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Más de cuarenta empresarios y funcionarios fueron procesados, dieciséis de ellos con prisión preventiva

Más de cuarenta empresarios y funcionarios fueron procesados, dieciséis de ellos con prisión preventiva
Claudio Bonadio dispuso otros 41 procesamientos, de los cuales 16 también son con prisión preventiva e incluyen a funcionarios y empresarios
18.09.2018 06.48hs Economía

Además de procesar a la expresidenta Cristina Kirchner el juez federal Claudio Bonadio dispuso otros 41 procesamientos, de los cuales 16 también son con prisión preventiva e incluyen a funcionarios y empresarios.

En la investigación por el pago de sobornos por parte de los empresarios para obtener contratos de construcción de obra pública entre 2003 y 2015, Bonadio embargó a todos los procesados por 4.000 millones de pesos.

Así, entre los 16 que fueron procesados con prisión preventiva están el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; su secretario José María Olazagasti; su entonces segundo Roberto Baratta, su secretario Nelson Lazarte, el secretario de Obras Públicas, José López; y los empresarios Carlos Mundin, Raúl Vertúa, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain y Sergio Taselli.

En tanto, en el listado de procesados sin prisión preventiva se encuentran, además, Claudio Uberti, ex titular del (OCCOVI); Angelo Calcaterra de IECSA y primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Luis Betnaza de Techint y Enrique Pescarmona, líder de la industria que lleva su apellido, además del financista Enrique Clarens, el chofer Oscar Centeno, el ex juez federal Norberto Oyarbide y Javier Fernández de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Por otro lado, el juez federal dictó la falta de mérito de Jorge Neira y Osvaldo Acosta, ambos de Electroingenieria; de Javier Sánchez Caballero, de IECSA; de Rodolfo Poblete, de EMEPA; de Héctor Zavaleta, de Techint, y de Franco Valenti de Industrias Pescaroma.

Ellos sí reconocieron haber hecho pagos ilegales ya sea para acceder a obra pública o como aportes para la campaña electoral del kirchnerismo, pero fueron sus jefes de sus respectivas empresas quienes aclararon que lo habían hecho bajo su orden.

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