El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó este martes que el país pasa un momento "difícil", pero recomendó "cumplir la Constitución" como única salida para la estabilidad, en su primer comentario oficial desde la detención del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La alusión a la carta magna de Temer, un profesor de derecho constitucional, puede indicar un guiño al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), que frente al caso Lula está ante una encrucijada sobre cuándo puede ser detenido un condenado.

"Salimos de un momento difícil, seguimos con un momento político difícil, pero debemos seguir adelante, respetando la normativa nacional, cumplir la Constitución, que eso es lo que da estabilidad al país", dijo Temer.

Gran parte de la clase política observa el de Lula como un caso testigo para el resto de los partidos y los dirigentes acusados, investigados y condenados por corrupción.

Lula está preso desde el sábado porque el STF aplica una jurisprudencia propia de 2016 pedida por la operación Lava Jato para detener a condenados en dos instancias.

La carta magna, en cambio, apenas autoriza la detención una vez agotadas todas las instancias, en caso de que el condenado no sea una amenaza para la sociedad.

Temer dio el discurso en Río de Janeiro, durante la asunción del ex ministro de Planificación Dyogo Oliveira como titular del poderoso banco de fomento estatal Bndes.

También aludió supuestamente a la maniobra política de Lula para decidir su detención sin cumplir los plazos que le había otorgado el juez Sérgio Moro para que cumpla una pena de 12 años y un mes de cárcel.

"Sólo tendremos organización cuando se cumpla estrictamente la norma jurídica; cuando uno piensa que no puede cumplirse la norma jurídica, la sociedad se desorganiza", sostuvo Temer.

Mercados en baja La Bolsa de Sao Paulo operaba en territorio negativo el lunes, dado que los inversionistas adoptaron cierto nivel de cautela ante la incertidumbre en la política local tras el encarcelamiento de Lula.

En las noticias corporativas, las acciones de Marfrig destacaban, después de que la empresa dijo que adquirirá una participación controladora del productor estadounidense de carne National Beef Packing Company por 969 millones de dólares.

De esta forma, el índice referencial Bovespa retrocedía un 1,29 por ciento a 84.728 puntos. El volumen financiero era de 1.940 millones de reales.

Los papeles preferenciales de la petrolera bajo control estatal Petrobras caían 0,09 por ciento y las ordinarias perdían 0,30 por ciento, a pesar del alza de los precios del petróleo en el mercado internacional.

Las acciones de Itaú Unibanco y Bradesco caían 0,90 por ciento y 1,07 por ciento, respectivamente, y estaban entre las principales presiones negativas del índice debido al peso de esos papeles en su composición.

En el mercado cambiario, el real perdía 1,19 por ciento a 3,4076 unidades por dólar.

El futuro de Lula La corte suprema de Brasil puede debatir el miércoles una alteración de normas que impactaría en el destino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde el sábado, y también en la agitada situación política del país a seis meses de las elecciones generales.

El problema es que sus once miembros están tan divididos como el resto de la sociedad y que sus decisiones son percibidas con desconfianza creciente por los brasileños, señalan analistas.

La cuestión que podría ser puesta en debate se refiere al momento en que un condenado debe empezar a purgar una pena de prisión.

Según la jurisprudencia actual, esto es posible a partir de un fallo de segunda instancia, como el del tribunal de apelación que en enero condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.

Esa jurisprudencia se adoptó en 2016 por una estrecha mayoría de 6 votos contra 5. Anteriormente, se garantizaba el derecho a recurrir en libertad ante las máximas instancias judiciales, en procesos que pueden demorar años.

Pero los críticos de esa modificación quieren revisarla. Si lo logran, la estadía de Lula en la cárcel podría ser –inesperadamente– de apenas unos días, al menos por el momento.

El Supremo Tribunal Federal (STF) denegó el 5 de abril un recurso para impedir el encarcelamiento de Lula. Pero una de las magistradas que votó en contra, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia cuando el asunto fuese tratado de forma general, y no por un caso específico.

Los partidarios de rediscutir la norma reclaman una clarificación porque la actual autoriza, sin imponer, el encarcelamiento tras la segunda instancia, lo cual deja la cuestión al arbitrio de cada uno de los dos grupos ('turmas') en que se divide el STF.

"La impresión de la población es que hay inestabilidad en las decisiones del STF, que estas se toman simplemente en función de las preferencias en la composición del tribunal" y eso "es muy nocivo para su imagen", explicó Thomaz Pereira, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro.

Para Daniel Vargas, especialista en derecho público, también de la FGV, "lo que está en juego es la credibilidad del STF y de la propia democracia". Pero la crisis no se resolverá con un fallo, porque el desgaste afecta a todas las instituciones brasileñas.

Según Vargas, "el gran problema" empezó con el impeachment de la presidenta de izquierdas Dilma Rousseff" sin evidencias suficientes para conquistar consenso nacional".

La exmandataria, heredera política de Lula, fue destituida en 2016 por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas. La "esperanza de pacificación" reside en la celebración de "elecciones democráticas y libres, incluso con la participación de Lula", dice Vargas.

El líder de la izquierda encabeza las intenciones de voto para los comicios de octubre, pero su participación parece remotísima: no solo está preso, sino que la ley electoral prohíbe candidaturas de personas condenadas en segunda instancia.