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La Corte Suprema designó el tribunal que decidirá si se acepta un amparo contra las tarifas del gas

La Corte Suprema designó el tribunal que decidirá si se acepta un amparo contra las tarifas del gas

El máximo tribunal decidió otorgar la competencia del caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

20.06.2018 08.20hs Legales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la competencia para determinar si un juzgado federal porteño debe continuar con la intervención en una causa iniciada en un juzgado federal de Juní­n y en la que se discute la legalidad del reacomodamiento en las tarifas públicas de la distribución de gas por red dispuesto el año pasado por el Gobierno nacional.

La causa habí­a sido iniciada a través de una acción de amparo planteada en la ciudad de Juní­n por las autoridades del vecino municipio de L. N. Alem y un grupo de vecinos pero ahora la Corte, por mayorí­a de cuatro votos a uno, dispuso que la Cámara Federal porteña en lo Contencioso sea la que decida si ella debe tramitarse en el juzgado 8 del fuero Contencioso Administrativo Federal radicado en la Capital Federal, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.

Con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, más el propio voto emitido de manera personal por Carlos Ronsekrantz, el máximo tribunal dispuso por mayorí­a en un breve texto remitirse a lo dispuesto en una discusión jurí­dica similar de un caso fallado tres años atrás y a lo dictaminado en este caso por la Procuración General de la Nación.

El amparo presentado en Juní­n habí­a atraí­do a otros procesos similares iniciados en diversos tribunales de todo el paí­s pero el juzgado federal de esa localidad ordenó el rechazo a la medida cautelar dictada inicialmente en beneficio de los demandantes y esta decisión fue apelada a la Cámara Federal de La Plata. Ante esa situación, el Gobierno, a través del Ministerio de Energí­a, adujo que el caso debí­a ser tramitado en el juzgado federal porteño que ya intervení­a en una causa similar.

"No puede el incremento afectar la protección del interés económico de los consumidores sin haberse tenido en cuenta su capacidad de pago, máxime ante la posibilidad cierta y concreta de vulnerarse derechos humanos ante un encarecimiento desproporcionado", habí­an dicho los amparistas ante el juzgado federal de Juní­n. Ahora, la definición del caso quedará en los tribunales federales porteños.


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