La andanada de cambios que se vienen a nivel tributario, que fueran presentados por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, está dejando claros ganadores y perdedores. 

En este último grupo figuran las empresas de electrónica nucleadas en Tierra del Fuego, dado que el Gobierno tiene en carpeta introducir una simple pero profunda modificación en las reglas de juego, que amenaza con impactar en las bases del régimen de promoción industrial que es lo que hoy sostiene la actividad en la isla.  

En concreto, el macrismo anticipó que su proyecto contempla anular los impuestos internos a los celulares, televisores, monitores y otros dispositivos que se producen en el polo fueguino. De modo que dicha alícuota pasaría del 17% actual al 0%. 

Esto, que a primera vista parecería un beneficio para la industria nacional (dado que implicaría una menor carga impositiva y la posibilidad de ofrecer los mismos productos pero a precios más bajos), en realidad en la isla se vivió como un mazazo. 

Básicamente porque, según detalló a iProfesional el diputado nacional y secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Oscar Martínez, los dispositivos que se producen en ese polo y luego se comercializan en el resto del país, ya “gozan de exenciones impositivas”. 

En cambio, los que sí tributan este impuesto interno son, justamente, los productos electrónicos que llegan importados, principalmente de Asia. 

“Nos preocupa mucho el anuncio que hizo el Gobierno, porque está sacándole tributos a los artículos que vienen del exterior y compiten con los que se hacen en la isla. Además, el proyecto anticipado por Hacienda no estableció un límite sobre el tipo de artículos, y esto podría llegar a afectar a la totalidad de líneas de dispositivos que se fabrican aquí, lo que nos pone en una situación completamente desventajosa”, amplió el referente sindical. 

Actualmente, una empresa que decida importar un celular extrazona debe tributar un arancel externo del 16% y el impuesto interno, que actualmente es del 17%.

Sin embargo, tal como detalló a iProfesional el experto tributarista Daniel Lejtman, como estos gravámenes tienen la particularidad de que los mismos integran su propia base imponible (es decir, se calculan sobre el precio neto de los productos, más el propio impuesto), esto lleva a que la alícuota nominal del 17%, en realidad pase a ser de un 20,48%. 

Esta alta carga que sufren los equipos importados explica por qué más del 90% de los teléfonos que se venden en la actualidad a través del canal legal están producidos en la isla y hay poco margen para la oferta del exterior.

Debido a esta “mochila”, en general sólo los modelos de alta gama -como el iPhone- pueden sortear este escollo. 

Fuentes del sector agregaron un dato extra y no menor: al caerse una de las “barreras de contención impositiva” que hoy mantiene relativamente frenado el flujo importador, la producción fueguina podría volverse más vulnerable, dados los costos que enfrenta cotidianamente para poder operar. 

Para empezar, la logística representa, en promedio, el 5% del valor final de cada producto electrónico.  

Los contenedores con componentes llegan en barco desde Asia a Buenos Aires. De ahí viaja en camión cinco a seis días, a lo largo de casi 3.000 kilómetros, atravesando cuatro pasos aduaneros y migratorios, dado que parte del trayecto se hace por territorio chileno.

Este mismo proceso se repite cuando se despachan los dispositivos ya terminados, lo que encarece la operatoria.

En paralelo, está el factor mano de obra: se estima que un operario fueguino tiene un salario en dólares que resulta entre un 100% y un 150% más elevado que uno de Manaos. 

“Durante la anterior administración teníamos las licencias no automáticas y los impuestos como una barrera de protección frente a la competencia importada. Esto fue lo que permitió que en 2013 llegáramos a tener un récord de 16.000 empleados vinculados con la actividad. Ahora hay 9.000 puestos registrados y, si sacan ese tributo, se volverá inviable la producción nacional”, apuntó Martínez.

En este contexto, la gobernadora fueguina, Rosana Bertone‏, se sumó a las quejas y anunció que, frente a "los anuncios efectuados por el ministro Nicolás Dujovne, solicité una audiencia urgente con el presidente Mauricio Macri”, con el objetivo de "abordar la situación de la industria y el empleo en nuestra provincia, los cuales pueden verse gravemente afectados”. 

“De prosperar el proyecto de ley, el cual reduciría a 0% los impuestos internos en celulares, TV y otros productos electrónicos, significaría la disolución territorial de nuestra provincia”, disparó. 

En tanto, en el marco de la presentación que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo este miércoles en el Congreso, el senador nacional por Tierra del Fuego, José Nato Ojeda, afirmó que “la eliminación de la alícuota, del 17% actual a 0%, implica que ya no tendrá sentido fabricar esos productos en la isla. Que se le quiten los impuestos a las importaciones es gravísimo".

Estas palabras son una confirmación del denso aire que se respira en ese polo austral. 

El fantasma del cambio de las reglas de juego acecha y las más de diez plantas que se instalaron tanto en Río Grande como en Ushuaia, al amparo de las exenciones tributarias y el trato impositivo diferencial que habilitara el kirchnerismo, hoy están sintiendo en carne propia el plan aperturista del macrismo, que amenaza con hacer inviable cualquier producto con el logo “Industria fueguina”.

Notebooks: el anticipoEl antecedente directo de esta estrategia para alentar importaciones es el camino que el Gobierno eligió para abaratar las notebooks.

Los funcionarios eliminaron de un plumazo el arancel externo del 35% con el objetivo de que los valores en el mercado doméstico estuvieran más en línea con los de Chile, una economía a la que el macrismo mira constantemente como modelo de competitividad. 

Según diferentes relevamientos de consultoras privadas, las computadoras portátiles, al cabo de un año desde que se anunciara la medida, se abarataron cerca de un 35% en términos reales, un resultado que fue considerado exitoso por el Gobierno. 

Sin embargo, Carlos Scimone, directivo de CAMOCA -entidad que nuclea a varias compañías que producían notebookes en Capital Federal y provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe-, aseguró que el costo fue que “se perdieran más de 4.000 empleos y se diera marcha atrás con todo un proceso de inversiones que venían realizando las empresas del sector”. 

Al momento de presentar el plan que eliminaba el arancel externo del 35%, desde el Ministerio de Producción afirmaron que “el precio de las computadoras afecta cientos de miles de Pymes y emprendedores que el Gobierno busca acompañar para que sus proyectos sean más productivos, y donde la tecnología no debe ser una barrera de entrada, sino más bien un elemento de apoyo que permita dar el salto productivo para generar empleo”. 

Según los funcionarios del Ministerio de Producción, “hasta la entrada en vigencia de esta normativa, Argentina era el país más caro de la región para estos productos y eso representó una dificultad muy grande para el acceso al común de la gente y al que no tenía la posibilidad de viajar al exterior”. 

El plan oficial de eliminar impuestos al resto de los productos fueguinos (principalmente a celulares) tiene la misma motivación de facilitar el acceso tecnológico para así mejorar la competitividad. 

De hecho, durante la conferencia de prensa que brindó Dujovne días atrás, afirmó que los smartphones “no son bienes suntuarios, son bienes de capital, que hacen a la productividad de la economía y por eso es vital que sigamos acercándonos a los precios internacionales”.

El anuncio, provocó un “tsunami” entre las empresas que operan en la isla, pero la realidad es que el Gobierno ya venía dando pistas de que se venían cambios: a comienzos de año, en el marco de una gira por España, el ministro Cabrera ya había deslizado la posibilidad de avanzar con modificaciones para favorecer la importación de celulares en un futuro. 

Desde Madrid, Cabrera se encargó de dejar en claro una y otra vez que el plan iba a contemplar el "cuidado la industria nacional” de teléfonos. 

Pero esa frase prounciada hace meses hoy no tranquiliza a ningún empresario con un poco de memoria: el Gobierno había utilizado las mismas palabras en el caso de las notebooks, asegurando que se iba a liberar el mercado pero fomentando al mismo tiempo la fabricación local. Y la realidad es que hoy el nivel de producción de portátiles en la Argentina es cero.

Hay más antecedentes que hacen que los industriales hoy se sientan el “patito feo” del sector productivo. 

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, pero nadie hoy puede asegurar que el Gobierno garantice las mismas reglas de juego.

Cinco años atrás, un durísimo informe firmado por los economistas Eduardo Levy Yeyati y Lucio Castro, advertía que el modelo de la isla “involucra importantes erogaciones fiscales y un déficit comercial creciente”, con un aporte “menor en términos de empleo”. 

Ahora, ambos están en el Gobierno: Castro es secretario de Transformación Productiva, mientras que Levy Yeyati es asesor de la jefatura de Gabinete. 

Si les faltara otro motivo de preocupación a las empresas nucleadas en AFARTE -que ante la consulta de este medio optaron por no emitir opiniones-, en 2016 circuló un paper que anticipaba que el macrismo apuntaba a reconvertir económicamente a la isla para que uno de sus principales recursos fuera la producción de energía eólica.

A la luz de estos datos de la historia reciente, la defensa que este miércoles hizo Marcos Peña en el Congreso sobre el plan presentado por Dujovne, no hizo más que acentuar los temores. 

Es que el jefe de Gabinete afirmó que la reducción de impuestos será “gradual”, a aplicarse en un período de cinco años, cifra que coincide con la fecha de caducidad del régimen, en 2023.

Además, afirmó que "no es posible que una provincia dependa solamente de una actividad productiva muy concentrada, en muy pocas empresas", dejando en claro que el objetivo es diversificar esa economía. 

Plan de luchaFrente a la obsesión del Gobierno por bajar precios y facilitar el acceso tecnológico, en la isla la tensión se respira en cada despacho oficial y en cada oficina gremial. 

“De mi parte voy a defender a rajatabla las condiciones jurídicas que han hecho posible que la provincia pueda desarrollarse”, disparó la gobernadora. 

“Se perderían más de 9.000 puestos de trabajo directos, se destruiría el 30% de nuestro Producto Bruto y se desfinanciará la provincia”, agregó Bertone, quien anticipó que va a llamar a 84 diputados nacionales "uno por uno", si el proyecto ingresa al Congreso tal cual lo presentó Dujovne. 

Por lo pronto, la gobernadora convocó a una mesa multisectorial “en defensa de la Industria y el trabajo fueguino”, la cual se realizará este viernes 3 de noviembre por la mañan, en la casa de gobierno provincial. 

En tanto, Martínez, de la UOM, aseguró a iProfesional que se declararon en estado de asamblea permanente y que ya tienen pautadas una serie de medidas de fuerza a lo largo de todo el mes. 

“El 20 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Soberanía Nacional, vamos a realizar una movilización para que no se destruya el empleo y no desaparezca la industria en Tierra del Fuego. Y el día 28, vamos a hacer un paro general”, agregó.