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Economía

A través de un DNU, el Gobierno aliviará sanciones a empresas por empleo "en negro"

Por decreto, Macri aliviará sanciones a empresas por empleo "en negro"

La normativa bajará las multas y los tiempos de permanencia en un registro de infractores que se creó en 2014 a modo de un "veraz laboral"

10.01.2018 12.46hs Economía

El Gobierno reducirá las multas previstas para las empresas con trabajadores no registrados. Será parte de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de publicación inminente que incluirá un extenso abanico de medidas bajo la premisa de "desburocratización del Estado" y que, en el aspecto relacionado con el empleo informal, reemplazará parte de los postulados que estaban previstos en el proyecto de ley de reforma laboral. 

La medida contempla una modificación integral de la Ley 26.940 sancionada por la administración anterior y que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

Según ímbito Financiero, el cambio prevé una reducción de las multas dinerarias establecidas en el régimen y también de los tiempos de permanencia de las compañí­as inspeccionadas dentro del registro, considerado una suerte de "veraz laboral". En la actualidad hay 22.000 empresas incorporadas en ese registro.

En el Ministerio de Trabajo justificaron la relajación de los parámetros del Repsal en la necesidad de facilitarles a las empresas una vuelta a la normalidad lo antes posible una vez saldada su deuda de aportes y contribuciones por haber mantenido personal no registrado.

La Ley 26.940 que alumbró el sistema vigente estipula que las compañí­as sancionadas no pueden "acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, lí­neas de crédito otorgadas por bancos públicos", celebrar contratos de diversa í­ndole ni participar de concesiones o acceder a beneficios económicos de parte del sector público. 

Cerca del ministro Jorge Triaca alegaron que las condiciones previstas en el Repsal habí­an derivado en una suerte de parálisis de las inspecciones del trabajo por considerar que la inclusión en el registro podí­a significar una suerte de condena al estancamiento o incluso quebranto de las compañí­as incluidas. En la actual gestión la inspección laboral alcanzó las 100 mil empresas y unos 400 mil trabajadores. La proporción de infracciones llegó a una cuarta parte de los empleados, con una con una tasa de formalización del 70 por ciento. 

Según los funcionarios, suavizar las multas y cepos contemplados en el Repsal permitirí­a relanzar las inspecciones, multiplicarlas y obtener, eventualmente, una mayor propensión al cobro de multas y formalización de asalariados dentro del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT). A la par de la reducción de multas y tiempos de permanencia el decreto que publicará el Ejecutivo aumentará las sanciones para los casos de empleadores reincidentes. 

Uno de los artí­culos del decreto reduce de 90 a 30 dí­as el plazo de permanencia en el Repsal de los infractores que acrediten "la imposibilidad fáctica o jurí­dica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción". Y limita al propio Gobierno a un perí­odo de "no más de 30 dí­as corridos para efectivizar la inscripción en el Repsal" una vez constatada la irregularidad, señala el matutino. 

Además, deroga un artí­culo que condenaba a las empresas infractoras que hubiesen incurrido en "obstrucción a la labor de la inspección del trabajo" a permanecer en el registro por 180 dí­as más una vez regularizados sus pagos pendientes.

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