"Operativo seducción": Macri afianza con el Presupuesto,  su relación con los gobernadores peronistas
La iniciativa saldría sin cambios en la cámara alta. Varios mandatarios provinciales que se mostraban como “cristinistas” ahora avalan al Presidente
Por iProfesional
11.11.2016 12.07hs Legales

El Senado comenzó a tratar el proyecto del Presupuesto 2017, que aprobó Diputados la semana pasada. El primero de los funcionarios nacionales en exponer fue el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.

Allí, remarcó que se acordó con las provincias "un reglamento fiscal que permita ir de a poco y de manera gradual hacia la disciplina fiscal" ya que "el punto de partida es el de un déficit excesivamente alto" y trató de mostrar que está en sintonía con los gobernadores peronistas, que son determinantes a la hora de decidir una votación en la cámara alta.

Es que Cambiemos tiene una posición muy minoritaria, con apenas 16 legisladores sobre 72, y necesita sí o sí el apoyo de gobernadores opositores si quiere aprobar la denominada "ley de leyes".

Los cálculos que se hacen en estos momentos en el ámbito parlamentario dan cuenta de que el macrismo podría llegar a superar los 50 votos. Esto implica una mayoría de dos tercios, incluso superior a la obtenida en la cámara baja.

Si bien el Frente para la Victoria, que ostenta nada menos que 40 senadores, tiene la capacidad de bloquear cualquier iniciativa, no lo hará.

En primer término, porque no quiere pagar el costo político de dejar al Gobierno sin presupuesto, y en segundo lugar, porque el senador por Río Negro, Miguel Pichetto, quien es el titular del bloque del FPV en la cámara alta, participó de las negociaciones en Diputados, por lo que se estima que el proyecto saldrá sin modificaciones en la sesión del miércoles 30 de noviembre, la última del año.

Los ministros nacionales recibieron a los gobernadores en la Casa Rosada e incluso los visitaron en sus provincias para lograr un consenso y limar las asperezas que podrían generar una demora en la aprobación de la iniciativa oficial.

Durante las negociaciones previas al tratamiento en el Congreso, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio les exigió a los mandatarios provinciales que revean las metas fiscales de sus provincias, todas con fuertes déficit.

Los gobernadores aceptaron el pedido pero con una condición: no bajar impuestos coparticipables si se pretende que sus balances cierren con las cuentas en orden.

Este sería uno de los motivos por los cuales el Gobierno nacional pateó para el 2017 la discusión sobre los pisos del impuesto a las ganancias (un tributo coparticipable que provocaría una menor recaudación ante la suba de aquellos)

En definitiva, lo que se está evidenciando es que el operativo de "seducción" sobre los gobernadores provinciales llevado a cabo por el macrismo desde que asumió el poder rindió sus frutos y logró romper la unidad del bloque peronista -incluyendo al propio kirchnerismo-, dado que las posturas se han dividido claramente entre los leales a Cristina Kirchner, que pretendían transformarse en una férrea oposición, y los que responden a los intereses de sus respectivas provincias, que decidieron mostrarse mucho más pragmáticos.

De hecho, muchos gobernadores identificados con el kirchnerismo comenzaron a enviar señales de apoyo desde un principio, cuando el macrismo decidió llevar adelante la primera de sus batallas: el acuerdo con los holdouts.

¿A qué se debió ese cambio de postura? Principalmente, porque casi todos los mandatarios provinciales necesitaban de fondos urgentes para abonar gastos corrientes, como los sueldos de los empleados públicos y retomar la obra pública local.

Además, el respaldo estuvo centrado en la necesidad de que las provincias accedan al crédito externo para financiar a obras públicas de infraestructura.

Parecía imposible un escenario político así y, de hecho, ni el más optimista de los dirigentes oficialistas se habría atrevido a soñar el 10 de diciembre del año pasado, con semejante mayoría en un debate tan sensible para el "relato" kirchnerista como el relativo al endeudamiento externo.

Aliados peronistas

Además de los legisladores propios, el Gobierno suma a un grupo de peronistas -que tenía mala relación con el kirchnerimo-, con el que trata de consensuar para lograr gobernabilidad.

Son los puntanos que responden a Alberto Rodríguez Saá, los pampeanos de Carlos Verna, los representantes de Chubut (Mario Das Neves) y de Córdoba, de Juan Schiaretti. Incluso, se cuenta en este grupo al ex mandatario santafesino Carlos Reutemann y el salteño Juan Carlos Romero.

En la vereda opositora, a la postura más conocida y previsible del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien se mostró como el mandatario opositor más cercano a la Casa Rosada, se sumaron el entrerriano Gustavo Bordet, el tucumano Juan Manzur y el chaqueño Domingo Peppo

El oficialismo también cuenta con el apoyo de la fueguina Rosana Bertone, quien acompañó al presidente Mauricio Macri durante su visita al Papa Francisco en Roma.

Ayudó además que el Gobierno selló con todos los gobernadores un histórico acuerdo que establece la devolución escalonada y progresiva a las provincias del 15% de la coparticipación que les retienen desde 1992 para financiar al sistema previsional nacional.

Habrá una devolución del 3% anual hasta 2020, por lo que a partir de ese año ya no habrá recortes en las remesas. 

Larga negociación

El vocero de los mandatarios provinciales en la cámara baja durante la negociación por el Presupuesto fue el extitular de la ANSES, Diego Bossio, líder del Bloque Justicialista, quien pidió una serie de cambios al proyecto que el oficialismo decidió aceptar para poder aprobarlo.

En concreto, solicitó la coparticipación de los ATN, con el respaldo del massista Marco Lavagna, quien propuso distribuirlos entre las provincias “como ya se hace con el fondo sojero”. O sea, por coparticipación.

Bossio pidió además recuperar el 1% de la coparticipación para La Rioja, cedido en los 80, cuando la provincia también resignó 8 puntos y nunca pudo recuperarlos.

Las provincias trataron de incluir en la discusión un mecanismo de "endeudamiento automático" que los exima de tener que conseguir la aprobación del Gobierno nacional (que oficia de garante) cada vez que quieren salir al exterior a colocar deuda.

Por otro lado, ya no habría prórrogas automáticas en el pago de deudas que las provincias tienen con la nación, con alcance para todos los territorios, sino que se tratará de acuerdos individuales entre la Nación y cada una de las jurisdicciones.

Para justificarse, el Gobierno no bajará el 5% de las retenciones de soja, cuyo 30% es coparticipable.

Este pago por la coparticipación comenzará a restablecerse este año con la devolución de 3 puntos de ese 15%, lo cual significa un total 12.386 millones de pesos, repartidos entre los 24 estados federales. Cuando se reintegre en su totalidad, en 2020, ese giro implicará, a valores actuales, una suma de 85.993 millones de pesos adicionales a los que hoy reciben por coparticipación federal, según un borrador de trabajo del Ministerio del Interior y Obras Públicas.

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