La investigación judicial sobre el contrabando y las maniobras con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) durante los 12 años que el kirchnerismo manejó la Aduana sumó una nueva denuncia.

Ayer la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, pidió al juez en lo penal económico Diego Amarante que investigue más de 17.000 empresas y personas que usaron DAJIs para sacar del país u$s14.000 millones.

Carrió dividió las empresas en un grupo de empresas de cartón que simularon importaciones y otras de primera línea que “en el mejor de los casos, incurrieron en inconsistencias y, en el peor de los casos, en fuga de divisas”. En el primer grupo, la líder del ARI-CC señaló que las operaciones son “contemporáneas” a la ruta de la efedrina que entre el 2007 y el 2008 manejó, entre otros, el financista Ibar Pérez Corradi, preso y procesado por la jueza federal María Servini.

En su denuncia, redactada por el abogado Juan Calandri, Carrió solicitó investigar cada una de esas operaciones y pidió la indagatoria del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, del ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, de los ex presidentes del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Vanoli, del ex director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, de la ex directora Adjunta de Aduana, Beatriz Paglieri, del ex Director General de Aduana, Guillermo Michel, del ex Subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Daniel Santana. La nueva denuncia de Carrió recayó en la fiscal María Luz Rivas Diez.

Precisamente, esa fiscal junto al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky investiga a la banda de la mafia de la Aduana integrada por de “Cuqui” Barreiro Laborda y el cuñado del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli, quien está prófugo en la causa. Ayer la la Sala B de la cámara en lo penal económico, integrada por los jueces Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, revocó la libertad bajo caución de Federico Tisconia, el medio hermano del ex juez Guillermo Tisconria.

Tiscornia volvió a quedar preso ayer con el resto de los acusados de haber integrado una asociación ilícita. De las indagatorias de Aguinsky se deduce que por cada contenedores contrabandeado se pagan 15 mil dólares de sobornos. Si estas bandas lograron entrar 1.800 contenedores quiere decir que pagaron unos 27 millones de dólares por “protección política”.

Por su parte, el juez Aguinsky también investiga a los hermanos Paolantonio por una investigación de Clarín, quienes llegaron a mover 800 contenedores. En otra investigación relacionada con la Aduana.

A su vez, el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich investiga otras maniobras con las declaraciones juradas de anticipos de importación (DJAI) por una denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión y avalada por el número uno de la AFIP, Alberto Abad. Gómez Centurión puso en duda casi cien DJAI.

Además, el fiscal Sandro Abraldes denunció la semana pasada ante la jueza federal María Servini de Cubría que en una oficina de Puerto Madero “ David Setton y Roberto Bello, recibían dinero de diferentes personas para “activar los trámites” de las DJAI y percibían comisiones de entre el 12 y 15%. Y pidió indagar a la ex funcionario K Beatriz Paglieri.

Este cúmula de causas judiciales parecen confirman la convicción de un veterano juez de los tribunales de la avenida Inmigrantes en Retiro: “Durante doce años no tuvimos denuncias de contrabando porque el kirchnerismo cercó el puerto de Buenos Aires”.