de más", aseguró el jueves en declaraciones a la radio.

Por otra parte, algunos analistas aseguran que la pérdida de poder adquisitivo tiene por ahora un mayor impacto sobre el mercado laboral que la destrucción de empleo.

"La situación sociolaboral es delicada en primer lugar por la limitada adecuación de los ingresos laborales a los importantes aumentos de precios. En segundo orden por el fenómeno de las suspensiones, variable de muy difícil captación, y en tercer lugar recién aparecerían los despidos", explicó a iProfesional Javier Lindemboim, director del Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo (CEPED-UBA).

No obstante, Lindemboim asegura que lo ocurrido en los meses iniciales de 2016 no es un fenómeno aislado. "El caso de la construcción, que hace meses ha ido perdiendo empleo, al margen de la retracción del último cuatrienio derivado del cepo, es un ejemplo de ello", indicó. 

Miedo al desempleoPor otra parte, una encuesta conocida este viernes reveló que para lo que resta de 2016, el 48,3% de los argentinos tiene el temor de que ellos mismos o un familiar pierdan el empleo.

El relevamiento elaborado por la consultora Analogías consultó la "Probabilidad de que usted o alguien de su familia pierda el empleo este año", y el 22,9% respondió que es "mucha" esa probabilidad y el 25,4% consideró que es "bastante", lo que significa un 48,3%.

En cuanto a la "Probabilidad de que aumente el desempleo en este año" durante 2016, el 34,9% sostuvo que es "mucha" esa posibilidad y el 29,8% respondió que la chance es "bastante", lo que da un total de 64,7%.

Por otra parte, mientras se intensifican los cruces en el parlamento por la ley antidespidos, la encuesta muestra que un 63,4% de los argentinos están de acuerdo en que se promulgue la norma para proteger el empleo.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley de emergencia laboral es el que plantea el pago de una doble indemnización en caso de despido. Un 61,1% ve con buenos ojos que se aplique esta norma: el 41% de los encuestados está "muy de acuerdo" y un 20,1% está "de acuerdo".

En cuanto a la lectura de que la ley podría afectar las inversiones, un 24% de los encuestados dijo estar "muy de acuerdo" y un 27,5% sostuvo que está "de acuerdo", lo que da un total del 51,5%.