Una imagen surrealista deparó la reunión de ministros de Economía y Finanzas que se realiza entre el lunes y el martes en Buenos Aires: ejecutivos de empresas de la economía virtual, corporizada en el bitcoin y otras criptomonedas, salieron de esos ambientes informáticos para difundir en la vida real en la avenida 9 de Julio, como lo hacen sindicatos y “piqueteros” en el Centro porteño, sus reclamos contra la regulación masiva de estas monedas electrónicas.

Uno de los temas centrales de la reunión de ministros de Economía y Finanzas que se realiza entre el 19 y el 20 de marzo en Buenos Aires es la regulación de las criptomonedas.

Ante los planteos de Japón y de otros países, la comunidad local de estos valores monetarios electrónicos, entre ellos el bitcoin (el más famoso a nivel global), se movilizó en Internet y en el mundo real para rechazar los planteos que buscan encorsetar sus actividades.

El Gobierno japonés plantea la necesidad de tomar medidas en común para controlar a las criptomonedas con el fin de evitar el lavado de dinero o fraudes relacionados con esos activos.

El país asiático considera necesaria la cooperación internacional para regular las monedas virtuales, que circulan más allá de las fronteras nacionales sin responder ante ningún banco un organismo centralizado, según  explicó un funcionario del Ministerio de Finanzas nipón.

Al mismo tiempo, Tokio es partidario de que las regulaciones sean flexibles y "no obstaculicen el desarrollo de un sector que cuenta con mucho potencial económico y tecnológico", según la misma fuente.

La agenda de la reunión del G20 incluye la digitalización financiera, punto que Japón quiere aprovechar para sugerir la coordinación de la vigilancia de los mercados de criptomonedas y las operaciones realizadas con estas divisas digitales.

Se apunta a evitar que este nuevo tipo de divisas se emplee en actividades ilegales como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, así como aumentar la protección al consumidor ante posibles fraudes con unas monedas cuya demanda se ha disparado como activo de inversión.

No obstante, la carencia de legislaciones nacionales o de un criterio común a la hora de regular a las monedas virtuales dificulta que las discusiones puedan conducir a una declaración conjunta sobre el tema.

En abril de 2017, Japón se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a las criptomonedas como forma legal de pago, y en establecer requisitos para el funcionamiento de los mercados de estas divisas que basan su valor en la tecnología del blockchain (cadena de bloques) y en la encriptación de datos.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, instó a los gobiernos y bancos centrales a colaborar en el desarrollo de regulaciones para evitar que las criptomonedas se conviertan en "un nuevo vehículo importante para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo".

Mediante un mensaje en el blog del FMI, Lagarde señaló que la tecnología detrás de las criptomonedas "es un avance emocionante que podría ayudar a revolucionar los campos más allá de las finanzas" como por ejemplo "impulsar la inclusión financiera al proporcionar métodos de pago nuevos y de bajo costo a quienes carecen de cuentas bancarias".

Sin embargo, consideró que antes de llegar a ese punto "debemos dar un paso atrás y comprender el peligro que conlleva la promesa" de estos activos, que "generalmente se crean de forma descentralizada y sin necesidad de un banco central", lo que le "da a las transacciones de criptoactivos un elemento de anonimato".

ManifiestoRodolfo Andragnes, director ejecutivo de la organización no gubernamental (ONG) Bitcoin Argentina, explicó a iProfesional que “ante la posibilidad de que durante el G20 se decidan establecer normas que regulen el ecosistema 'crypto'”, esta entidad, junto a miembros de las comunidades latinoamericana desarrolló un manifiesto sobre lo que sí y lo que no ven bien desde estas organizaciones “en una regulación del ecosistema para asegurar el crecimiento y el aprovechamiento de su potencial pero en respeto de los derechos individuales”.

El documento fue apoyado por casi todas las empresas del sector en la Argentina, Brasil, Chile y México.

Miembros de la comunidad se reunieron el domingo en el Obelisco para difundir sus reclamos sosteniendo un cartel de 14 metros de largo en el sector norte de la Plaza de la República.

“Toda la movida y el texto tiene un todo positivo y constructivo”, aclaró Andragnes, quien también es cofundador de Bitcoin Argentina.

La entidad promueve, desde el 2013, la comprensión y aprovechamiento del potencial tecnológico que representa la blockchain y el bitcoin dentro del país y en toda América latina.

Asesora organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), las fuerzas de seguridad federales, partidos políticos, el Banco Central de la República Argentina, el Gobierno porteño, el Banco Interamericano de Desarrollo y varios de los bancos privados del país.

Desde Bitcoin Argentina aclararon que están de acuerdo con la claridad legal respecto al uso de las criptomonedas, pero que se oponen a la presunción de que su uso esté siempre ligado a actividades delictivas.

También rechazan al exceso de regulaciones que podrían afectar severa y negativamente el progreso de esta tecnología y a los emprendedores a nivel mundial que invirtieron en ella.

La ONG concede el derecho a dar un marco razonable de políticas KYC (sigla en inglés por “conoce a tu cliente”) a las casas de cambio y otros actores del ecosistema, pero no está de acuerdo con que se limite el derecho a las transacciones entre particulares.