El fantasma de una suspensión de pagos vuelve a rondar en torno a Venezuela, al correr los plazos para que cancele u$s3.767 millones de deuda en lo que resta de 2017. La petrolera estatal PDVSA debe pagar hoy u$s985 millones de amortización parcial de su bono 2020; y el próximo jueves, otros 1.169 millones de un papel que se extingue ese día.

El capital de ambos instrumentos no tiene período de gracia -a diferencia de los intereses (30 días)-, por lo que PDVSA está obligada a pagar un mínimo de u$s842 millones ahora, y 1.121 millones el 2 de noviembre.

De no hacerlo, el país incurriría automáticamente en incumplimiento, añadiendo más problemas a su colapsada economía.

Ambos vencimientos se convierten en una verdadera prueba de fuego para el régimen de Nicolás Maduro, en momentos en que aumentan los temores de los mercados de que Caracas no pueda realizar a tiempo los desembolsos, activando de esa manera el temido default.

Según el analista Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, de u$s9.000 millones, sólo se dispone de unos 1.500 millones en efectivo ya que el resto lo representan los lingotes en oro, que buena parte fueron comprometidos por el Gobierno  como garantía a bancos europeos.

"Si no pagan este viernes van a haber muchas noches de insomnio para los inversores, especialmente durante el fin de semana", manifestó desde Miami Russ Dallen, socio gerente de la firma Caracas Capital Markets.

La incertidumbre también ha estado afectando a los precios de los bonos venezolanos negociados en Wall Street.

Dallen dijo que los instrumentos cayeron la semana pasada por debajo de los 30 centavos de dólar, nivel que tradicionalmente ha servido de piso ya que los inversores asumen que de producirse un default, ellos eventualmente recuperarían al menos un 30% del valor facial de los instrumentos en una posterior reestructuración.

Cuando los bonos caen por debajo de ese precio salen de inmediato a comprarlos, pues consideran que se convierten en una oportunidad. Eso tradicionalmente ha conducido a que los precios no permanezcan por mucho tiempo por debajo del piso, producto de un incremento de la demanda por los instrumentos, explicó Dallen.

"Pero lo que pasó fue que cayeron por debajo de los 30 centavos la semana pasada y no reaccionaron", resaltó.

De no cumplir con los pagos, este escenario eventualmente terminaría afectando la deuda de más de u$s90.000 millones en bonos que el país tiene en circulación, ya que un incumplimiento en una emisión terminaría significando el incumplimiento en todas las emisiones.

La probabilidad de que PDVSA caiga en default en 2018 subió a 79%, y a 99% para los próximos cinco años, según Bloomberg.

"Ahora quizás puedan pagar pero la situación luce algo distinto el año que viene", manifestó el economista Orlando Ochoa.

"El servicio de la deuda en bonos, las obligaciones ante proveedores, los costos de importar diluyentes para la industria petrolera, de importar alimentos y medicinas y de servir además la deuda con China y con Rusia luce imposible sin contar con el acceso a los mercados financieros. De manera que la posibilidad de que se produzca un default en alguna de esas partes es bastante alto", advirtió.

Ya la calificadora de riesgos SP Global Ratings colocó los bonos de PDVSA bajo vigilancia negativa, un temor alimentado por las sanciones que Estados Unidos impuso al país en agosto. Esas medidas prohíben a los estadounidenses negociar nueva deuda pública venezolana y, según expertos, ya impactan en los medios de pago del gobierno.

En total, entre deuda soberana y de PDVSA, el país petrolero debe pagar u$s1.634 millones en octubre; 1.891 millones en noviembre, y 243 millones en diciembre, según la firma Aristimuño Herrera & Asociados.

Esta problemática no es nueva, ya que el régimen ya lleva bastante tiempo deambulando cerca del default. De hecho, el régimen bolivariano ya entró este mes en una serie de incumplimientos de pagos de obligaciones pequeñas pero que juntas suman u$s590 millones, haciendo uso del período de gracia de 30 días de esas emisiones, práctica que genera angustia entre los inversores pero que por si sola no activa formalmente la declaración de default.

Entre el 12 y 21 de octubre tenía que cancelar intereses por varios papeles con período de gracia, de los cuales -según consultoras privadas- solo ha saldado u$s41 millones del PDVSA 2037.

Con ese nivel de reservas que es el más bajo en dos décadas, los temores de default se fundan en los dramáticos índices y las escasas probabilidades de un repunte significativo del crudo, fuente de 96% de las divisas en este país dependiente de las importaciones.

El PIB se contrajo 36% en los últimos cuatro años, según la firma Econoanalítica, que calcula en u$s12.000 millones el déficit externo para 2018, cuando, asegura, Venezuela entrará en hiperinflación. Cabe señalar que el propio FMI proyecta que la inflación será de 2.349% en 2018.

Según diversos analistas el camino que elegirá el gobierno de Maduro para intentar evitar una cesación de pagos, es su política basasa en una agresiva reducción de las importaciones, incluyendo alimentos y medicinas. 

Ante la magnitud de esos compromisos, la oposición venezolana pidió al Gobierno una refinanciación de la deuda externa para evitar que los más de u$s2.000 millones que el país tiene que pagar en vencimientos de octubre y noviembre se reúnan sacrificando importaciones y agravando la situación de escasez que vive la nación.

"Es una propuesta que lanzamos para que en este momento (..) se refinancie la deuda y no se castigue a los venezolanos" para "cumplirle a los bancos y tenedores de los bonos", afirmó el presidente del Parlamento -en manos de la oposición-, Julio Borges.

Borges pidió "refinanciar la deuda para que se pueda tener dinero para comida y alimentos", además de una reforma profunda de la economía que contribuya "al bienestar de los venezolanos", hoy en condiciones difíciles por la escasez de alimentos y medicamentos que se percibe hace meses.

"Si a Venezuela se le está haciendo imposible pagar sus deudas es porque su economía implosionó y desde hace tiempo es totalmente incapaz de generar recursos propios. Un país que año a año destruye riqueza en vez de crearla es completamente inviable. Pero el régimen no parece dispuesto a ningún replanteo", agrega Borges.

"La principal causa de la crisis es el modelo económico que la administración chavista ha tratado de imponer en el país desde 1998 -dijo Ali Cárdenas, profesor de economía de la Universidad Católica Andrés Bello.

El resultado ha sido la sistemática destrucción del aparato productivo nacional, la distorsión de todos los mecanismos de mercado con los controles de precios, salarios y tipo de cambio, y el desorden fiscal y monetario más flagrante y criminal que sociedad occidental alguna jamás haya implementado.

"Esto ha desembocado en los niveles de inflación, déficit público y recesión que estamos sufriendo. Este gobierno no cambiará voluntariamente el modelo. De hecho, continúa negando sus efectos y se reafirma en las políticas equivocadas todos los días", agrega Dallen.

En ningún lugar se ve tan claramente el efecto de las políticas chavistas como en PDVSA, que fue históricamente la principal fuente de recursos del país. De ser una empresa estatal, pero controlada por una burocracia autónoma y calificada, pasó a manejarse con una lógica parasitaria que la fue corroyendo de a poco.

"Venezuela ha reducido su producción de petróleo en más de un millón de barriles diarios en los últimos años. La inversión petrolera ha sido nula por décadas. La recuperación de la industria a sus capacidades de producción históricas requerirá de inversiones considerables y tomará tiempo, aparte de una voluntad política de hacerlo, que es obvio este gobierno no tiene", concluyó Cárdenas.