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Retiro voluntario: en la Provincia estiman salida de 12.000 estatales

Retiro voluntario: en la Provincia estiman salida de 12.000 estatales

Buscan reducir la planta de empleados públicos. Quienes opten por dejar la administración pública cobrarán entre 10 y 30 cuotas de indemnización

26.05.2018 10.57hs Legales

Unos 12 mil agentes podrí­an dejar la administración pública bonaerense para cobrar las indemnizaciones por retiro voluntario que establece el mecanismo oficial.

La administración de Marí­a Eugenia Vidal dispuso abrir un registro de retiros voluntarios, con el objetivo de reducir el plantel de personal. La medida, que en principio regirá por seis meses, incluirá a empleados de la planta permanente pero no alcanzará a la Policí­a ni a los agentes del Servicio Penitenciario.

La Provincia cuenta con cerca de 380 mil docentes y unos 290 mil agentes policiales, penitenciarios, administrativos y personal de Salud. Vidal siempre habló de una planta "sobredimensionada" de personal y puso en marcha una serie de medidas para reducirla. 

De acuerdo al decreto que será publicado en el Boletí­n Oficial, estarán comprendidos en la medida todos los agentes que revisten en las plantas permanentes con estabilidad del Poder Ejecutivo, organismos de la administración centralizada y descentralizada.

No están incluidos policí­as y penitenciarios, pero se faculta al director de Cultura y Educación a adherir a la medida con lo cual podrí­an quedar incorporados los docentes.

En su artí­culo 3, el decreto establece que podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten las plantas permanentes con estabilidad que a la entrada en vigencia de este régimen registren una antigí¼edad de 2 años o más e inferior a los 24 años en la administración pública y le faltaren más de 5 años para acceder a la jubilación.

De acuerdo a la iniciativa oficial, se establece una escala para la indemnización que cobrarán aquellos empleados que se acojan al régimen que contempla el pago en cuotas según la antigí¼edad de cada uno.

Así­, por ejemplo, un agente con un antigí¼edad entre 2 y 5 años percibirá un pago inicial al momento de la baja de cuatro cuotas juntas. Y luego, percibirá 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Con una antigí¼edad entre 6 y 7 años, quien se retire cobrará un pago inicial de 6 cuotas y otras 9 mensuales.

El total de cuotas será de 20 para quienes tengan entre 8 y 9 años de antigí¼edad; 24 para los de 10 y 11 años de empleo y de 30 para los de más de 12 años de antigí¼edad.

Sin embargo, esas cuotas no se calcularán de la misma forma. Las que se cobrarán al momento del retiro surgirán "en base a la remuneración mensual normal y habitual bruta de cada agente". Para las restantes, en cambio, se tomará como base "la remuneración mensual normal y habitual neta percibida luego de efectuadas las deducciones legales". De esta manera, las primeras serán más abultadas que las segundas.

También se establece que para el cálculo de la indemnización se deberá tomar la mejor remuneración mensual "normal y habitual percibida por el agente en los seis meses anteriores al acto administrativo que dispone la aceptación del retiro, incluyendo todos los conceptos de pago mensual, adicionales, bonificaciones y sumas no remunerativas". Pero se excluyen las sumas percibidas en concepto de viáticos, horas extras y aguinaldo, además de "todo concepto de frecuencia de pago no mensual".

Respecto de las cuotas, se establece que el pago inicial se realizará a los 30 dí­as de la aceptación por parte del Estado del retiro voluntario. En tanto, las cuotas restantes se abonarán del siguiente modo: la primera al cuarto dí­a hábil del mes siguiente y las de más en el mismo dí­a de los meses posteriores hasta agotar las cuotas correspondientes a cada caso.

Por otra parte, el decreto consigna que los agentes que se retiren contarán con la cobertura del IOMA por un perí­odo de dos años contados a partir del cese. Finalmente se dispone que el Instituto de la Administración Pública organizará programas de formación destinados a facilitar la reinserción de los adherentes en el ámbito de la actividad privada.


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