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Lorenzetti, entre lí­neas: el Poder Judicial acusó la pérdida de prestigio social y el reclamo de mayor dureza

Lorenzetti, entre lí­neas: Poder Judicial acusó la pérdida de prestigio social y el reclamo de mayor dureza

Desde el máximo tribunal buscan impulsar resoluciones más rápidas. Además, debaten sobre el horario de atención de los tribunales y el régimen de ferias

Por Sebastian Albornos
07.03.2018 14.04hs Legales

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, dio su discurso de apertura del año judicial y mostró cierta permeabilidad a los reclamos de los sectores de la sociedad y el propio Gobierno, que le reclaman resoluciones más rápidas y que en los casos penales se de preponderancia al rol de la ví­ctima.

Además, instó a debatir ciertos temas que son considerados "tabúes" como el horario de atención al público y el régimen de vacaciones.

También dio un apoyo implí­cito a los proyectos de Código Penal y Código Procesal Penal de la Nación, impulsados por el oficialismo, que están por ser analizados en el Congreso.

Hay que destacar que en el segundo se les da una mayor participación a los fiscales, por lo que desde el Gobierno consideran que esa postura reducirá los casos de "mano blanda" de los jueces, que liberaron presos que al poco tiempo volvieron a delinquir.

Apenas comenzó con su alocución, Lorenzetti llamó a los magistrados a hacer una "autocrí­tica" sobre cómo está funcionando el Poder Judicial y los exhortó a encabezar una "transformación profunda", que supere las polí­ticas "pendulares".

En ese punto, indicó que comenzaron a debatirse distintas polí­ticas en ocho comisiones que van a sesionar entre el Palacio de Tribunales y la Asociación de Magistrados hasta el próximo jueves.

"Necesitamos un sistema que defienda las garantí­as y que permita luchar contra la impunidad", enfatizó Lorenzetti.  Entre esas reformas necesarias, puso de relieve -por ejemplo- que la Argentina aun no cuenta con una ley del arrepentido.

Claves del discurso
El presidente de la Corte respaldó el proyecto de reforma de Código Penal que impulsa el Gobierno y pidió resolver otras cuestiones como el régimen electoral.

En este punto, planteó la necesidad de agilizar el servicio de justicia. Dijo que no puede ser que existan resistencias a que se extienda el horario de atención en tribunales y convocó a los sindicatos a participar de la discusión para facilitar el trabajo de los abogados.

"Tenemos que tener una actitud más abierta. Si hay que cambiar las costumbres, los horarios, ¡hagámoslo!, ¿cual es al problema? No puede generar tanta discusión. Tenemos que pensar en estar más cerca de la gente. Hay que tomar decisiones y cambiar. Si las instituciones no cambian, los ciudadanos cambian", resumió.

Precisamente, sobre este tema, en la apertura de las sesiones legislativas del año pasado, el presidente Mauricio Macri se quejó de que los tribunales cierren a las 13.30 y tengan 45 dí­as de feria, que los jueces escriban en "español antiguo", que los procesos sean "poco transparentes" y que las causas avancen tan lento.

Modificaciones
El máximo tribunal tomó cartas en el asunto y comenzó a proponer distintas modificaciones en su funcionamiento. Ahora, debatirá con colegios de abogados, asociaciones de magistrados y sindicatos los posibles cambios al sistema judicial.

Entre ellos, buscará:

- Celeridad de los juicios penales: narcotráfico, corrupción, trata de personas, delitos en general.

- Implementación gradual del sistema acusatorio: el fiscal en lugar del juez es quien impulsa la causa. Se debatirá la limitación de las apelaciones e impulsarán las audiencias y concentración de actos para agilizar los procesos.

- Mecanismo de cumplimiento de las penas y principios de armonización entre seguridad ciudadana y garantí­as del proceso penal.

- Que las causas no duren tanto tiempo en los fueros civiles, comerciales, laborales y previsionales instalando la oralidad en los procesos; favorecimiento de la conciliación; capacitación en métodos de resolución alternativa de disputas.

Respecto a las reformas procesales, los abogados porteños proponen analizar posibilidad de limitar las apelaciones, convertir los plazos en perentorios (obligatorios y no indicativos).

Si el juez no lo hiciera, podrí­a cesar la acción penal o perder la competencia por morosidad. Otro cambio: enviar las causas a juicio oral sólo con el procesamiento de los imputados confirmado por la cámara, eliminando el trámite de oposición al requerimiento de elevación a juicio. 

En cuanto al acceso a la Justicia, se pretende crear juzgados de pequeñas causas y formación de mediadores para una efectiva solución rápida de conflictos en los sitios donde se producen.

Por otro lado, se analizará la propuesta legislativa de acciones de clase y procesos colectivos redactada por un cuerpo de especialistas convocados por el Ministerio de Justicia. Las denominadas "class action" se rigen en la actualidad, ante una falta de ley, por una acordada del máximo tribunal, que dio algunos lineamientos.

Julio Piumato , el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), destacó que "las causas son largas por los temas procesales" y, en esta lí­nea, cuestionó "las chicanas de los abogados" y los recursos con los que cuentan, como así­ el hecho de que "faltan más de 300 jueces porque no los contrata el Ejecutivo" y que el sector recibe sucesivos recortes presupuestarios.

- Mejoras en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura: acortar los plazos de designación y selección de magistrados, para cubrir el cien por ciento de las vacantes, tanto en el orden nacional como en el provincial.

Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, quieren "reordenar el Consejo de la Magistratura, respetando el equilibrio de las representaciones (jueces, abogados, legisladores, académicos y representante del Poder Ejecutivo) establecido en la Constitución, tanto en el plenario del cuerpo como en sus comisiones".

La asociación conducida por Guillermo Lipera plantea para la selección de magistrados un plazo máximo de 90 dí­as hábiles, prorrogables por sólo 30 dí­as más. Si al término de ese tiempo el plenario no elevó la terna de candidatos, quedará la que surja del concurso previo

Y si el Senado rechaza al candidato elegido por el Presidente, automáticamente deberá considerar a los otros dos ternados por la Magistratura.

Además, los jueces le pedirán al Congreso que avance con la ley de subrogancias, que ya tiene media sanción, para lograr la cobertura inmediata de vacantes judiciales transitorias.

Una nueva organización del trabajo judicial
La polémica más relevante se dará en los cambios que se propongan al régimen de la feria judicial, horarios y licencias.

Para Jorge Rizzo,  titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), "la feria es un privilegio pero ahora eliminarla podrí­a afectar derechos adquiridos". Y seguido de esto subrayó que a quien más complicarí­a esta medida es "a los estudios chicos" dado que "los grandes no tendrán ningún problema". Y propone ampliar el horario de atención a ocho horas en lugar de las seis actuales.

En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay apoya esta clase de reformas porque "el régimen de vacaciones que tiene el Poder Judicial es absolutamente privilegiado. No hay ningún otro sector que tenga un mes y medio. Esto lo convierte al mismo tiempo que el no pago de Ganancias en un sector diferencial respecto de todos los demás asalariados".

Por su parte, Piumato -sobre la propuesta de cambiar horarios- destaca que "si ponen 8 horas, van a ser 15 porque las jornadas en la Justicia se prolongan (...) No se ha dicho si van a pagar más por el cambio de horario".

Hace unos meses, los magistrados analizan eliminar la feria de julio, mover la de verano del 15 de diciembre al 15 de enero, ampliar la jornada de trabajo a ocho horas, correr el horario de atención y hacerlo de 9.30 a 15.30 (hoy es de 7.30 a 13.30) y restringir las "licencias especiales".

Los jueces analizarán hasta el jueves la organización del trabajo del personal y métricas y sistemas de evaluación, permanencia y desvinculación de funcionarios y empleados.

También debatirán como llevar adelante la ampliación de cuerpos periciales, a la que consideran relevante, tanto en materia penal, como en el plano laboral, para accidentes de trabajo por ejemplo, en las prestaciones de salud, etc.

En cuanto a la selección del personal judicial, los abogados piden "que el ingreso de personal -no funcionarios- sea universal y esté basado exclusivamente en la aptitud y capacidad individual de los candidatos".

Para lograrlo, proponen un sistema para formar y educar a los aspirantes, que luego serí­an "evaluados de modo objetivo (eliminando todo tipo de subjetividad) en un examen".

En el Palacio de Tribunales se analizará la manera de aplicar de modo urgente las nuevas tecnologí­as, lo que exige discernir distintos aspectos:

1) gestión: es el desarrollo de sistemas que permitan que los abogados puedan presentar sus demandas on line y los magistrados tramitar sus procesos, incluyendo notificaciones, pagos, informes, etc por la ví­a digital. 

2) digitalización de documentos y expediente digital: es la fase de inicio de un expediente en primera instancia hasta su finalización. 

3) información digitalizada de datos para mejorar la trasparencia y los niveles de análisis estadí­stico de la información.

Lipera propone la "transformación digital del sistema judicial", con un "Workflow documental que resuelva toda creación, validación y guarda de los documentos", y la "puesta a disposición de la ciudadaní­a de toda la información generada durante la gestión del expediente judicial".