Mientras trata de frenar el proyecto “anti tarifazo” y negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo para tratar de contener la suba del dólar, el Gobierno busca reimpulsar el debate legislativo por los proyectos de reforma laboral.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, indicó que las iniciativas sobre “blanqueo” de trabajadores no registrados, un nuevo sistema de pasantías y la creación de una agencia de Agencia Tecnológica de Salud que pretende reducir las causas judiciales contra las obras sociales buscan dar previsibilidad.

La discusión comenzará por el Senado. Tanto sindicatos como empresarios y el propio Estado consideran que uno de los grandes problemas del mercado laboral es el de la inserción de los jóvenes. 

Las empresas sostienen que la sanción de la ley 26.427 desalentó la contratación de pasantes porque el límite de 20 horas semanales, el plazo máximo de un año y la gran cantidad de sentencias que consideraban que existía una relación laboral oculta complotaron contra el sistema.

El texto, que establece un Sistema de Práctica Formativas, reemplaza a la actual ley y extiende su ámbito de aplicación a supuestos no contemplados en la actualidad.

El abogado laboralista Juan Carlos Cerutti, socio de plan A, explicó que el éxito o el fracaso de esta iniciativa estará dado por el control que el Ministerio de Trabajo haga a través del órgano fiscalizador que ordena crear. Esta implementación requerirá de infraestructura y partidas presupuestarias.

En concreto, la propuesta establece la creación del Instituto Nacional de Formación Laboral, como un órgano desconcentrado de la cartera laboral, cuya función será el diseño, regulación y evaluación de este Sistema de Prácticas Formativas, como así también la gestión integral del Sistema Nacional de  Formación Laboral.

En medio de un contexto de ajuste del gasto público, asesores laborales de legisladores oficialistas niegan que esto podría llegar a ser un freno en la correcta implementación de la ley. Si bien será defendido al inicio del debate, podría sufrir cambios inclusive en el debate en comisión.

Desde la oposición consideran que es probable que se frene la discusión porque se crea un nuevo organismo, lo que aumentaría el gasto público. De esta manera, habría que analizar de donde salen los fondos que, al mismo tiempo, se recortan de otros sectores. En concreto, nadie quiere sufrir una merma de ingresos.

Nuevas creaciones

El proyecto crea el Perfil Digital de Identidad Ocupacional, que será otorgado a los trabajadores por la cartera laboral y que contendrá el conjunto de evidencias de los procesos educativos y formativos previos y, a partir del comienzo de su vida laboral, los antecedentes y la certificación de competencias laborales de su titular.

También incluye a los alumnos de instituciones extranjeras de análogo nivel que se encuentren en programas de intercambio o que tengan ingreso por estudio en el país, supeditándolo a una posterior reglamentación.

“De esta forma, se brinda un marco legal al fenómeno cada vez más creciente de estudiantes extranjeros que quieren llevar a cabo una práctica profesional en nuestro país, supuesto que hasta el momento no se  encuentra amparado por el actual Sistema de Pasantías Educativas”, indica Pablo Mastromarino, socio del estudio Tanoira Cassagne, a iProfesional.

También se incorpora el supuesto de los “nóveles graduados”, de la Educación Superior de grado, de cualquier Universidad de nuestro país, siempre que no superen en el plazo de un año contado desde la expedición de su título.

“Esta inclusión es de suma utilidad ya que además de permitirle al recién recibido una capacitación practica que complemente los conocimientos teóricos adquiridos  durante su carrera, le servirá de nexo entre su etapa de estudiante y el inicio de su vida profesional”, agrega Mastromarino.

Esto se debe a que uno de los casos de abuso que se trata de evitar es el de aquellos casos en que las empresas le recomiendan al pasante “no recibirse” para no tener que prescindir de él. De esta manera, se busca evitar una de las situaciones más habituales de fraude.

El objetivo es evitar que no se alteren sus objetivos educativos encubriéndose relaciones laborales no registradas.

El texto también indica que no podrán participar de este régimen las empresas que estén incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la Ley 26.940.

También está incluido el fomento del empleo juvenil, para personas con residencia legal en el país que no hubieren cumplido 24 años y que se encuentren en proceso de incorporación al mundo del trabajo.

En ese caso, se atenderá en forma prioritaria y urgente a las personas que se encuentren desocupadas, que se desempeñen en la economía informal o en un empleo no registrado, que provengan de hogares en situación de vulnerabilidad social o que tengan estudios formales obligatorios incompletos.

Los empleadores que se incorporen a este sistema podrán contabilizar las ayudas económicas mensuales como parte del salario, debiendo abonar como mínimo la diferencia necesaria para alcanzar el monto establecido para la categoría laboral que corresponda de acuerdo con las normas legales y convencionales que resulten aplicables.

La ayuda económica mensual deberá ser incluida como parte de la remuneración para el cálculo de los aportes y las contribuciones destinados a la seguridad social.

Puntos principales

La duración y la carga horaria de las prácticas formativas se definirán en los convenios colectivos de trabajo y, en particular, en el convenio de práctica formativa, en función de las características y la complejidad de las actividades a desarrollar, con un máximo de hasta 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales.

Podrá distribuirse de otra manera, en tanto la carga horaria de la práctica no supere las 130 horas mensuales y siempre dentro del año mencionado.

Cuando la práctica formativa se realice en épocas de receso educativo, el límite máximo de horas semanales podrá ser extendido hasta un máximo suplementario de 10 horas, con la consiguiente modificación de las horas mensuales totales máximas”.

Una vez que se cumpla el plazo máximo establecido, la vacante podrá renovarse a favor del mismo practicante por hasta 6 meses adicionales. 

Los practicantes recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se calculará tomando como referencia el salario básico neto del convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa.

También tendrán derecho a todos los beneficios regulares, licencias y cobertura de salud que se acuerden con el personal, lo que será determinado por la reglamentación. 

Si hay más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más favorable para el practicante. Si la actividad o posición no cuenta con convenio colectivo, se tomará -para el cálculo de la asignación estímulo- el salario mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la carga horaria de la práctica formativa.

"El texto que espera a ser tratado por la comisión de Legislación del Trabajo de la cámara alta flexibiliza el régimen de jornada de esta práctica para que el mismo pueda ser adecuado a las particularidades de cada establecimiento y actividad", indica Cerutti.

Por otra parte, agrega que el sistema propuesto no va en desmedro de la protección del practicante, quien gozará un nivel de protección adecuado, tanto en materia retributiva, como de salud y licencia médicas.

De acuerdo a Cerutti, “en caso de aprobarse este nuevo sistema, las empresas estarán más proclives a recibir practicantes”.