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Guerras comerciales, acusaciones y varios millones tras la venta de datos secretos de la AFIP

Guerras comerciales, acusaciones y varios millones tras la venta de datos secretos de la AFIP

La caída de una banda que traficaba información reservada desnudó un floreciente negocio ilegal. Un empresario detenido acusa a sus colegas 

25.02.2018 14.35hs Impuestos

Serán muchos los datos sorprendentes que verán la luz cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral levante el secreto de sumario sobre la causa que investiga el tráfico ilegal de datos fiscales por parte de una banda integrada por empleados del sector Sistemas de la AFIP, y que también involucra al dueño de una empresa de informes comerciales.

Acusados por violación del secreto fiscal y asociación ilí­cita, los detenidos habí­an desarrollado un sofisticado mecanismo para acceder en forma remota a las más reservadas bases de datos del organismo recaudador.

Según trascendió en la justicia, habrí­an robado datos de miles de personas y empresas, que habrí­an vendido en un mercado ávido de obtener esa información ilegal

El tráfico ilegal de los informes reservados que se acumulan y se cruzan en la AFIP se hizo habitual, y alcanzó su punto máximo durante la gestión de Ricardo Echegaray: sin disimulo, el kirchnerismo utilizó secretos fiscales para amenazar y perseguir opositores, para proteger a aliados -o socios- y para cerrar negocios.

Todo estalló en agosto pasado, cuando Página/12 divulgó con detalles la información sobre el blanqueo de fondos por parte de parientes y amigos del Presidente. Macri estalló en cólera, ordenó descubrir y castigar la filtración, y pidió informes periódicos sobre el asunto.

El titular de la AFIP, Alberto Abad, desplazó al jefe de Sistemas y hombre de su máxima confianza, Jorge Linskens, y le encargó una profunda auditorí­a a la consultora Deloitte.

Los auditores detectaron la fuga de información que, tras una investigación de la AFIP y la Agencia Federal de Inteligencia y la orden de Canicoba Corral, acabó el 2 de febrero con las detenciones de cinco empleados del ente, entre ellos el jefe de División, Sebastián Karamanian, y el dueño de la firma de informes comerciales ADS Reportes Online, Leandro Rodrí­guez. Hasta la semana pasada quedaba prófugo el empleado de Rodrí­guez Marcelo Vecchio, pero se entregó en el juzgado de Canicoba.

"Rodrí­guez no tuvo, no vio ni mucho menos vendió a nadie datos sobre el blanqueo de capitales de nadie", afirma su abogado, el conocido penalista y ex funcionario Juan Pablo Fioribello.

"El es amigo de Karamanián desde 1994, estudiaron juntos y viven en el mismo barrio privado. Pero no tiene idea de quiénes son los demás imputados que trabajan en la AFIP, ni hizo negocios con ellos", advierte el abogado. "No me consta -y el Juzgado tendrá que acreditarlo- que nuestro cliente compraba información secreta. Si lo acusan de violar el decreto fiscal, lo defenderé y confí­o en que el juzgado comprenderá que Rodrí­guez no integra ninguna asociación ilí­cita".

"Hay que esperar a que el juez levante el secreto de sumario, pero desde ya te digo que hay cosas que no son como las contaron la AFIP y la AFI. Por ejemplo, el dinero que la Gendarmerí­a encontró en un departamento de Constitución es de un financista que eventualmente trabajó con Rodrí­guez pero que tení­a otros clientes. No es plata de ninguna banda", continúa Fioribello. Se refiere a los más de 5 millones de dólares secuestrados en un inmueble de Daniel Courmanian.

"Esto comenzó con una interna comercial entre empresas que ofrecen informes comerciales. Reportes Online viene creciendo en su proporción de mercado, y mi cliente responsabiliza a uno de sus principales competidores, el dueño de la firma Nosis, Daniel Precedo, de involucrarlo a él en esta causa para quedarse con sus clientes", dispara el abogado.

En el entorno de Rodrí­guez también afirman que Precedo y otro empresario del rubro, Bernardo Sokal, no sólo intentaron quedarse -o recuperar- cuentas supuestamente perdidas a manos de Reportes Online, sino que habrí­an visitado a Abad para intentar involucrar a su firma en alguna causa judicial, Y avisan que podrí­an probarlo.

"Es una locura", replican a Clarí­n desde Nosis. "Desmentimos absolutamente cualquier injerencia en los asuntos de este hombre, y como todo el mundo sabe reiteramos que nuestra empresa jamás compró ni vendió información ilegal". Aunque evitaron cualquier otro comentario, según otro empresario del rubro habrí­a sido Rodrí­guez quien el año pasado fue a las oficinas de Nosis para reunirse con Precedo, quien habrí­a evitarlo recibirlo a solas.

Bernardo Sokal, el supuesto acompañante de Precedo en su visita a Alberto Abad -según la versión que Rodrí­guez agita desde la cárcel- es el director de la empresa Servicio Interactivo de Informes. Ambos, a su vez, son directivos de la Cámara de Empresas de Información Comercial, en la que Rodrí­guez habrí­a intentado ser admitido al menos dos veces. "Pero no lo aceptamos, porque todo el mercado sabe que ofrece información ilegal", explica otro empresario del sector a cambio de no ser identificado.

En la guerra entre las firmas de informes comerciales hay millones de pesos en juego. Aunque las empresas más grandes tienen décadas en el mercado y responden a casas matrices internacionales, hay un activo mercado negro de datos ilegales, cuya fuente central siempre fue la AFIP. Y pese al riesgo por ser descubiertas, muchas empresas y hasta organismos públicos pagan fortunas por esa información secreta.

Sin sembrar sospechas sobre el tipo de datos que compraban, entre los clientes de Reportes Online está el ministerio de Seguridad, la Prefectura, la Policí­a Federal, varios gobiernos municipales, una docena de aseguradoras de primera lí­nea, casi todos los bancos, una de las tarjetas de crédito internacionales más grandes, empresas de servicios públicos y, según anuncia Reportes en su página web, hasta la embajada de Estados Unidos.

Clarí­n tuvo acceso a uno de los informes comerciales de la empresa de Rodrí­guez. Aunque en apariencia luce como los de otras firmas del sector, algunos cuadros contienen datos inequí­vocamente ilegales:

Retenciones y percepciones impositivas de los últimos 14 años, detalle de las remuneraciones percibidas y gastos en medicina prepaga incluidos montos y tipo de plan, listado de tarjetas de crédito con importes de gastos -en uno de los informes se puede abrir la pestaña para acceder al detalle de las compras-, operaciones de cambio de moneda en los últimos años, tenencias accionarias con su valor y el saldo actualizado, resumen de las declaraciones juradas de Ganancias y de IVA, detalles y montos de plazos fijos, detalle de remuneraciones salariales y de cobro de jubilaciones.

Sin descuentos por cantidad o cuentas corrientes, ni profundizaciones sobre alguno de los puntos, por esos datos habí­a que pagar unos $20.000 al contado. Y por cada detalle especí­fico sobre esos rubros, otros 10.000 pesos.

"‹La historia de este informe ilumina otro costado desconocido del duro mundo de los negocios: el trabajo fue encargado a un detective privado porteño por parte de una firma multinacional europea, que con reserva pidió investigar el patrimonio de sus directivos locales y sus familiares para chequear que ninguno de ellos hubiera tenido aumentos inexplicables después de cerrar negocios con el Estado.

Detrás de esa inquietud aún se agita el fantasma de Odebrecht, la constructora brasileña condenada por pagar miles de millones de dólares a funcionarios de doce paí­ses para ganar obras públicas.

Los investigadores también siguen otras pistas. La acumulación del efectivo obtenido por la venta de datos ilegales habrí­a inaugurado un negocio de segunda generación: descuentos de cheques en negro, préstamos, colocaciones informales y todo el menú de servicios de cualquier cueva financiera. La fortuna secuestrada en la calle Salta podrí­a corresponder a este tipo de emprendimientos.

Según aseguraron a Clarí­n tres fuentes que utilizan informes financieros, la banda de la AFIP no era la única que ofrecí­a información ilegal.