Luego de las turbulencias, el Gobierno se prepara para ajustarse los cinturones con una fuerte reducción del gasto público. Eso es lo que se puede leer en la entrelínea del memorandum presentado por la Argentina al FMI para acceder a un préstamo stand by de u$s50.000, con el que el equipo económico de Mauricio Macri busca estabilizar la economía, todavía sacudida por los movimientos del dólar, que ayer subió en una sola jornada un 6%.

El plan descripto en 33 páginas prevé una economía estancada este año (0,4% de crecimiento) con una meta inflacionaria del 27%, por encima de las paritarias firmadas -en torno al 15%-, y propone una aceleración del ritmo de reducción del déficit fiscal, que constituye "una de las metas estructurales" del Gobierno. Así se estima que el desequilibrio de las cuentas públicas pasará del 2,7% de este año al 1,3% en 2019.

Las cifras generaron repercusión de inmediato en los despachos oficiales, donde anoche trataban de descifrar cómo iba a ser el impacto en cada área. La única certeza que abrigaban quienes trataban de interpretar el memo es que el gradualismo llegó a su fin.

"Se viene un ordenamiento que seguramente termine en ajuste, en todos los ministerios y provincias, todavía no sabemos a quién le pega más", reconocieron en un ministerio.

El fuerte ajuste fiscal en cuestión ya había sido anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La novedad es que ahora puso por escrito algunos de los rubros por los que pasará la tijera. Entre ellos figuran los subsidios a la energía y el transporte, la tarifa social, el sistema de jubilaciones, las acciones de los fondos de pensión y el empleo público así como los fondos destinados a las empresas estatales, como es el caso de Aerolíneas Argentinas.

En lo que respecta a los planes para contener la pobreza, Hacienda dispuso un piso del gasto de asistencia social del 1,3% del PBI, una cifra superior al 0,95% destinado hoy a ese rubro si se toma el cálculo del FMI, que estimó en u$s627.000 millones el valor de la economía argentina en 2018. Se trata de fondos para programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), y más de 15 tipos de asignaciones familiares.

Pero dada la incertidumbre económica existente, el Gobierno contempla además una "salvaguarda" para asignar recursos adicionales a todos esos programas "en caso de que las condiciones empeoren". En concreto, prevé un gasto extra de $13.500 millones en 2018 y un 0,2% del PBI por año en los años subsiguientes, equivalentes a cerca de $35.000 millones, siempre y cuando se agrave la pobreza, desempleo y desnutrición infantil.

Esos serán algunos de los indicadores que seguirá de cerca Dujovne para determinar si la situación amerita un refuerzo en asistencia social.

"Se van a monitorear ciertas variables. Si se revierte el escenario por recesión y los datos son malos, eso te habilita a usar el excedente del Presupuesto", explicaron a iProfesional desde Hacienda. El cálculo que hacen en los despachos oficiales es sobre un presupuesto de u$s 120.000 millones.

En paralelo, habrá una revisión del diseño de los programas para hacerlos más "eficientes" y "mejor focalizados". Esto significa que se trabajará con las provincias en reducir la duplicación de casos y reducir costos administrativos de los planes, y un equipo interministerial (Hacienda, Energía y ANSES) revisarán las tarifas sociales, con el objetivo de depurar el padrón de beneficiarios.

"Puede que haya errores, entonces se van a pulir para que lo reciba quien más lo necesita", explicaron.

La salvaguarda del Gobierno, sin embargo, no sería suficiente para contener el deterioro del cuadro social que esperan en la oposición, motivado por el incremento de las tarifas, la dolarización de los combustibles y el freno de la obra pública. El acuerdo incluye además la "racionalización" del empleo en el Estado mediante el congelamiento de vacantes por dos años y la eliminación de puestos "redundantes". Y también prevé cambios en las jubilaciones. Así, lejos del acuerdo "light" conocido semanas atrás en conferencia de prensa, el memo es leído como un "ajuste clásico".

En ese sentido, Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social y actual diputado por el Frente Renovador, prevé un impacto mayor sobre el gasto social al previsto por el Gobierno. Con la AUH en $1.500 actualmente, el gasto estimado para este año en asignaciones familiares es de $168.000 millones, solo un 6% del total de $2.800.000 millones. "Los fondos adicionales no alcanzan para compensar el aumento de la pobreza, desocupación y deuda. Va a haber más tensión y conflicto social", dijo Arroyo.

En el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Carolina Stanley, se muestran tranquilos. "No va a haber recortes, al contrario", señalaron anoche. En otros, en cambio, la sospecha es que Hacienda tocará las partidas. Es que el gasto social en su conjunto representa un 65% del Presupuesto, equivalentes a $1.900.000 millones. A la cabeza del ranking figura la seguridad social ($1.400.000 millones), seguida por educación ($203.000 millones) y salud ($108.000 millones), según datos oficiales.

Esas podrían ser las próximas áreas en donde Dujovne podría poner la lupa para reducir el déficit al 1,3% del PBI y así cumplir con las duras metas que presentó al FMI.