El debate que se iniciará en junio sobre el proyecto de nuevo Código Penal permitirá, además, discutir sobre las competencias de los jueces y la resistencia de un numeroso grupo de los 63 jueces penales ordinarios de pasar a la justicia porteña. 

De acuerdo al diario Clarín, en el traspaso de competencias a la justicia de la ciudad pasaron los delitos de abuso de armas, violación de domicilio, incendio y otros estragos, tenencia, portación y provisión de armas de armas de guerra de uso civil condicional, impedimento de contacto, delitos en el deporte, atentado y resistencia a la autoridad, malversación de caudales, prevaricato, falso testimonio, falsificación de documentos, algunas estafas procesales, etc.

Este traspaso mermará la competencia de los 63 juzgados del fuero penal ordinario que mantienen una pelea histórica con los 12 jueces federales. Basta recordar que en el 2004, el entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz intentó fusionar los dos fueros y terminó renunciando.

En el palacio de Justicia se empuja una propuesta intermedia ante el traspaso tan resistido. Consiste en que un numeroso grupo de los 63 juzgados penales ordinarios se asigne competencia en algunos delitos que en el fuero federal no se investigan a fondo por desinterés histórico.

Por ejemplo, intimidación pública y otros vinculados en los desórdenes de la vía pública y los llamados como “narco menudeo”, agregó el matutino.

Con el narcotráfico, sería algo parecido a lo que se hizo hace años en la Provincia de Buenos Aires, que se traspasó la competencia a la justicia provincial, contó un juez que pidió el anonimato. También, quedan los delitos migratorios que la justicia contencioso administrativa se niega a intervenir luego de que declaró inconstitucionalidad un decreto de necesidad y urgencia de este gobierno, entre otros.

La propuesta agrega, entonces, que un grupo de los magistrados más antiguos de los 63 se queden en jurisdicción nacional para investigar esos delitos.

Sería una buena salida porque el Gobierno no quiere forzar el traspaso a la ciudad de ese grupo para evitar los eventuales amparos judiciales que seguro “presentarán por haber obtenido en su momento el acuerdo del Senado de la Nación para integrar la Justicia Nacional en lo Criminal de la Capital Federal”, explicó la fuente.

La ley marco que estableció el traslado de estos jueces es la número 27.307 (conocida como Fortalecimiento de los Tribunales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico” o, “Justicia 2020”) vigente en la actualidad.

Pero la acordada 4 de la Corte, impulsada por Lorenzetti, de principios de este año invalidó la implementación de esa ley en lo que concierne al traslado de los jueces nacionales a la órbita de la justicia federal, concluyó el matutino.