El Gobierno envió al Congreso el proyecto que auto-limita el ejercicio de los llamados "superpoderes".

Es así como como se conoce a la delegación de facultades legislativas a la jefatura de Gabinete para realizar modificaciones presupuestarias.

El diálogo del oficialismo con los partidos de la oposición le resulta clave ya que necesita del apoyo de otros espacios politicos para avanzar con su agenda política y económica. 

El macrismo sabe que su partido no reúne las voluntades necesarias para aprobar el Presupuesto 2017.

A raíz de ello -y en vistas a sumar adherentes de otras fuerzas- se comprometió a limitar las facultades de Marcos Peña, jefe de ministros, a la hora de reasignar partidas presupuestarias.

Es en este contexto en el que los distintos sectores negocian el porcentaje que podría ser susceptible a modificaciones.

Por lo pronto, la iniciativa ingresada por Cámara de Diputados establece que las reestructuraciones en las que podrá incurrir el oficialismo:

-En 2017, no podrán exceder el 10%

-En 2018, no deberán sobrepasar el 7,5%

-En 2019, tendrán que ubicarse por debajo del 5%

Se trata de una reforma al artículo 37 de la ley de Administración Financiera que concreta algo que ya había sido anunciado desde el Gobierno nacional en distintas oportunidades.

Incluso, había sido uno de los temas propuestos en la campaña electoral.

"Nosotros pedíamos la limitación de los superpoderes cuando éramos oposición y lo seguimos exigiendo ahora que somos oficialismo", afirma Luciano Laspina (PRO), presidente de la comisión de Presupuesto.

Considera además que "es muy adecuado" que se avance en una reducción gradual hasta llegar a un 5%, que es el mismo tope que existe en la ciudad de Buenos Aires.

Qué dice la iniciativa

Desde 2006, los jefes de Gabinete están facultados a modificar partidas presupuestarias sin límites a partir de un ajuste al artículo 37 de la ley 24.156 de Administración Financiera.

La misma establece que "el jefe de Gabinete de Ministros puede efectuar aquellas reestructuraciones que considere necesarias" y hace referencia a "gastos corrientes y de capital", entre otros.

Ahora, al establecer un límite anual, "se propone que el Poder Legislativo retome gradualmente las atribuciones que establecía la redacción originaria", expresan los fundamentos de la iniciativa.

De esta manera, el nuevo artículo quedaría así redactado: "Quedan reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del Presupuesto y de endeudamiento previsto, así como el incremento de las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia".

No obstante, agrega que el jefe de Gabinete puede efectuar cambios pero "dentro del monto total aprobado".

Presupuesto con polémica

El proyecto de Presupuesto 2017 fue presentado en el Congreso por Marcos Peña y Alfonso Prat Gay.

En su artículo 51 otorga al jefe de Gabinete la facultad de crear unidades especiales para gestionar planes, programas y proyectos a partir de las diferentes partidas de dinero.

El arco opositor se queja de las facultades extraordinarias establecidas, al entender que todo lo que se vaya a votar después podrá ser modificado por el jefe de Gabinete.

En este sentido, su objetivo pasa por lograr un presupuesto lo más acotado posible en cuanto a la facultad de reasignar partidas.En el plano económico, el Proyecto de Presupuesto 2017 prevé:

- Un valor del dólar promedio de $18

- Una fuerte caída de la inflación al 17% anual

- Un déficit primario de 4,5% del PBI

- Un crecimiento de la economía cercano al 3,5%

No todos coinciden en que se trate de metas cumplibles. En particular, las de inflación y déficit.

Según el Gobierno, el índice de precios bajará del 40% anual nada menos que al 17% el año próximo.

Los analistas tienen sus fundamentos para dudar de que esto vaya a suceder.

¿Por qué? Porque esa baja deberá convivir con dos cuestiones que suelen no llevarse bien entre sí:

- Una política monetaria restrictiva

- Un plan económico con fuerte expansión del gasto público

Las explicaciones del titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, en el sentido de que no será tan "laxo" a la hora de "bancar" el rojo estatal, no terminan de convencer.

Sucede que ese "agujero" superará los 4 puntos del PBI y que una de las vías para taparlo será "dándole duro" a la maquinita de imprimir billetes, lo que repercutirá en la inflación.

El gran desafío del equipo económico no sólo pasa porque el mercado financiero le crea, sino también que los dirigentes sindicales lo hagan, ya que no parecen muy dispuestos a convalidar paritarias con ese índice inflacionario en mente.

Por lo pronto, estas son las "ambiciosas" metas establecidas por las autoridades:

La cercanía (o lejanía) respecto de la meta de inflación será lo que irá marcando el rumbo de otra variable clave para la economía: la tasa de interés.

Por el lado del déficit, el Gobierno es consciente de que las mayores dudas pasan por saber cuánto destinará el Banco Central para cubrir el agujero fiscal.

Las autoridades ponen una cifra: $150.000 millones. Los analistas creen que ese número sigue teniendo "gusto a poco".

En este sentido, en el gremio de los economistas se observa un rasgo común, que es el descreimiento de que el Gobierno podrá alcanzar los objetivos planteados.

"Si quiere apostar al crecimiento, tal como lo plasmó en el Presupuesto, la meta inflacionaria será de muy difícil cumplimiento, por no decir imposible", expresa a iProfesional, Agustín Bruno, director de la consultora LCG. En su visión, el próximo año sólo el ítem aumento de tarifas acarreará cinco puntos de inflación.

Él es de los que cree que el índice de precios bajará pero no a los niveles que dice el Gobierno.

"Estará en el 23% anual, si bien dependerá del cierre de las paritarias", señala Bruno.

Hernán Hirsch, director FyE Consult, también se muestra escéptico: "No hay consistencia técnica entre la meta de inflación que propone el Banco Central y el Presupuesto elaborado por Prat Gay".La experiencia de otros países

Tal como diera cuenta iProfesional, son varios los países que han recurrido al sistema de metas de inflación y que han logrado resultados positivos.

Claro que no tan rápido como dice el Gobierno.

Chile, primero de la región en utilizarlo (1991), mostraba una suba de precios del 30% anual. Necesitó siete años para que descienda al 5%.

En Colombia también ocurrió algo similar: no podía achicar el índice más allá del 20% anual hasta que decidió utilizar este esquema, en 1993. Recién once años después logró un registro del 5% anual.

También fueron exitosos los casos de México o Perú, que recurrieron a las metas de inflación para alcanzar tasas de igual orden.

El problema del BCRA, a ojos de analistas, es que plantea llegar al 5% anual en sólo tres años.De lograrlo, pasaría a ser el país más rápido en la historia económica de la región.Argentina suele caracterizarse por ir contra la corriente y en "dar la nota" en algunos aspectos que luego quedan registrado en los libros.

Si, como asegura el Gobierno, la inflación baja de un plumazo del 40% al 17% en apenas un año escribirá seguramente una nueva página en su historia económica.