La diputada kirchenrista Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de las propinas, integrarlas a los ingresos de los trabajadores y otorgarles carácter remunerativo.

Luego de la polémica por los dichos de la oficialista Elisa Carrió, sobre el pedido a la clase media y alta de dar “propinas” en estos tiempos de crisis, la oposición lanzó una lluvia de críticas hacia la referente de Cambiemos.

Sin embargo, Vallejos, dijo que “inspirada en Evita”, elaboró la iniciativa para que “el Laudo Hotelero y Gastronómico” se constituya en “un nuevo derecho de los trabajadores del sector” que deberá estar incluido en la factura final y equivaldrá como mínimo al 10% del monto total de la consumición correspondiente.

La economista detalló en su proyecto que el laudo “recomendado adicional será del 5%” y “en la factura deberá constar de manera explícita la recomendación”. En tanto, el cliente “podrá, a voluntad, pagar un laudo mayor al recomendado”.

Otro de los puntos es que establece que los ingresos por propinas “serán repartidos de forma semanal, equitativa y proporcional a las horas trabajadas, entre el conjunto de los trabajadores del establecimiento” y tendrán “carácter remunerativo”.

Por otra parte, la iniciativa indica, a modo de compensación para el consumidor, que los hoteles y restaurantes no podrán cobrar un costo adicional en conceptos de “cubiertos, uso de mesa, o cualquier servicio equivalente”.

En los fundamentos, la legisladora del FpV-PJ recordó que “el derecho que busca reponer (este proyecto) ya existió en nuestro país”, ya que el “el 4 de septiembre de 1945, por órdenes del General Juan Domingo Perón, Domingo Mercante firmó un Laudo Arbitral de la secretaría de Trabajo y Previsión que prohibió la propina individual de los trabajadores gastronómicos y hoteleros, y estableció un sistema de retribución colectiva, proporcional a las ventas que se repartiría entre todos los trabajadores del establecimiento”.

El 18 de febrero de 1946, el decreto-ley 4148 convalidó el Laudo Arbitral que luego la Ley 12.921 “elevó de rango”. Sin embargo, en 1955, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y Eduardo Lonardi, se suprimió el laudo. Unos años después, en 1973, con el tercer gobierno peronista, el laudo fue repuesto. Pero, la última dictadura cívico-militar dictó el decreto-ley 22.310 que, en 1980, lo eliminó nuevamente.

Entre sus argumentos, subrayó que “en este contexto, de depresión del mercado interno y caída del consumo, esta ampliación de derechos que robustece los ingresos, no sólo viene a dignificar a los trabajadores del sector, sino que, además, contribuye a dinamizar la demanda y, por ende, a mejorar la dinámica macroeconómica”.