Menos de un mes es lo que le quedaría de vida comercial a OCA. Más precisamente, la mayor empresa de correo privada del país tiene plazo hasta el próximo 5 de diciembre para regularizar su situación con la AFIP y así lograr que el Gobierno le prorrogue la licencia como operadora de servicios postales.

Ese día, vence el permiso precario otorgado por las autoridades para que la empresa siga operando mientras negocia un programa de pago de su deuda con el ente recaudador. 

Y para esa fecha, la compañía que dirige Patricio Farcuh debería presentar un certificado de reprogramación de la deuda que tiene con el ente recaudador que orienta Alberto Abad. Se trata de un monto cercano a los $500 millones por haber usado impuestos retenidos de terceros para financiarse y que aumenta en alrededor de $120 millones por mes.

Hasta ahora, en el organismo no tienen ninguna notificación oficial de parte de OCA para iniciar negociaciones que permitan acordar un formato de cancelación de este pasivo. Por lo tanto, cada día que pasa se le hace un poco más complicado a Farcuh evitar la caducidad de la licencia como prestadora de servicios postales.

Se trata de un permiso que todos los años las empresas deben obtener del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y que ineludiblemente debe contar con el correspondiente libre deuda de la AFIP. "Sin este papel es imposible que OCA o cualquier otra compañía de correos pueda seguir brindando sus servicios", explicaron a iProfesional fuentes del organismo que preside Miguel De Godoy.

Aseguraron haberle extendido un permiso precario a la empresa por 60 días que ya caducó. También admitieron haberle enviado a Farcuh una intimación para advertirle sobre el plazo con el que cuenta para obtener su licencia nuevamente y que llega a principios del mes que viene.

De hecho, las firmas postales deben presentar cada tres meses sus papeles vinculados con las operaciones, y cada año revalidar la actividad ante los organismos oficiales.  El trámite de renovación es casi automático: sólo se deben abonar $5.000, llenar varios formularios y solicitar un certificado fiscal ante la AFIP.

De no llegar con los tiempos, el futuro de OCA aparece como muy preocupante. En el Gobierno ya evalúan la hipótesis de su eventual disolución como sociedad y una posible quiebra en el marco del concurso preventivo de acreedores que ya presentó y que se tramita en un juzgado de la provincia de Buenos Aires.

Las sospechas que hay en el oficialismo sobre esta especie de "crónica de muerte anunciada" de OCA tienen que ver con los antecedentes que presenta el caso, con el nulo éxito alcanzado por Farcuh para negociar una tregua con la AFIP y con las certezas de que hasta ahora ha logrado sobrevivir financiando sus operaciones con el dinero que debería girar en concepto de aportes laborales.

"Farcuh es millonario. Estuvo en Ibiza donde alquiló un yate pagando casi u$s30.000 diarios y ahora dice que no tiene un peso para cancelar la deudas de OCA con la AFIP", se quejaron fuentes del Gobierno que siguen de cerca el caso.

La visión del empresario es diferente. Asegura que existe un complot para "voltear" la empresa y repartirse sus negocios entre el Correo Oificial y otras prestadoras de menor envergadura entre las que se encontraría OCASA, propiedad de Héctor Colella, ex mano derecha de Alfredo Yabrán.

En la actualidad, OCA cuenta con 150 sucursales, 2.000 agentes oficiales, casi 7.000 empleados y una flota de 1.000 vehículos, todo lo cual está en riesgo si finalmente se queda sin licencia.

Según su dueño, existe un plan para dejarlo fuera del negocio y la complicada situación financiera que padece la empresa fue provocada por desfalcos cometidos por referentes del gremio de Camioneros que manejaron OCA durante un período de casi 10 meses cuando lo echaron por la fuerza de su cargo.

Para Farcuh estos ex gerentes y enviados de Hugo Moyano cometieron el delito de administración fraudulenta, falsificación de firmas y le causaron a OCA graves consecuencias patrimoniales.

Según el empresario, durante esta gestión la deuda con la AFIP creció a $527 millones, hubo un vaciamiento del orden de los $1357 millones, falsificaciones de firmas por otros $721 millones, imputaciones contables falsas por $292 millones. Las cifras figuran en una solicitada publicada por Farcuh el 22 de octubre pasado en varios medios gráficos con el fin de denunciar este supuesto complot.

En esa nota, también se asegura que la operadora postal perdió clientes en manos de la competencia y que el Estado le adeuda $321 millones por servicios realizados. En el caso de los negocios, OCA ya se quedó sin dos operaciones importantes como son la distribución de un programa de medicamentos del Gobierno y la logística para repartir las ventas de Mercado Libre, otra empresa denunciada por la AFIP.

Desde el punto de vista legal, Farcuh comenzó a repartir los servicios de OCA en dos firmas diferentes como son OCA Postal, para los servicios de correo, y OCA Logística, para los no postales. Lo hace como alternativa a las consecuencias que para OCA tendrá el concurso preventivo de acreedores y como una alternativa para limpiar de pasivos y deudas a las dos supuestas nuevas operadoras postales.

También pretende traspasar actividades y prestaciones a otra firma postal bajo su control como es Seprit. De todos modos, esta empresa también opera con la licencia vencida y no le sería extendida por el Enacom. Incluso, entre los funcionarios consideran que los cambios de marcas y traspasos de activos son parte de una estrategia de Farcuh para vaciar OCA.