Desde el 1 de enero de 2017, buena parte de los nuevos jueces nombrados están incluidos en el pago del Impuesto a las Ganancias. Existe una excepción, por decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que en marzo pasado eximió del arancel a aquellos "nuevos", que ya venían trabajando en Tribunales.

El Ministerio de Justicia apeló esa decisión, lo que derivó en que el expediente llegara a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se expresó.

Ante ese escenario, en el Ejecutivo hay una postura, que por ahora no se oficializó, pero que se evalúa plantear. Creen que la Corte se encuentra, frente a este escenario, ante un eventual "conflicto de interés", ya que los jueces supremos, como todos los nombrados previamente a la resolución, no pagan Ganancias, señala El Cronista.

En el Gobierno consideran que el caso no debería resolverse por la decisión de los ministros, pero reconocen que seguramente la Corte no se va a exceptuar de emitir un fallo en un expediente tan sensible para un gran número de los empleados del Poder Judicial.

"Nosotros no podemos hacer nada porque lamentablemente es la Justicia la que tiene que definir si los magistrados pagan o no Ganancias. Esperamos que la Corte resuelva pronto y avale que todos los nuevos jueces tributen el impuesto", señalaron al matutino desde hace tiempo en Cambiemos.

En caso de que no intervenga la Corte, el paso siguiente sería convocar a conjueces, cuya ley fue aprobada en abril de este año en el Congreso de la Nación.

De ser así, se activaría una nueva disputa entre la Corte y el Gobierno. En relación a la discusión sobre Ganancias, que la Corte debe dirimir, el camino hasta ahora se hizo entero en el fuero Contencioso Administrativo.

Desde allí surgió la última medida cautelar, a través de la Cámara, que confirmó el fallo de primera instancia de Esteban Furnari. Los camaristas que firmaron el texto, en su momento fueron Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani; este último, con una disidencia parcial porque entendió que la cautelar no podía tener un alcance general.

Según el planteo de inconstitucionalidad de la ley que surgió de la Asociación de Magistrados, cobrarles el impuesto a quienes vienen de Tribunales y no lo pagaban "vulnera el derecho a una remuneración justa e igualitaria", porque el nuevo juez terminaría cobrando menos que antes de ser designado, cuando sus funciones y mayores responsabilidades exigen que esa retribución sea mayor.