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Los funcionarios oficialistas defendieron la postura del Gobierno, las empresas consideran que estarán en peligro y el kirchnerismo cuestionó al macrismo
18/09/2016 - 05:04hs

La segunda jornada de las audiencias públicas por la tarifa del servicio de gas se desarrolló en un auditorio casi vacío.

Hablaron diputados nacionales, cámaras empresarias, y sindicalistas y se ausentaron varios de los anotados para exponer. 

Es que el Gobierno anunció un “tarifazo” mucho más light que el que fue desestimado por la Corte Suprema y aclaró que los montos ya estaban determinados y no dio lugar a la negociación.

Por lo tanto, los oradores tuvieron cinco minutos para sentar su posición sobre los aumentos propuestos por el Ministerio de Energía y Minería, con promedios del 203% de aumento y contarían con ajustes semestrales, pero la ausencia de debate le quitó interés a la reunión.

Los expositores terminaban de hablar y abandonaban las instalaciones de la Usina del Arte, ubicada en el barrio de La Boca.

Algunos disertantes que fueron nombrados y que faltaron fueron el secretario de la CTA autónoma, Pablo Micheli y Hugo Yasky, con el mismo cargo en la CTA de los Trabajadores.

Se esperaba por segunda vez al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien no llegó a la audiencia el viernes por el paro de Aerolíneas Argentinas y estuvo ausente.

Los legisladores nacionales abrieron la jornada. El senador oficialista Federico Pinedo ratificó la postura del Gobierno y planteó que en la Argentina “el 30% de los subsidios benefician a los sectores más ricos, sólo el 10% a los más pobres, que son los sectores que no tienen red de gas y pagan la garrafa 400% más que los más ricos”.

“Cuando se quiere mantener un sistema es porque se considera un sistema justo. Sin embargo si miramos los subsidios energéticos del año pasado, unos u$s16.000 millones equivale a 18 millones de Asignaciones Universales por Hjo (AUH), a 480 mil viviendas sociales y a 3,5 millones de jubilaciones mínimas. ¿Eso es justo?” se preguntó el legislador.

Para recomponer la equidad del sistema, Pinedo destacó que “el Gobierno optó cubrir al 30% de los consumidores de gas más necesitados y propone una tarifa que para el 56% de los consumidores va a ser de 107 pesos de promedio, para el 31% de $371 y para el 13% de más alto consumo 953 pesos”.

“Mientras tanto proponemos tarifas sociales para el 56% de 50 pesos, para el 31% de 130 pesos y para el 13% de 279 pesos. Es más justo”, aseveró el senador en línea con el proyecto oficial que presentó el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Al completar su presentación, el presidente provisional del Senado contrastó que el país “tiene un sistema en que algunos pagan 0,19 dólares (por MBTU) lo que otros pagan 1,54 dólares (por MBTU), en el que un consumo promedio de hogar unos pagan 10 pesos mientras que en el Salta y Jujuy pagan 265 pesos”.

El momento de Kicillof

El primero de los legisladores kirchneristas que expuso su postura durante la audiencia del sábado fue el exministro de Economía, Axel Kicillof, quien afirmó que “el Gobierno no entiende el enorme descontento que genera este enorme tarifazo que dispuso falto de oportunidad y de contexto”, al reseñar que se da “después del aumento de 170% de la electricidad, de 200% del agua, de 100% del transporte y de una devaluación que ya supera el 50%”.

El exministro sólo utilizó unos 20 segundos de los cinco minutos asignados a cada expositor para hacer eje en lo técnico. En el resto de su presentación optó por consideraciones de tono político.

“No hay salario ni ingreso en la Argentina que se haya movido en esta proporción”, consideró el legislador en su presentación de 5 minutos al entender que “los salarios crecieron 20 a 30% y aplican un tarifazo cuando el bolsillo ya sufrió una caída de su poder adquisitivo por los efectos de la devaluación, como también cayó el empleo y la producción”.

Kicillof también consideró: “Hoy tendríamos que hacer una audiencia por el aumento de salarios, la reapartura de paritarias y no discutiendo de tarifas. En ese contexto le piden al Ministro de Energía que lleven adelante una política energética como si no hubiera pasado nada en los últimos nueve meses”.

Para el ex ministro del gobierno kirchnerista, “el Gobierno no es que redujo su propuesta inicial, fue a más porque propone una pequeña reducción respecto a la resolución 28 pero un incremento en los próximos tres años. Hoy discutimos una propuesta peor al multiplicar por 6 la tarifa de gas no ahora sino en cuotas”.

“No sólo es peor a lo que teníamos antes sino que además es en dólares, porque están dolarizando las tarifas”, aseveró el legislador al considerar que se trata de “un proyecto de las corporaciones de dolarizar las tarifas. Es decir es el proyecto de los 90, por el cual no se quiere volver al autoabastecimiento”.

Pedido de las empresas

En tanto, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) coincidieron en la necesidad que se contemple a industrias y comercios en el cuadro tarifario.

"Es necesario arribar a un esquema de precios claro y que posibilite el autoabastecimiento con rentabilidad para la oferta, pero que no afecte la competitividad del sector productivo", indicó el jefe de Departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calsiano.

En ese mismo sentido, el vocero de las medianas y grandes empresas advirtió que "los costos energéticos del sector industrial han ido incrementado en el tiempo por lo que de continuar esta tendencia tendrá un efecto negativo sobre la inversión y la generación de empleo industrial".

A su turno, el secretario de Asuntos Legales, Laborales y Sociales de la CAME, Ignacio de Jauregui, expresó que desde la entidad no desconocen "la necesidad de adecuar y que progresivamente se ponga un tarifario que lo hago sustentable", no obstante advirtió: "no se puede hacer a costa de nosotros".

Para la UIA, la relevancia de la industria en la demanda total de gas hace necesario que conformen "una mesa de diálogo permanente a efectos de articular soluciones consensuadas entre la demanda industrial y el ministerio que permitan la ansiada sustentabilidad".

Calsiano remarcó la necesidad de construir un consenso entre el estado de la oferta y de la demanda de energía, y que el servicio "debe llegar a la sociedad en cantidad calidad seguridad y precios razonables resulta clave esta instancia de dialogo solicitada".

Por su parte, Jauregui hizo hincapié en los en las consecuencias de un cuadro tarifario justo al remarcar que "un 300% de aumento en gas a una fabrica que consume poco mas mientras que otra que si lo hace lo deja fuera del mercado". 

"Sin industria no hay nación y sin energía no hay industria", puntualizó al finalizar Calsiano.

Críticas a la falta de información

El senador Fernando “Pino” Solanas sostuvo que la audiencia es “autoritaria” y que no se brindó “la información que solicitó la Corte Suprema”.

En cuanto al precio en boca de pozo, Solanas manifestó que “YPF reconoció que el precio es de u$s 1,9 en BTU, pero ahora Argentina paga uno de los mayores precios. No se justifica. Además, no hay que hablar solamente de sincerar costos, porque el gas no es de las empresas, sino del pueblo de las provincias. Acá no solamente se adulteran las tarifas”.

En tanto, los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Néstor Pitrola, denunciaron que los incrementos fueron hechos a "libro cerrado" y que hay que investigar el destino de los subsidios que recibieron las empresas del sector.

Bregman aseguró que el gas "es un servicio público que no tiene por qué dar ganancia. Además, ni siquiera discutimos adonde están los subsidios que se llevaron las empresas. No se puede discutir un tarifazo sin discutir eso", indicó la diputada.

Por su parte, Pitrola cuestionó la dolarización de las tarifas y los precios del gas en boca de pozo (BTU): "tenemos una dolarización, una quita de subsidios y un aumento fenomenal del BTU. Se aumentará un 33% en dolares por año de manera semestral, mas el 30% de devaluación de pesos previsto en el presupuesto".

"Según estudios, cuesta u$s 1,9 la unidad de valor del BTU, entonces los u$s7 propuestos por Aranguren no tiene nada que ver con los valores argentinos y tampoco con los precios internacionales. Nos quieren trasladar los costos de exploración de las empresas", concluyó.

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