El Gobierno obtuvo algo más que tiempo para negociar con los sindicatos: logró superar uno de los escollos políticos más duros a los que se enfrentaba en su peor momento económico.

Cuando parecía que todos los caminos conducían inexorablemente a que la CGT convocara al primer paro para protestar contra las políticas de Mauricio Macri, los funcionarios dieron una inesperada muestra de "cintura" política para desactivar la tensión.

"Estamos avanzando" dijo Héctor Daer, uno de los tres miembros de la cúpula, al salir de la reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Esta frase sonó como música para los oídos de los funcionarios, ya que traía implícita la aceptación de que no había clima -al menos por ahora- para convocar a una medida de fuerza.

El gesto distendido de los dirigentes sindicales tras la reunión y su disposición a seguir negociando con los empresarios parecen darle la razón a quienes creen que el sector más dialoguista de la CGT está imponiendo su parecer por sobre los más proclives a la protesta.

Por lo pronto, sólo se escucharon las voces disidentes de la CTA de Pablo Micheli y del gremio camionero conducido por Pablo Moyano, algo que en el Gobierno daban por descontado.

"No existimos para el ministro de Trabajo (Jorge Triaca). Él dice que no debería haber paro... como nosotros estamos fuera del diálogo porque discriminan a las dos CTA, entonces podemos hacer paro. Él mismo está incitándonos a eso", aseguró Micheli.

Lo cierto es que, hasta el momento, la negociación le resultó "barata" al Gobierno, tanto desde el punto de vista económico como político.

Aunque Triaca destacó el "gran esfuerzo fiscal" que implica el pago de $1.000 a los jubilados que cobran la mínima y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, quedó en evidencia que la propuesta que hizo el macrismo fue la menos costosa de todas las que se habían manejado en los días previos.

Si el pago extra llegara a alcanzar a más de 5 millones de personas (la cantidad que se estimó en abril pasado que recibieron la ayuda extra de $500 anunciada por Macri), eso implicaría para el fisco un costo de $5.350 millones.

Una cifra elevada, en un momento en que el rojo de las cuentas fiscales se está transformando en una preocupación creciente en el mercado. Pero mucho menos que lo que habría significado un pago salarial extra en el Estado nacional y en las provincias.

Desde el punto de vista político, también el anuncio salió relativamente bien para el Ejecutivo. En otro contexto, el hecho de que una reunión con dirigentes sindicales hubiera terminado sin respuesta favorable para el reclamo más importante -el bono salarial-, habría sido interpretado como una situación de tensión.

Sin embargo, el Gobierno, con cierta habilidad en el manejo mediático, no sólo evitó una sensación de frustración sino que la conferencia de Triaca y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, tuvo todos los componentes de un anuncio positivo.

Una destreza política del ministro consistió en plantear la necesidad de priorizar la ayuda estatal a los sectores más vulnerables. Esa postura, en el contexto de sensibilidad social generada por la publicación del 32% oficial de pobreza, resulta imposible de rebatir.

"Eso tiene que ver con la contención de los sectores más vulnerables, que es una de las prioridades de nuestra gestión y donde hemos puesto el foco principal", remarcó el ministro.

Y el anuncio fue completado con un guiño a los asalariados de clase media, con la exoneración del pago de Ganancias de $15.000 del medio aguinaldo de diciembre para aquellos sueldos brutos que no superen los $55.000, lo cual involucra a 1.200.000 de trabajadores.

Según los funcionarios, casi la totalidad de los actuales contribuyentes de la cuarta categoría serán alcanzados por el beneficio.

Té para tresPor lo demás, el Gobierno ganó tiempo como para descomprimir la situación política, ya que habrá una mesa de diálogo pautada para el miércoles.

Otra habilidad de Triaca consistió en presentar esa mesa no como un episodio de finalidad específica para acordar un bono, sino como el inicio de un diálogo de largo aliento tripartito en búsqueda de consensos sociales.

Así, la negociación pierde cierta urgencia. Y, por cierto, el Gobierno logra "tercerizar" la presión hacia los empresarios del sector privado.

No es difícil adivinar lo que ocurrirá en esa mesa: muchos dirigentes de las cámaras empresariales ya adelantaron que no hay posibilidad de pagar el bono.

Antes, habían hecho lo mismo los gobernadores provinciales, con sus cajas en emergencia crónica y en plena negociación con el Gobierno por la habilitación de mayor endeudamiento.

De manera que la incógnita que se presenta es hasta dónde el movimiento sindical seguirá mostrando flexibilidad y -sobre todo- cuál será el límite para frenar el riesgo de una nueva ruptura.

Cuando apenas pasaron dos meses desde la reunificación, la "blandura" de la actual conducción tripartita ya empezó a generar amenazas de cismas.

Bono fantasma

Después de más de cuatro horas de una reunión prácticamente secreta, la CGT se fue sin una respuesta concreta al reclamo de un bono para los trabajadores del sector público y privado.

Tal como anticipó iProfesional el martes, el Gobierno no tenía previsto resolver ese punto en lo inmediato, pese a que se había comprometido a acercar una propuesta este miércoles, según el acta firmada el 29 de septiembre pasado.

Por el contrario, la intención de la Rosada es "invitar" a los empresarios a que otorguen un paliativo a los gremios, lo que llevó calma al sector privado, donde rechazan el reclamo de un bono y temían que el Ejecutivo evaluara darlo por decreto.

En vistas de una propuesta insuficiente, los sectores más duros del gremialismo salieron a cuestionar la "mesura" en la conducción y se mostraron disconformes con el resultado de la negociación.

"No hablamos todavía con los compañeros de la CGT, nos juntaremos en las próximas horas a ver en qué se avanzó, porque nosotros no vemos que se haya avanzado en nada", expresó Pablo Moyano, el secretario general el gremio de los Camioneros.

De ese modo, el sindicalista expuso las diferencias que existen en el seno de la central obrera y amenazó, incluso, con lanzar un paro junto a las dos versiones de la CTA, en contraste con la postura predominante en la cúpula.

El llamado a una huelga es también impulsado por los bancarios y docentes. En el caso de los camioneros los líderes sindicales apuntan a contener a las bases, ante la presión que ejercen las centrales alternativas que se muestran más proclives para adherirse a una eventual medida de fuerza. 

"Estuve hablando con varios dirigentes para que recapacitemos y salgamos a la calle -se extendió el camionero-. El 22 de agosto asumimos con el compromiso de defender a los trabajadores, me da vergüenza prender la tele y ver las marchas de la CTA, marchas de las organizaciones y nosotros no", advirtió.

En los últimos días, Moyano hijo se había burlado de la posibilidad de que el equipo de Macri apelara a un "bonito o maquillaje" para conformar a los sindicatos. El martes, además, amenazó con pegar el portazo en la central. 

Sin embargo, lo que primó este miércoles en el grueso de la CGT fue el clima de paz. La sintonía de la central obrera con las autoridades se reflejó en las declaraciones que hicieron algunos sindicalistas tras el encuentro de este miércoles, quienes apelaron a los mismos argumentos del oficialismo.

"Hay sectores como las Pyme que no van a tener posibilidad de hacer ningún aporte, y nosotros también tenemos la preocupación de mantener la fuente de trabajo", dijo a iProfesional un gremialista del sector de los independientes. "No hay peor sueldo que el que no se cobra", concluyó.

Negativa empresarial

Ahora el pedido de un plus salarial deberá aguardar a la semana próxima, cuando se reúna la mesa que convocará el Ejecutivo y en la que la central obrera enfrentará mayores dificultades para hallar una solución a sus demandas principales.

Es que en el encuentro denominado "Dialogo para la Producción y el Empleo" se discutirán otros temas, menos simpáticos para la CGT, como son las iniciativas de Triaca para impulsar el empleo y modificar las relaciones laborales.

El proyecto de Primer Empleo promueve la reducción de cargas patronales a las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia laboral, si bien en sectores de la CGT denuncian que en realidad se trata de una forma de "flexibilización laboral".

Por otra parte, el Ejecutivo también intenta avanzar en otros frentes que despiertan polémica. Entre ellos una reforma del sistema de riesgos del trabajo, para reducir los costos de las empresas.

Algunos gremios temen que se incluya la negociación colectiva en la mesa. El abogado sindical Lucio Garzón Maceda advirtió que el oficialismo busca una "reforma laboral" para descentralizar las paritarias al nivel de empresa y lograr el año que viene una pauta salarial inferior al 25%.

Hay otro obstáculo que tiene por delante la central obrera. El miércoles próximo se incorporarán por primera vez a la discusión los empresarios, quienes anticiparon que irán a escuchar pero que no tratarán ninguna cifra, ya que las cuestiones paritarias "se acuerdan por sector".

"La mesa puede ayudar en lo social. Pero nosotros no tenemos autoridad para hablar de bonos ni de paritarias. Estamos para hablar leyes laborales, impositivas y comercio exterior", dijo el secretario de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Sacco.

Así, pese a las expectativas gremiales, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sugirió que el bono será resuelto en forma privada entre las empresas y los gremios, antes que en la mesa prevista para la semana próxima.

"Eso quedará como parte del diálogo entre empresarios y los sindicatos que vamos a convocar la semana que viene", concluyó Peña.