A través del decreto 310/2018, publicado en el Boletín Oficial, se suspende, nuevamente, hasta el 31 de diciembre próximo, la aplicación de la alícuota única aplicable a los empleadores titulares de establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial.

El decreto argumenta que de no tomarse la medida, en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal o lo reciba parcialmente, el significativo incremento de las contribuciones patronales, originará sin lugar a dudas incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos.