El Senado bonaerense convirtió en ley el proyecto que obliga a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.

La norma invita a sumarse a los 135 municipios, a sus concejos deliberantes y a las asociaciones gremiales, y entidades que administren derechos e intereses entre el sector público y la ciudadanía.

En el ámbito legislativo, la ley obliga a presentar sus declaraciones patrimoniales a los diputados y senadores, secretarios, prosecretarios, directores, subdirectores y personal que intervenga en el manejo de fondos públicos.

La exigencia se extiende a todo el sector público provincial, la administración central, entidades descentralizadas; empresas y sociedades del Estado, además de fondos fiduciarios, y otras organizaciones. Recomienza a adherirse al régimen, además, al Poder Judicial.

Estarán exceptuados los maestros que desempeñen tareas docentes y los candidatos a cargos electivos en la provincia de Buenos Aires que, en función de su desempeño como funcionarios públicos, ya hubieran presentado la declaración jurada patrimonial.

"Es un paso clave en la lucha contra la corrupción. La norma cumple con uno de los grandes reclamos ciudadanos, que tiene ver con transparentar la labor política", afirmó el senador Walter Lanaro (Cambiemos).

"La iniciativa viene a complementar las medidas ya impulsadas por la gobernadora María Eugenia Vidal. Los datos serán de acceso público, para que los bonaerenses sepan cómo venimos a la política y cómo nos vamos. Esto es parte del cambio", dijo el legislador según La Nación.

La ley se aprobó a última hora del jueves, luego de los incidentes entre la policía y los sindicatos que se oponían a la reforma de la Caja de Previsión Social del Banco Provincia.

Al menos diez personas resultaron heridas durante los enfrentamientos, que se iniciaron en la calle 7, entre 51 y 53, y derivó en el lanzamiento de balas de goma y gases lacrimógenos.

En medio de los incidentes, el intendente de Ensenada, Mario Secco (Unidad Ciudadana), ingresó por la fuerza en el recinto de la Cámara de Diputados. Fue denunciado por el delito de intimidación pública.