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Fin de la era Triaca: un hombre de Macri ya maneja la millonaria caja de las obras sociales

La central se reunió de urgencia con los ministros de Producción, Dante Sica, y de Desarrollo, Carolina Stanley, por los cambios en el área de Trabajo
13/12/2018 - 07:10hs
Fin de la era Triaca: un hombre de Macri ya maneja la millonaria caja de las obras sociales

Preocupada por los cambios en el manejo de los recursos, la CGT salió a presionar en las últimas horas por los fondos de las obras sociales. Una comitiva sindical encabezada por el secretario de acción social José Luis Lingeri se reunió este martes con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a quienes le reclamaron por el desborde de jubilados, monotributistas y discapacitados, los juicios contra las prestadoras y los reintegros adeudados por el Gobierno.

La audiencia tuvo lugar a solo 10 días de la salida de Jorge Triaca de la secretaría de Trabajo, quien se despidió días atrás de su equipo a través de una carta. El desplazamiento del funcionario, que había quedado en el ojo de la tormenta por una serie de escándalos y supuestos enfrentamientos con Sica, forma parte de los cambios impulsados por el ministro de Producción y Trabajo y de un nuevo vínculo con los gremios.

Uno de los canales de esa nueva relación será la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo encargado de manejar millonarios fondos de las obras sociales, ahora a cargo del médico obstetra especialista en fertilidad Sebastián Neuspiller.

Según pudo saber iProfesional, el funcionario cercano a Mauricio Macri y Diego Santilli sería designado en las próximas horas al frente del área, en la que ya se desempeñaba como coordinador operativo. Así, el nuevo titular de las SSS trabajará bajo las órdenes de Stanley, pero supervisado por Sica. Y se espera de él un rol menos contemplativo que su antecesor Sandro Taricco, quien este año quedó en la mira de la Jefatura de Gabinete por haber aumentado casi al doble los reintegros por discapacidad desde su llegada al cargo, en donde finalmente quedó aislado tras la renuncia de Triaca.

Los cambios vertiginosos en Producción y Trabajo antes de fin de año encendieron el alerta en la dirigencia sindical que acudió de urgencia al Gobierno para abordar su pliego de reclamos. Luego de la tregua sellada con el decreto que fijó un bono de fin de año y un mecanismo de preaviso para los despidos sin causa -aún sin reglamentar-, la cúpula gremial amenazó este martes con “realizar las presentaciones judiciales que se consideren pertinentes de no encontrar las soluciones adecuadas o de detectarse alguna vulneración a las disposiciones vigentes”, según indicaron en un comunicado.

La comitiva estuvo integrada por el triunviro y ladero de Barrionuevo, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez (Estatales), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (metalúrgicos) y Jorge Sola (Seguro). Pero el reclamo también fue apoyado por otros gremios de peso que no estuvieron presentes, como el de la construcción que lidera Gerardo Martínez, y que representan en total a más de 2 millones de trabajadores.

La decisión de presionar por los fondos antes de fin de año surgió en el almuerzo convocado por el gastronómico en la sede de su gremio a fines de noviembre y del que participó también el exministro de Economía, Roberto Lavagna, según reveló Clarín.

Durante la audiencia, los gremialistas se quejaron por la atención que deben brindar a 1,7 millones monotributistas y monotributistas sociales, quienes abonan $689 y $340 respectivamente, pero que según la CGT “estadísticamente se encuentran entre la población más consumidora del sistema, afiliando exclusivamente a los familias a cargo que necesitan atención médica”. Asimismo, señalaron que al carecer estos trabajadores de ART, las obras sociales atienden también los casos de enfermedades y accidentes laborales, lo que incrementa y encarece las prestaciones.

Otra de las demandas planteadas el martes tiene que ver con la atención de unos 350.000 jubilados y pensionados del PAMI. Mientras el instituto reciben un promedio de $2.100, deriva a las obras sociales para la atención médica un promedio de $192, menos del 10% por cada jubilado. El valor de esa prestación está desactualizado desde 2012.

Fondos millonarios

La CGT se mostró preocupada además por el crecimiento de un 57% entre 2015 y 2017 del número de personas con discapacidad que por ley deben atender las obras sociales, aunque carezcan de cobertura. En central obrera creen que el Estado es responsable de ese traspaso por la “falta de políticas públicas y sólidas”. Asimismo cuestionan el otorgamiento de certificados de discapacidad en casos que, según la central obrera, “no ameritan” como es el caso de accidentes de tránsito, partos, mala praxis.

Por otra parte, el sindicalismo mantiene desde hace tiempo una pelea con el Gobierno por el Fondo Solidario de Redistribución, que recauda y distribuye fondos a las obras sociales por tratamientos de alto costo, baja incidencia y discapacidad. El FSR se nutre del 15% de lo que las obras sociales le cobran como cuota a un asociado y reparte el dinero para financiar ciertos tratamientos y enfermedades. Pero según la CGT las prepagas que absorben la "crema" de los afiliados de las obras sociales retienen ese 15%, en lugar de aportarlo al fondo solidario.

La discusión involucra a OSDE, que contrajo una deuda por $8.000 millones con el FSR. La prepaga acordó saldar su pasivo en cuotas y abonó $3.000 millones, pero el Ministerio de Salud habría retenido los fondos sin ingresarlos al FSR, lo que motivó en 2017 la presentación por partes de las obras sociales de un recurso administrativo ante dicha cartera por el presunto “desvío” de los fondos.

Por último, los gremios reclamaron la actualización del Plan Médico Obligatorio (PMO), la cartilla mínima de prestaciones que las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir. “Aquello que exceda el PMO debe ser financiado por el Estado”, señalaron en el documento entregado a Sica y Stanley. Al igual que las prepagas, las obras sociales enfrentan una cantidad creciente de juicios por rechazar la cobertura de ciertos tratamientos que consideran costosos.

Según datos de la Superintendencia de Salud de la Nación, el 77% de los casos que no están cubiertos dentro del PMO se obtienen de medidas cautelares, lo que según las obras sociales desfinancia al sistema.

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