Las operadoras de telefonía móvil presentaron al Poder Ejecutivo y a representantes del Legislativo su propuesta para que adviertan cuánto más podría recaudar el Estado a partir de la quita de algunos impuestos que afectan a los usuarios de esos servicios.

Y habría consenso en avanzar sobre la quita de la tasa del 1% que pagan los abonados de la telefonía móvil para sostener al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).

Se trata de una primera movida de lobby que realiza este sector que, por año, mueve más de $130.000 millones, y que es utilizado prácticamente por la totalidad de los argentinos sin distinción de nivel socioeconómico.

La movida es inédita, aún cuando soporta una carga impositiva idéntica a la de cualquier otra actividad de servicios o de producción de la economía argentina. Pero hasta ahora, nunca habían levantado la voz sobre esta situación. Las especulaciones al respecto son variadas.

A esta instancia se llegó luego de que la GSMA, la organización que nuclea a las principales operadoras de telefonía móvil del mundo, encargara a la consultora EY un estudio sobre el impacto que tendría en la economía la quita o rebaja de ciertos tributos, básicamente, ingresos brutos, los tributos que paga el servicio, y los aplicados a dispositivos.

Tras la reunión, y como parte de conversaciones previas existentes entre los distintos actores del sector público y privado, una de las ideas que más consenso tendría entre los representantes del Gobierno es la eliminación del impuesto del 1% destinado al Enard, que solventa parte del presupuesto que necesitan los deportistas de alto rendimiento.

El impuesto dirigido a los atletas olímpicos es aportado sólo por los usuarios que pagan un abono de telefonía móvil. Se trata del 1% de la facturan que perciben cada mes. Alcanza a unos 16 millones de usuarios, sobre una base de 62 millones de líneas vendidas, según datos de la GSMA a septiembre de 2017.

En el Ministerio de Hacienda habría intención de eliminar esta carga. Del encuentro realizado en las oficinas de EY participó Santiago Afonso, jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda. También Héctor Huici, secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), del Ministerio de Modernización, a cargo de la definición de las políticas públicas del sector.

Huici ya se manifestó públicamente hace más de un año sobre la necesidad de implementar una reforma fiscal. Y, en el mismo sentido en que se expresó en el estudio "Mesa de diálogo de alto nivel: reforma fiscal para la inclusión digital" donde quedó de manifiesto, además, que aplicar impuestos internos a la telefonía móvil en general afecta al 40% de la población más pobre.

La intención de máxima del sector, a partir de este estudio, es no sólo poner el tema en discusión a nivel de Gobierno y Poder Legislativo sino también a ver la posibilidad de introducir alguna quita impositiva en el proyecto de reforma, tal como viene informando iProfesional.

Si bien ya se arregló con el Gobierno de Tierra del Fuego bajar aranceles al ensamblado de móviles -lo que impactará de manera positiva en su precio final- lo realmente importante es aplicar esa reducción en el servicio.

Acá pareciera que se abren dos vertientes: una cosa es quitar o reducir un impuesto a los dispositivos y otro, muy distinto, al servicio. Por una razón muy sencilla: un teléfono se compra una vez cada año o año y medio.

El servicio, en cambio, se paga todos los meses cuando se trata del abono, cada vez que se recarga cuando se trata del prepago, y eso puede repetirse varias veces a lo largo de ese lapso. Una reducción en este punto sería mucho más beneficioso para los usuarios porque se trataría de un costo que impacta directo en su presupuesto mensual.

Para introducir modificaciones en los impuestos internos que afectan a la telefonía móvil habría que recurrir a una ley, a tratar en el Congreso. Y, acá, pareciera que se abren algunas dificultades: si bien algunos actores del sector público se mostrarían proclives a avanzar en esa dirección, también dudan sobre el resultado final que podría provocar un proyecto de tales características. En otras palabras, que un eventual borrador apuntando a una reducción termine con una iniciativa en contrario, como a veces suele ocurrir.

Los escenarios planteados por las empresas móviles -eliminar el impuesto interno, reducir ingresos brutos y los aranceles de los terminales de Tierra del Fuego- permitirían sumar nuevos usuarios y, a su vez, incrementar la recaudación producto de esas adiciones y de la posibilidad de que contraten prestaciones adicionales.

Tal como están planteadas las cosas hasta ahora, esto no ocurrirá. En primer lugar, porque la reforma impositiva contempla subir el impuesto interno a la telefonía móvil de 4,7% a 5 por ciento.

"El combo actual es positivo para la compra del terminal, porque la reducción abaratará su costo, pero terminará siendo negativo para el servicio, porque será más caro para el usuario. El Estado recaudará más por este concepto pero será a costa de que los consumidores paguen más", dijo una fuente del sector.

De ahí la insistencia de las operadoras móviles de introducir una modificación en el esquema tributario que permita que vislumbrar, una vez más, que las reducciones podrían impactar positivamente a nivel de consumo de servicios y, con ellos, en la recaudación impositiva.

Del encuentro realizado en EY y liderado por Sebastián Cabello, director de la GSMA, participaron, además de Huici y Afonso, Silvana Giudici, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Ricardo Porto, senador integrante de la Comisión de Comunicaciones, y los directores financieros de las operadoras móviles, que tienen al dedillo lo que se paga al Estado en concepto de impuestos.