Telefónica mantiene juicios tributarios en Brasil sobre impuestos directos e indirectos por un total de 23.712 millones de reales (u$s7.330 millones), según reportó el grupo español en su informe financiero del ejercicio 2017.

Entre los conflictos más importantes, se destaca una serie de recursos relativos al ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios), un tributo parecido al IVA, que grava entre otras cosas a los servicios de telecomunicaciones.

En este caso, el operador está discutiendo con las autoridades fiscales brasileñas sobre las partidas que deben ser alcanzadas por esta tasa.

De hecho, el Estado brasileño le exigió en 2015 que este impuesto abarque las penalizaciones por incumplimiento que cobra a sus clientes, la publicidad en Internet, servicios de valor agregado, alquiler de módems, y la assinatura básica (abono básico).

En este sentido, un fallo judicial acepta la posición del fisco en detrimento del operador Oi, que podría afectar a otras compañías de telecomunicaciones, entre las que se encuentra Vivo, de Telefónica. Aunque falta la resolución del Tribunal Supremo.

En Telefónica creen que todos los procesos administrativos y judiciales están siendo impugnados en todas las instancias, por lo que el importe acumulado estimado de contingencias posibles –incluyendo intereses, sanciones y otros conceptos– llegaría a los 18.968 millones de reales (unos u$s5.860 millones).

A pesar de ello, Telefónica Brasil asegura que posee informes externos que respaldan su posición, es decir, que los referidos servicios están exentos del ICMS. Pero este no es el único tributo que desvela al gigante español de las telecomunicaciones.

El otro es impuesto sobre sociedades (o impuesto federal), por 4.744 millones de reales brasileños (u$s1.466 millones) al 31 de diciembre de 2017, entre las que destacan las relacionadas con la amortización fiscal en Brasil en los años 2011 y 2012 del fondo de comercio originado en la adquisición y fusión posterior de Vivo con Telefónica Brasil (inspecciones fiscales de 2016 y 2017), según reveló el País.

Estos procesos se encuentran en fase administrativa y no se ha registrado ninguna provisión al respecto puesto que la calificación del riesgo de los mismos es no probable y Telefónica Brasil cuenta con informes externos que apoyan su posición, según aclara en su informe anual.