El Gobierno está por tomar la medida exacta de qué tan grave fue el cambio de escenario político. Mientras la mitad de los analistas creen ver un debilitamiento de Mauricio Macri tras vetar la ley de freno al "tarifazo" y la otra mitad especula con un posible "relanzamiento" que ponga a Cambiemos otra vez con el control de la agenda, el foco de atención política vuelve al Congreso.

Allí se pone en marcha una actividad intensa, con una serie de temas que el Gobierno considera parte importante de su agenda de reformas. Y, en el marco del llamamiento a un "gran acuerdo nacional" con los sectores dialoguistas del peronismo, empezará a quedar claro si realmente sigue habiendo margen para la negociación política o si la oposición actuará en modo electoral, con un criterio de rechazo sistemático a las propuestas oficialistas.

Y, en un contexto de hipersensibilidad, desafiará el sentido de unidad del peronismo con un pedido de desafuero para Cristina Kirchner.

Por lo pronto, los ojos de los legisladores de todos los partidos políticos se posan sobre el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que será debatido por el recinto de la cámara baja el próximo 13 de junio.

Mientras tanto, los distintos ministros del Poder Ejecutivo comenzaron a debatir los aspectos centrales del Presupuesto 2019, que dependerá en gran medida de los montos que pueda llegar a prestar el FMI.

Al mismo tiempo, dialogan con los distintos gobernadores –tanto de Cambiemos como de los otros partidos- para definir los términos del próximo ajuste. Está más que claro que todos deberán “ajustarse el cinturón” y acomodar sus números para reducir el déficit fiscal.

Las posturas que tomará cada uno de los senadores en el pedido de desafuero de Cristina Kirchner, solicitado por el juez Claudio Bonadio cuando dictó su procesamiento por presunto encubrimiento por la firma del Memorándum con Irán será fundamental para tener mayores certezas sobre lo que pueda llegar a ocurrir cuando el Gobierno impulse otros temas sensibles, como los proyectos de reforma laboral.

El oficialismo impulsará este martes el tratamiento del desafuero de la expresidenta de la banca que ocupa como representante por la minoría de la provincia de Buenos Aires. Se convocó a los jefes de bloques a una reunión de Labor Parlamentaria para las 12.

En caso de no arribar a una “interpretación común” sobre la fecha en la que debe someterse a votación el desafuero enviado el pasado 7 de diciembre por el juez federal Claudio Bonadio, Cambiemos citó a una sesión especial en el recinto para las 18. En ese caso, será fundamental la actitud que tome el interbloque Argentina Federal, que conduce Miguel Pichetto, clave para el quórum.

En tanto, en la cámara de Diputados, se analiza la posibilidad de realizar un debate en el que no se analicen proyectos conflictivos, sino los que tienen un alto nivel de acuerdo, como la modificación a la ley de trasplante de órganos, para que cualquier persona mayor de 18 años sea donante salvo en los casos en que se manifiesta en contra.

La reforma laboral, gran objetivo

De acuerdo a las fuentes gubernamentales consultadas por iProfesional, no habría ninguna necesidad de que se debatan nuevas normas o se busquen modificar leyes para que llegue el préstamo del FMI.

En ese aspecto, consideran que el ministerio de Hacienda tiene la potestad para tomar “todas las medidas necesarias” tendientes a implementar el futuro acuerdo. Si hace falta acomodar algunos números, esto se hará directamente en la ley de presupuesto del próximo año, que debe entrar en el Congreso, a más tardar, el próximo 15 de septiembre.

Esto implica que el gran objetivo del oficialismo es lograr sancionar los tres proyectos de laboral ingresados en el Senado a principios de este año.

Para evitar una derrota legislativa que complique los planes, luego del receso invernal, comenzarían a debatirse los proyectos que cuentan con mayor consenso del sindicalismo y oposición, como son  los de formación profesional (ya que permitiría la inclusión en el mercado laboral de jóvenes que están a punto de terminar carreras terciarias o universitarias y también de los que no pudieron concluir sus estudios) y la Agencia de Evaluación de Tecnologías de la Salud.

Esto significaría dejar el proyecto que impulsa el blanqueo de trabajadores, modificación de la Ley de Contrato de Trabajo y la creación de un fondo de cese laboral para una etapa posterior. Para tratar de juntar votos en el recinto, la cartera laboral aceptaría eliminar el artículo referido a la modificación del cálculo indemnizatorio.

Los diputados opositores analizan los pasos a seguir para que junio y julio no sean “meses muertos” a nivel legislativo y quieren debatir sobre la intención de incluir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior; una ley nacional para frenar la avanzada de Farmacity y el traspaso de las distribuidoras de energía Edesur y Edenor y la estatal Aysa pasen a manos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, hasta la derogación de la reforma provisional respaldada por un millón de firmas.

En el Senado, el oficialismo descansa en el freno que le pondrá el titular del bloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, a los intentos opositores de tratar de imponer una nueva agenda legislativa.

Pero todo dependerá de las soluciones que proponga el oficialismo para superar el actual contexto económico. Es que si la situación continúa económica siendo la misma, con suba de tarifas, retracción del crédito, y alza del dólar, a partir de agosto se puede llegar a dar un escenario totalmente desfavorable para el Gobierno.

Aún sin fecha

A pesar de que buscarán avanzar lo más pronto posible, desde el Gobierno reconocen que hay proyectos que deberán esperar otro contexto político y económico para ser tratados y no generar cortocircuitos con la denominada “oposición dialoguista”.

Entre esos proyectos se encuentran el tratamiento de los pliegos para la designación de jueces en el fuero federal y el proceso para intentar colocar a Inés Weinberg de Roca, como la nueva procuradora general también se pospondrían para la segunda parte del año, así como la expropiación de terrenos en barrios populares para permitir su urbanización y la reforma del Consejo de la Magistratura.

También deberán esperar la iniciativa que propone regular el financiamiento de las campañas electorales y la propuesta de la nueva ley de ética pública, impulsada por la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso.

Por ùltimo, habrá que ver qué ocurre con el proyecto para sancionar un nuevo Código Penal y el régimen de imputabilidad de menores.