La oposición tratará de incluir en la sesión del próximo jueves del Senado el proyecto que fija nuevos topes a las comisiones que las entidades financieras cobran a los comercios por los servicios de tarjeta de crédito y débito.

La iniciativa es mirada de reojo por el oficialismo ya que en septiembre del año pasado, el senador Alfredo Luenzo impulsó una propuesta que obtuvo la media sanción por unanimidad, pero fue desestimada en la Cámara baja, donde el macrismo se alzó con un dictamen propio y totalmente distinto.

En busca de generar consenso, a partir de la existencia de proyectos enfrentados, y teniendo en cuenta las sugerencias de las distintas entidades que apoyaron una reforma, Luenzo presentó el nuevo texto, que logró el dictamen en la comisión la comisión de Industria y Comercio. 

Pero dicho dictamen fue impugnado por la legisladora cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, quien cuestionó que se haya firmado sin quórum y que el total de las adhesiones se haya logrado con miembros que no concurrieron a la reunión o que lo avalaron en sus despachos.

Igualmente, tras varias semanas de negociación, esa controversia fue solucionada.

El macrismo siempre se mostró reacio a tratar un tema que puede provocar la reacción de los bancos, ya que se estima que es un ítem que les genera cerca de $16.000 millones de pesos anuales.

Y para evitar que se debata el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo y los bancaron firmaron un acuerdo que fijó que el máximo que podrán cobrar las tarjetas a los comercios es de 2,5% por cada operación en crédito y 1,2% en débito, que se reducirán hasta 1,8% y 0,8% a lo largo de los próximos 4 años. En ese momento, los aranceles eran del 3% para compras con crédito y de 1,5% con débito.

Con las antiguas tasas de intercambio (del 1,3% con débito y el 2,7% en crédito), lo percibido por las entidades habría sumado $14.200 millones; pero desde el 1 de abril, esa percepción quedará reducida a $10.600 millones.

Para evitar nuevas trabas, la oposición del Senado pretende que el proyecto salga lo más consensuado posible. Es que no quieren que se trabe otra vez en Diputados ni que el Poder Ejecutivo lo vete.

Este proyecto vuelve a la luz en un contexto en que el Gobierno investiga al Grupo Prisma -controlada por los mayores bancos del país-, que maneja la tarjeta Visa, por "abuso de posición dominante". El Poder Ejecutivo quiere que cambie de dueños y que haya una mayor competencia, facilitando el ingreso de nuevos jugadores al sector.

La empresa, que a comienzos de los 2000 tenía un 5% de participación de mercado, tiene hoy cerca del 57% del negocio de plásticos del país.

Entre los bancos privados accionistas de Prisma, los de más peso son Banco Galicia, Santander Río, y BBVA Francés. Pero también forman parte de la compañía con diversas participaciones Banco Patagonia, Macro, Banco Provincia, Itaú, los bancos del Grupo Petersen (Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz), Comafi, Banco Nación y Credicoop.

La propuesta en detalle

El senador de Chubut Somos Todos afirmó que la nueva propuesta era “superadora” a la sancionada primeramente por la cámara alta, ya que además de la rebaja en las comisiones para operaciones con tarjeta de crédito y débito, se establecía un plazo de pago para los comercios, el límite de los intereses compensatorios y la generación de la competencia en el mercado, entre otros puntos.

El proyecto que ahora se encuentra en discusión plantea reducir a 1,5% el arancel por operaciones con crédito (igual no se descarta que termine siendo del 1,8%) y del 0,5% para débito. A diferencia de la gradualidad que propone el acuerdo, la ley haría que las rebajas se apliquen de inmediato.

Asimismo modifica la base de cálculo empleada para el cobro de las comisiones mencionadas y se limitan los cargos administrativos por renovación del contrato de emisión de tarjetas de débito, crédito y compra no pudiendo superar la variación del UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

También se propone fijar la cantidad de días que tienen los dueños de las tarjetas para hacerles las liquidaciones a los comerciantes: tres para operaciones con débito y 10 para crédito.

Se regularía, además, un tope al financiamiento con tarjeta de crédito: no podría ser superior a la tasa de interés de los préstamos personales.

En resguardo de los usuarios, establece que no podrá incorporarse a la base de cálculo utilizada para establecer los aranceles o comisiones, los impuestos que no formen parte del precio de venta ni tampoco en los intereses de financiación y los impuestos asociados a los mismos.

De acuerdo al legislador que impulsa la propuesta, “es necesario destacar que se ha logrado a lo largo de los años una tendencia en la reducción de los porcentajes”.

En ese punto, señaló que en 1999 el porcentaje en el pago de comisiones era del 10%, que luego fue modificado en el año 2004 a 3%, y considera que “hoy es imprescindible disminuirlo”. 

Según informe del Banco Central de la República Argentina del año 2013, uno de los impulsores que tuvo la actividad económica, los bancos registraron utilidades por $29.169 millones contra los $19.415 millones que obtuvo un año antes. Uno de los instrumentos mediante los cuales lograron estas ganancias lo fue a través de las comisiones que les aplican las emisoras de tarjetas a los comercios y servicios.

En el año 2015 los valores de venta minorista estimados alcanzaron $802.800 millones teniendo en cuenta que el 35% de esa suma se realizó en efectivo el 20% con tarjeta de débito y el 45% con tarjetas de crédito.

Ese monto implicó que el comercio le transfirió a las administradoras en concepto de pago de comisiones $13.250 millones ($2.410 millones por operaciones con débito y $10.480 millones por crédito).

“La situación actual de concentración permite la imposición de  condiciones de manera unilateral y sin competencia por el sector que ejerce la posición dominante, lo que da origen a elevadas tasas de interés, al cobro de comisiones sobre impuestos e intereses (que no son parte del precio del producto o servicio), a costos indebidos del pos y su obsolescencia tecnológica, entre otros aspectos”, explicó Luenzo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que participaron del encuentro y reclamaron que la implementación de la reducción sea “inmediata”.