El Gobierno nacional busca establecer topes de presión tributaria para cada provincia para asegurarse que cumplan las reglas del Consenso Fiscal, que determinó límites de alícuotas para impuestos inmobiliarios y un cronograma de reducción de Ingresos Brutos.

La otra norma que regirá sobre las administraciones tanto de gobernadores como nacional, la ley de Responsabilidad Fiscal, ya aprobada en el Congreso, tendrá un límite más laxo a la hora de considerar el nivel de endeudamiento de un distrito.

Estas fueron algunas de las conclusiones de la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, con presencia de 17 provincias y funcionarios de los ministerios de Hacienda e Interior.

Entre los principales puntos tratados en la reunión hubo tres salientes: la contabilidad del nivel de deuda de cada provincia, plazos para presentar información presupuestaria y coeficientes de presión impositiva para cada distrito.

Para el primer caso, se acordó no contabilizar dentro del cálculo de endeudamiento las amortizaciones de letras de tesoros provinciales a corto plazo, por lo que sólo será considerada la deuda pública consolidada, es decir la que trascienda el ejercicio anual.

En segundo lugar, habrá presentaciones de información mensual de cada gobernación sobre ingresos y gastos. Por último, la Nación informó a las provincias que comenzará a diseñar, con información que provea cada jurisdicción, de una suerte de "tope" de presión tributaria que no podrá ser excedido y que servirá como medida para evaluar el cumplimiento de la ley de Consenso Fiscal.