La obsesión de Mauricio Macri por reducir el déficit tuvo su primer impacto en el Correo. La renovación de la cúpula dispuesta por el Gobierno será el primer paso de un plan más ambicioso que apunta a reducir pérdidas, aumentar la productividad y reconvertir el servicio postal.

Los objetivos forman parte de la visión predominante en el equipo del Presidente, donde sostienen que para impulsar la competitividad es clave reducir el costo logístico y prepararse para la transformación de la actividad postal frente al auge del ecommerce y la logística.

Para ello será clave el papel de Gustavo Papini, un exCEO de OCA y un hombre de confianza del viceministro de Gabinete, Mario Quintana, con quien trabajó en el fondo de inversión Pegasus. Ahora asumirá como director del Correo en reemplazo de Juan Irigoin, un directivo proveniente del grupo Socma (Sociedad Macri).

La idea del Ejecutivo es "modernizar" la compañía con un cambio de imagen, la renovación de sucursales y la apertura de plantas, de la mano de la innovación tecnológica. Hoy el Correo cuenta con casi 17.000 empleados y 1.500 sucursales, la mayor estructura de la actividad.

Sin embargo, las autoridades reconocen que el principal desafío es reducir las pérdidas operativas cercanas a los $3.500 millones anuales y la "baja productividad". El año pasado la facturación subió un 11%, pero el volumen de piezas cayó un 14%, según datos oficiales.

La movida oficial despertó expectativas en el sector privado. Allí ven con buenos ojos la posibilidad de que jugadores locales y extranjeros capturen una mayor cuota del mercado, desde las ventas vía ecommerce hasta la entrega de facturas de servicios públicos.

En el ámbito gremial, en cambio, el desembarco de Papini junto a otros gerentes con pasado en las empresas del servicio postal fue suficiente para que las organizaciones se declararan en estado de alerta y movilización ante un eventual "plan de desguace".

Los cuatro sindicatos de la actividad apuntaron contra Papini en un documento difundido, en el que rechazaron la incorporación de un "topo" funcional a la competencia privada. El temor es a que haya un recorte de personal u oficinas en el afán de achicar el déficit.

Pero también genera rechazo la "fusión, absorción, o salvataje de correos fundidos por sus propietarios". Una de las especulaciones en el sector es que Quintana busca aliviar la situación financiera de OCA para hacer pie en la empresa, que fue embargada por la AFIP por evadir cargas patronales superiores a los $1.700.

La iniciativa del funcionario desató una interna con el titular del fisco Alberto Abad, que se niega a habilitar un plan flexible de pagos. Pero contaría con el respaldo del Presidente y del líder de los Camioneros, Hugo Moyano, quienes coinciden en buscar otro dueño para la empresa.

Pese a los cortocircuitos recientes, tanto Macri como Moyano comparten un enemigo: el titular formal de OCA, Patricio Farcuh, a quien responsabilizan del "desmanejo" de la segunda firma privada de correo, con más de 50 años en el país y una estructura de 150 sucursales, 900 vehículos y 10.000 clientes.

El sindicalista, sospechado de ser el verdadero dueño de la empresa tras las sombras, mantuvo este jueves una extendida reunión con su delegado de la rama Correos, Fabio Salvatierra. En su entorno reconocen que su principal preocupación es OCA, antes que el recambio de funcionarios que ordenó Macri, enfurecido tras la protesta de la semana pasada de la CGT.

Las deudas en la empresa privada de correo derivaron en un conflicto a fines del año pasado, cuando el camionero pagó los sueldos de los 7.500 empleados directos y su gremio ocupó la planta situada en el barrio porteño de Balvanera, hasta que la Gendarmería lo desalojó y reinstaló en su puesto a Farcuh.

La crisis bastó para disuadir al Gobierno de ir al choque con el sindicalista. "Macri estaba obsesionado con hacer una denuncia penal tributaria por evasión y meter preso a Farcuh, pero después del conflicto busca una salida lo menos sangrienta", señaló un hombre cercano a las negociaciones.

Los funcionarios creen que el líder sindical es más pragmático. Y que incluso no se opondría a una reducción de personal en caso de que OCA cambiara de dueño. En ese escenario, el plan del equipo presidencial para la firma va en línea con los cambios en el Correo, donde ahora Papini intentará aplicar los criterios de eficiencia que no pudo en la empresa privada.

Nuevo modelo de negocio

La reestructuración del Correo ocurre en medio de los recortes de subsidios que el Ejecutivo empezó a aplicar en otras empresas estatales, como es el caso de Aerolíneas Argentinas y el sistema ferroviario, donde el Presidente habilitó al Ministerio de Transporte a cerrar ramales.

En el caso del servicio postal, los cambios corren por cuenta del Ministerio de Modernización, Andrés Ibarra, quien recibirá la semana próxima a los sindicatos para presentarles su plan y llevar calma. Pero Quintana cumple un papel preponderante.

Es en su Gabinete donde se definen los grandes trazos de la hoja de ruta para reformular el esquema de negocios del Correo, a tono con los cambios a nivel global, donde el reparto de cartas y facturas en papel está dando paso a la paquetería y el comercio electrónico.

"El foco del crecimiento pasa por el ecommerce y la logística, que han sido desaprovechados", señalan fuentes del Gobierno. Dos rubros en los que tiene experiencia Papini y en los que ahora buscaría expandir a la empresa estatal.

Las autoridades niegan que vaya a haber despidos. Sin embargo, fuentes oficiales reconocen que los cambios en carpeta son "dinámicos", por lo que podrían ocurrir después de las elecciones.

Aunque la compañía estatal forma parte del negocio electrónico, con el reparto de productos puerta a puerta de Mercado Libre, su participación es mucho menor a la de OCA. Como la mayoría de los operadores, el fuerte pasa por las facturas, las cartas simples y el mailing.

Pero el clima es de incertidumbre en el sector. El año pasado el volumen de operaciones se redujo -la carta factura cayó 7,6%-, cuando se esperaba un crecimiento. "Los bancos y empresas mandan todo por mail ahora", explicaron en la Asociación de Empresas de Correo (AECA).

Por el contrario, el ecommerce es el negocio que más crece y concentra más competidores a nivel local. Hoy se comercian libros, electrónica, libros y commodites de todo tipo, mientras que calzado, textil y confección todavía despiertan desconfianza en los consumidores.

"Si uno mira Amazon es impresionante, el problema es cómo lograr una mayor productividad que te permita brindar más servicios por el mismo costo y con mayor tecnología", señala Eduardo Poderene, consultor en logística.

El caso de Amazon es visto con interés en el Gobierno. El gigante del comercio electrónico tejió alianzas con operadores públicos y privados para llegar a los lugares más recónditos de Estados Unidos. En Nueva York tiene convenio con el servicio estatal, pero en otros estados con UPS y DHL, entre otros.

Tanto en el Gobierno como en el sector privado creen que el comercio de productos electrónicos en Argentina podría ser más competitivo mediante acuerdos con diversos operadores logísticos. Hoy el que tiene mayor alcance es el Correo, aunque no es el más eficiente.

No es el único con problemas. Los funcionarios ven que OCA también podría ser más productiva. Recuerdan que durante el Hot Sale de 2015 la empresa fue un "desastre", lo que llevó a la empresa a perder clientes, como los bancos, y pedidos de Mercado Libre, que fueron derivados a Ocasa.

Puja con gremios

En la fórmula oficial, los gremios son vistos como un obstáculo. Macri lo dejó en claro en más de una ocasión en sus mensajes contra la "mafia" sindical, a la que acusó de impedir la modernización de los convenios colectivos para bajar los costos laborales y desarrollar la inversión privada.

En la otra vereda, los sindicatos del Correo creen que el "copamiento" de puestos busca convertirlo en un "basurero postal" y frenar el Plan Estratégico puesto en marcha por el kirchnerismo, luego de estatizar en 2003 la compañía en manos de la familia Macri, que todavía sigue sin resolver el conflicto abierto por las deudas que mantiene con el Estado.

La compañía tuvo un crecimiento fenomenal en la última década. Mientras el volumen postal disminuía en el mundo, el servicio pasó de transportar 500 millones de unidades a 1.300 millones, llevó su plantilla de 11.800 a 16.695 y recibió $700 millones por año.

En lugar de privilegiar la rentabilidad, la empresa estatal se convirtió en el brazo logístico de los programas sociales, con la distribución a cargo de las netbook de Conectar Igualdad, decodificadores de la Televisión Digital Terrestre y medicamentos. También del material pedagógico y el pago de los planes de la ANSES.

Hoy su amplia infraestructura le permite pagar todos los meses 126.000 jubilaciones y pensiones, 270.000 Asignaciones Universales por Hijo, 300.000 asignaciones familiares, 85.000 planes Progresar y 1.000 seguros de desempleo, entre otros beneficios.

En efecto, la ley la obliga a brindar un servicio universal. Pero desde el decreto 1187 de 1993 ya no es el prestador exclusivo de ese servicio, por lo que compite de manera desigual con los privados, que no tienen la obligación de cubrir todo el territorio o localidades menos rentables.

Se trata de un conflicto similar al de Aerolíneas Argentinas con las Low Cost, cuyo mercado es el de los vuelos de bajo costo y las rutas más rentables. En el caso del Correo, el fin de la exclusividad le privó de u$s2.100 millones, según cifras oficiales hasta 2015.

Los cambios tecnológicos abren otro frente con los sindicatos por la eliminación de fuentes de trabajo. En esa puja, el titular de los Taxis, Omar Viviani, es a Uber, lo que Moyano al titular del BCRA, Federico Sturzenegger. Un palo en su rueda.

Fue el camionero quien frenó en seco la orden de dejar de imprimir los resúmenes bancarios, apenas avizoró miles de despidos en su gremio. Ese es el temor que ahora comparten sus pares del Correo, donde Moyano también pisa fuerte.

La "automatización" ya no solo es el pronóstico de CEOs, convencidos de que las operaciones en papel desaparecerán en 10 años. En la propia CGT más de uno empezó a notar que la uberización de la economía amenaza con barrer convenios y sindicatos.