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El dueño de Indalo también le pidió a la Cámara Federal que levante la inhibición de bienes que dispuso en su contra el juez Ercolini
14/02/2018 - 14:09hs

Cristóbal López y Fabián De Sousa, los dueños del grupo Indalo que están detenidos desde el 19 de diciembre por orden del juez Julián Ercolini, apelaron su procesamiento y prisión preventiva ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, con un extenso escrito al que accedió Clarín.

Plantearon que nunca se concretó la venta del Grupo Indalo, y criticaron el embargo de $17.000 millones.

La defensa de ambos, a cargo de Carlos Beraldi, pidió que se revoque el procesamiento por defraudación al Estado al no pagar a la AFIP -durante el último gobierno de Cristina Kirchner-, el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) generando una deuda de $8.000 millones.

Los cálculos oficiales actualizaron esa cifra en $17.000 millones, y es lo que el organismo que conduce Alberto Abad reclama a modo de resarcimiento por “los daños y perjuicios ocasionados”.

López señaló que Oil Combustibles -la firma del grupo que no pagó el ITC- se acogió a planes de facilidades de pago “otorgados por la AFIP” dirigida entonces por Ricardo Echegaray, procesado en esta causa. También recordó que la actual gestión del organismo le “otorgó a Oil y a firmas de Indalo planes de similares características” a los recibidos en la maniobra investigada. La Justicia sostiene que el dinero que debía ir al fisco se utilizó para financiar al holding y adquirir medios de comunicación.

“Los planes fueron adquiridos en igualdad de condiciones que otros contribuyentes”, señala el escrito. Para la justicia, hubo “facilidades y beneficios especiales” para Indalo.

En el escrito presentado ante la Cámara Federal porteña, Beraldi niega cualquier “acción tendiente a obstruir la justicia”, y asegura que no “se ha impedido la conservación de la garantía jurisdiccional (el valor del patrimonio del Grupo)”, rechazando así los principales argumentos de Ercolini para dictar la prisión preventiva. Este aspecto está vinculado con la intención de López y De Sousa de vender Indalo a OP Investments.

Para el juez, se avanzó en la negociación para la venta y luego “se solicitó autorización a la Justicia”, un requisito clave pues el holding cuenta con una inhibición general de bienes.

Pero Cristóbal López señala que la venta “no se concretó y no hay impedimento judicial para modificar la conformación de los directorios”, ya que Rosner y Dellatorre asumieron como presidente y vicepresidente de las principales empresas, entre ellas Oil Combustibles. Además, el empresario K indicó que ni siquiera se abonó el valor de compra, que de manera simbólica se fijó en 100 pesos.

Por eso pidió su excarcelación, y en caso de ser rechazada “una morigeración a través de un dispositivo electrónico”, es decir una tobillera.

Otro de los puntos objetados en el escrito es el embargo de $17.000 millones para los dueños de Indalo. Para la justicia la cifra representa la deuda global de Oil con el Estado, con intereses y punitorios. López, en cambio dice que la deuda real sería de $6.793 millones, tal como figura en el concurso preventivo de acreedores reabierto por orden de la sala D de la Cámara Comercial.

Por ello pide que se revoque no sólo el embargo sino también, que se levante la inhibición de bienes dictada sobre la totalidad de las empresas de Indalo al considerar que “nada tienen que ver con la causa”.