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Mafia de los contenedores: la causa avanza sobre exjefes de la Aduana y 30 empresarios

Mafia de los contenedores: la causa avanza sobre exjefes de Aduana y 30 empresarios

Tres ex funcionarios de la gestión de Echegaray fueron ciotados a declaración indagatoria, entre otros 36 sospechosos            

12.03.2018 14.19hs Impuestos

El modus operandi comenzó, por lo menos, en 2014, y se repitió en 20 oportunidades. Los contenedores llegaban desde China a la Argentina con varias toneladas de telas y otros productos textiles.

Pero, con documentación apócrifa, se alteraban los datos de cada carga con información de productos y artí­culos de escaso valor para pagar aranceles aduaneros inferiores a los correspondientes. Se trata un voluminoso expediente judicial conocido como "la mafia de los contenedores".

La causa, que comenzó tras una presentación de la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Procuradurí­a de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac), ya tiene 253 cuerpos.

En las últimas horas, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó sin prisión preventiva por los delitos de contrabando y asociación ilí­cita a tres empresarios, 16 comerciantes y 14 empresas que, presuntamente, integraban la banda criminal y que supuestamente contaba con colaboración de funcionarios aduaneros. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir 3.873.646.996,15 pesos.

Así­ lo revelaron a La Nación calificadas fuentes judiciales. También fueron procesados despachantes de aduana , licenciados en administración, empleados de las firmas involucradas y hasta una ama de casa.

Además, Aguinsky citó a indagatoria a otros 36 sospechosos, entre ellos tres de los máximos jefes aduaneros durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi. Este último fue jefe de la Aduana de Buenos Aires y en un allanamiento le secuestraron u$s500.000 que estaban en una bolsa anaranjada de una cadena de heladerí­as.

Entre los sospechosos citados están, también, tres integrantes de la familia Paolantonio, propietarios de una empresa encargada de la logí­stica y a quienes el Ministerio Público Fiscal les adjudica numerosos hechos.

El Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico Marí­a Gabriela Ruiz Morales y la Procelac, a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, quienes en un dictamen de octubre pasado pidieron la indagatoria de empresarios y aduaneros y reconstruyeron una operatoria con, al menos, tres tipos de maniobras ilí­citas:

-Importaciones con documentación apócrifa para "ingresar al paí­s una cantidad, calidad, especie o peso distinto" a la declarada.

-Contenedores trasladados a depósitos fiscales, con "diferencias de peso, cantidad y calidad respecto a lo efectivamente declarado".

-Contenedores inspeccionados por aduaneros al descargarlos de los buques.

La investigación tiene varios legajos y diferentes partes del expediente ya fueron elevados a juicio oral y publico. Es el caso del legajo en el que está procesado Claudio "Mono" Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido.

Según informaron fuentes judiciales, el juez Aguinsky separó el expediente en varios legajos porque "analizar las operaciones de la Aduana entre 2014 y 2016 por todos los rubros juntos formarí­a una megacausa con un destino de fracaso por la multiplicidad de operadores que se mezclan. Cada capí­tulo confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico está en condiciones de elevarse a juicio oral. Así­ ningún tiene que esperar toda la causa para ser juzgado".

Todo comenzó con una presentación que hizo la DGA, conducida en ese momento por Juan José Gómez Centurión, ante la Procelac. Era el mes marzo de 2016. El funcionario habí­a asumido en diciembre de 2015 y le dio impulso a la investigación para desbaratar la denominada "mafia de los contenedores"

"Conforme lo señalara la Procelac , mientras que lo que hace algunos años constituí­an hechos de subfacturación o subdeclaración (sic) del valor en aduana, en este caso lo que se ha logrado desbaratar es una organización que directamente sustraerí­a del control aduanero mercaderí­a de alto valor y carga arancelaria por medio de la simulación de embarques compuestos por artí­culos de escaso valor y baja carga arancelaria, supuestos que necesariamente requerí­an de la falsificación de la documentación de origen de cada enví­o", sostuvo el juez Aguinsky en la resolución donde procesó a los sospechosos.

El magistrado explicó: "En el contexto de la presente causa, antes que la confección de facturas comerciales apócrifas, en la que solo se falsean los valores reales de la mercaderí­a, lo que cobra relevancia es la emisión masiva de conocimientos de embarque material e ideológicamente falsos, puesto que de este modo se habrí­an alterado la casi totalidad de los datos de carga".

A modo de ejemplo, en uno de los contenedores que salió desde Shanghai, China, habí­a 1322 rollos de tela con un peso de 26.221 kilos. Pero en la documentación de transporte presentada en la Aduana se consignaba que se trataba de 8850 kilos con 250 bultos de "plastic flowers" (flores artificiales).

Los 20 casos investigados en este legajo -en dos casos los sospechosos pudieron sacar la mercaderí­a del puerto y en 18 de ellos fueron descubiertos en el intento de contrabando con controles aduaneros- se trata de contenedores que transportaron desde China entre 12 y 26 toneladas de tela.

En su resolución, Aguinsky afirmó que la asociación ilí­cita, que habrí­a comenzado a operar en 2014, utilizó empresas fantasmas con el objetivo de ocultar a los verdaderos dueños e importadores de los artí­culos que llegaban desde China.

"La reconstrucción de los sucesos investigados ha permitido advertir una suerte de especialización, profesionalización y tercerización de las maniobras de contrabando", explica el magistrado en su resolución.

Eso implica "conductas por medio de las cuales los verdaderos titulares de la mercaderí­a para ingresar en el territorio aduanero recurrí­an a esta organización criminal, ya desde el inicio de las operaciones e, incluso, desde el momento en que las cargas son consolidadas y puestas a bordo en los puertos de procedencia u origen, falsearí­a los datos de los reales consignatarios, como así­ también los relativos al tipo y peso de la mercaderí­a".

Las toneladas de telas secuestradas fueron donadas para que personas distintas ONG puedan trabajar.

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