A diferencia del resto de los grupos empresarios con ejecutivos involucrados en la causa de los cuadernos, Techint optó por sostener a Paolo Rocca en todas las funciones que ocupa en el holding industrial argentino de mayor relevancia mundial.

Una decisión diametralmente opuesta a las otras compañías involucradas en la causa que investigan Claudio Bonadio y Carlos Stornelli. Cada vez que el juez y el fiscal convirtieron en procesamiento la imputación, el empresario sospechado de haber pagado coimas a ex funcionarios del gobierno kirchnerista fue separado de su cargo casi de manera inmediata.

No es lo que ocurrió con el CEO y presidente de Techint, cuyo accionar y comportamiento fue respaldado por los consejos de administración del holding y también de sus empresas controladas como Tenaris y Ternium, en las cuales el hombre más rico del país, con una fortuna de u$s4.,700 millones, ocupa puestos de decisión.

Por eso, desde las dos compañías salieron a oficializar y formalizar de manera pública la decisión, más que nada teniendo en cuenta la calidad de “irremplazable” que se le otorga a Rocca en su conglomerado empresario.

El canal elegido fueron dos comunicados redactados y casi idénticos por los consejos de administración de Tenaris y Ternium y que se encuentran fechados en Luxemburgo, país donde ambas firmas tienen sus sedes comerciales.

En los dos escritos se hace referencia a la determinación del juez Bonadio de procesar a Rocca en el marco de las investigaciones relativas a pagos supuestamente realizados por Techint en 2008 a funcionarios del gobierno anterior.

Se asegura también que los consejos de administración de las dos empresas vienen monitoreando la situación “en consulta con sus asesores legales internos y externos”. Y se concluye que “luego de revisar la decisión adoptada por el juez, se ha confirmado al Sr. Rocca como Presidente de la Sociedad”.

Esto significa que el empresario continuará desempeñando sus responsabilidades “con el completo apoyo del Consejo de Administración”, tal como concluyen ambos comunicados.

No hubo el mismo nivel de apoyo para los otros dos hombres de Techint involucrados en la causa de los cuadernos y también procesados por Bonadio. Es decir, para Luis Betnaza y Héctor Zabaleta.

En especial para el director Institucional Corporativo de Techint y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), si se tiene en cuenta que Zabaleta ya no forma parte del conglomerado empresario y además fue uno de los primeros arrepentidos de la causa.

En el caso de Betnaza, tuvo que prestar declaración ante el magistrado en agosto pasado cuando negó los dichos de Zabaleta y aseguró que no se pagaron coimas ni aportes a la campaña electoral de Cristina Kirchner.

Sin embargo, quedó procesado al considerar el magistrado probado que fue el encargado de trasladar los bolsos con dinero que recibieron miembros del ex Ministerio de Planificación Federal que comandó Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta.

De hecho, tanto Betnaza como Rocca terminaron admitiendo haber aportado dinero para el anterior gobierno aunque aseguraron haberlo hecho “frente a un estado de necesidad” y para “preservar la integridad” de las familias y empleados de Sidor, empresa controlada por Techint que operaba en Venezuela y que fue expropiada por el chavismo en el 2008.

Según la defensa del grupo, Betnaza aportó pruebas documentales sobre lo que se consideró un “violento” proceso de nacionalización de esa compañía y admitió que para salvaguardar la seguridad de sus 200 empleados se efectuaron “contribuciones” monetarias a funcionarios de la administración K que se ofrecieron a mediar con el gobierno de Hugo Chávez.

Pero mas allá de esta declaración, lo cierto es que Bonadío terminó procesando a Betnaza y ahora a Rocca, al considerar probado que ambos formaron parte del grupo de hombres de negocios que pagaron coimas y sobornos a integrantes del kirchnerismo.

Una decisión rechazada de manera corporativa por las empresas que comanda Rocca, ahora el procesado Nº 48, entre ex funcionarios y empresarios, que tiene la causa y que m marca una diferencia con las actitudes tomadas por los otros grupos empresarios involucrados que apartaron a sus ejecutivos procesados en la misma investigación.

En esta lista figuran Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Armando Losón, Manuel Santos Uliberarrea, entre otros. Todos optaron por renunciar a sus puestos para evitar mayores daños a las finanzas y acciones de sus respectivas empresas.

El caso más paradigmático es el de Roggio, quien en agosto pasado dejó su rol como presidente de Benito Roggio con la intención de que su holding se mantenga operativo financieramente, pues de lo contrario podría ser alcanzado por normativas que frenen sus procesos internos y bancarios, como el "compliance".

Lo mismo hizo Uribelarrea, quien dejó la presidencia de MSU el 4 de octubre pasado argumentando la necesidad de preservar los negocios de la empresa de los cargos que se le imputan y de evitar que la investigación afecte el normal desenvolvimiento de la sociedad.

Otro caso similar es el de Gerardo Ferreyra, uno de los principales accionistas de Electroingenería, quien tras haber sido enviado a prisión, decidió correrse de sus puestos en el grupo cordobés, situación que repitió Armando Loson, propietario del grupo Albanesi.

Todas estas determinaciones incluso tienen directa vinculación con normas que el Gobierno redactó para permitir que las empresas involucradas en el pago de coimas y sobornos puedan continuar siendo proveedoras del Estado y participando de las licitaciones de obras públicas.

Están incluidas en una resolución oficial publicada en octubre pasado que preserva la operatividad de las compañías pero les reclama a las empresas separar a los ejecutivos imputados en el caso de los cuadernos, a los condenados y a los que se acogieron a la figura del arrepentido o imputado colaborador.

También están obligadas a cumplir con programas de "integridad", con códigos de buena conducta y medios de denuncia internos para mostrar una fuerte señal de transparencia.

En el caso de Techint, habrá que ver cuál será la reacción oficial del Gobierno ante la jugada del conglomerado de abroquelarse en apoyo casi incondicional a su máximo ejecutivo en el marco de una relación que no está considera como “muy cercana” entre los hombres de Rocca y los funcionarios de Cambiemos.