Luego de haber rechazado una serie de ofertas millonarias y de haber enviado la compañía a la quiebra, finalmente la justicia tasó la valuación de Oil Combustibles(OCSA), en una exigua suma de u$s42,5 millones. El monto surge de la propuesta acercada al juez que entiende en este proceso concursal, Javier Cosentino, por los tres interventores de la ex petrolera de Cristóbal López.

Se trata de Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova, quienes fueron designados por el mismo magistrado a principios de año para administrar los activos de OCSA y también para ponerle precio a la refinería, las estaciones de servicio y el puerto que la compañía posee en la localidad santafesina de San Lorenzo. El dinero no alcanza ni siquiera para hacer frente a los gastos del concurso preventivo y posterior quiebra de la petrolera, y está lejano a las previsiones iniciales sobre el monto que la justicia podría rescatar para hacer frente a parte de las deudas fiscales que Oil acumuló con la AFIP.

El organismo tributario le reclamaba cerca de $17.000 millones en el marco de una causa judicial iniciada a Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa por haber desviado fondos del impuesto a la transferencia de combustibles para la compra de otras empresas que formaron parte del Grupo Indalo. Por esa causa, ambos empresarios están presos y la AFIP ahora apuesta a recuperar algo de esa deuda a través de demandas civiles iniciadas a ambos, teniendo en cuenta que la quiebra de Oil deja sin herramientas al organismo para poder recuperar fondos a partir de un concurso preventivo de acreedores.

Ahora, los interventores y el juez Cosentino establecieron que todos los bienes de la empresa serán vendidos en forma conjunta en un plazo que no puede superar los cuatro meses desde dictada la quiebra, aunque con una eventual prórroga de 30 días. Es decir, la ex petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa debería tener nuevo dueño antes de fin de año.

En la actualidad, Oil es operada de manera interina por YPF, gracias a un acuerdo con Cosentino por el cual se hace cargo de las actividades por un lapso de 60 días a cambio de un canon mensual de u$s3,2 millones. La petrolera estatal también tiene la posibilidad de igualar cualquier oferta de compra de OCSA que se acerquen al juzgado, con lo cual todo indicaría que, a partir de lo bajo del monto valuado por los interventores, la ex nave insignia del Grupo Indalo pasará a formar parte de sus activos.

Según el dictamen de los interventores, los u$s42,5 millones surgen de establecer un promedio entre los u$s40 millones y los u$s45 millones en los cuales terminaron valuando al complejo industrial de OCSA, compuesto por la refinería, los tanques y la terminal fluvial, además de los contratos de explotación de una red de 200 estaciones de servicio embanderadas bajo la marca Oil.

En el mercado se asegura que el precio de la petrolera es "ridículo". De hecho, en el entorno de Ignacio Rosner, ex administrador de Indalo y quien realizó una oferta significante para sacara a flote a todo el holding, se cuetiona el monto y se recuerda que la quiebra de la empresa impidió obtener mejores ingresos. En especial, luego de haber acercado una propuesta de la petrolera estatal rusa Lukoil para capitalizar Oil en una suma cercana a los u$s300 millones.

Tras haberse desechado esa propuesta y corrido a los empresarios que habían formado el Grupo Ceibo para hacerse cargo de la continuidad de Indalo, el juez Cosentino y los interventores recibieron otra propuesta por Oil. Fue la elaborada por el conglomerado holandés Trafigura, que ascendía a u$s40,5 millones, que también fue descartada por el magistrado y los funcionarios al sostener que tenía ciertas cláusulas que no eran convenientes.

En la actualidad, y tras establecer el precio base de venta de Oil, los interventores se encuentran elaborando los pliegos de bases y condiciones y aseguran de que se tratará de una operación "competitiva y transparente". En ese marco, y para sustentar el ínfimo precio que establecieron por Oil, aseguran en su dictamen que la refinería se encuentra paralizada desde mediados de febrero pasado y de no existen certezas de su viabilidad para volver a ponerla nuevamente en funcionamiento. Esto, debido a una resolución del Ministerio de Energía que impone requisitos más gravosos en la calidad de los combustibles a partir del año que viene, que demandaría una millonaria inversión en dólares para su reconversión.

En cuanto a la terminal fluvial, advierten los interventores que tiene serias objeciones estructurales y cuenta con uno sólo de sus muelles habilitados, aunque aceptan que se trata de un activo estratégicamente ubicado. Sobre la terminal de almacentamiento, sostienen que se encuentra en condiciones regulares de uso, mientras que en el caso de la red de estaciones de servicio "está deteriorada en tanto se encuentra apoyada en contratos que en algunos casos fueron rescindidos, en otros tienen procesos de rescisión iniciados y en varios más están a punto de vencer".

Si bien también recuerdan el contrato de operación firmado por YPF, advierten que el acuerdo no asegura la puesta en marcha de la refinería, se ignora la cantidad de estaciones de servicio que quedarán bajo bandera de Oil y no existen precisiones sobre la eventual habilitación futura de los muelles hoy inhabilitados ni sobre los montos de inversión que esa determinación podría requerir.

"La realidad es que la refinería continuará paralizada, los muelles y los tanques solo podrán usarse parcialmente, y la red es poco probable que se pueda recuperar con la integración que tenía antes de quedarse desabastecida", asegura de manera lapidaria el informe de los interventores. Por eso estiman que el valor de los activos debe ser considerado a partir del método de venta en función del precio de los activos en liquidación. Además señalan que no es relevante el monto al que han llegado sino que la importancia estará dada en cuánto están dispuestos a pagar los potenciales inversores.

Como dato que consideran "insoslayable" a la hora de justificar los u$s42,5 millones de valuación, recuerdan que Cristóbal López pagó u$s36 millones por los activos a Petrobras Argentina (PESA), tras descontar u$s66 millones por la compra de stock de inventario de petróleo crudo y derivados almacenados en las instalaciones. Y agregan que desde ese momento a la fecha, los activos de OCSA "se han deteriorado sustancialmente, tanto por el paso del tiempo como por la falta de inversiones".

En otro capítulo del dictamen, los interventores hacen referencia a la compra de una refinería, una planta de lubricantes y una red de estaciones de servicio de Pampa Energía por parte de Trafigura por un total de u$s180 millones. Y sostienen que no se pueden comparar con los de Oil por haber estado todos en operaciones y tener una mayor relevancia y proyección futura que los de la ex petrolera de Cristóbal López.