En el mismo escrito con el que pidió al juez Claudio Bonadio la elevación a juicio oral de gran parte de la causa de los cuadernos, el fiscal Carlos Stornelli admitió la necesidad de profundizar las investigaciones que involucran al Grupo Techint en el supuesto pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas para beneficiarse de una gran cantidad de obras públicas licitadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.

El documento de casi 678 páginas que abre el inicio de un nuevo juicio oral contra la ex presidenta, sus ex colaboradores, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y una decena de empresarios, plantea dudas sobre las pruebas de la participación de Techint en las maniobras que dieron pie a esta mega causa en la que están procesados Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, director Ejecutivo y ex director Administrativo respectivamente del holding que dirige Paolo Rocca.

El propio empresario ya había sido desafectado de la investigación en abril pasado, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones dictaminara su falta de mérito y le ordenara al juez Bonadío revocar su procesamiento del caso.

Ahora, se espera que la participación de Techint en los delitos que se investigan siga un camino paralelo e independiente a la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.

Desde la empresa siempre se apostó a probar que los dineros acercados a ex funcionarios kirchneristas no estaban vinculados al pago de coimas para beneficiarse de obras financiadas por el Estado sino que se realizaron para mejorar la situación del personal de una de sus filiales en Venezuela.

Más precisamente, de los trabajadores de Sidor, una empresa del holding que fue expropiada y nacionalizada en el 2008 por el gobierno venezolano del ex presidente Hugo Chávez

Para evitar mayores riesgos a su holding y a sus empleados en ese país, ejecutivos del grupo empresario pagaron coimas a Claudio Uberti, un ex funcionario K que también formó parte de Planificación Federal y comandó la llamada aduana paralela en Venezuela.

De hecho, el propio Uberti declaró en octubre del año pasado ante Bonadío admitiendo haber recibido bolsos con u$s100.000 por lo menos en cuatro oportunidades por parte de Betnaza y de Zabaleta.

Fueron bolsos con dólares aportados por Techint a pedido de Uberti para mediar en el proceso de expropiación de Sidor y no para el pago de coimas y sobornos como ya quedó probado en los casos de otros empresarios entre los que figuran Ángelo Calcaterra; Enrique Pescarmona; Gerardo Ferreyra; Aldo Roggio y Carlos Wagner.

Para Bonadío, estos empresarios y los ex funcionarios kirchneristas con Cristina Fernández a la cabeza, formaron parte de una asociación ilícita que durante 12 años recaudó fondos ilegales que aportaban contratistas y concesionarios del Estado, mediante el pago de coimas y sobornos.

En el caso de Techint, se abrirá ahora una causa paralela en la que seguramente el fiscal Stornelli deberá incorporar las pruebas que el propio holding viene reclamando se sumen desde fines del año pasado.

Los abogados de Techint y sus ejecutivos sostienen la hipótesis de que los fondos fueron entregados con el objetivo de que la mediación de los entonces funcionarios del gobierno argentino lograran mejorar la situación del personal de Sidor. Se hizo, dicen,

"frente a un estado de necesidad" y para "preservar la integridad" de las familias y empleados de la empresa controlada por Techint que operaba en Venezuela y que fue expropiada por el chavismo en el 2008.

En este sentido y al quedar fuera del juicio oral, hubo alivio en las filas de Techint, donde la decisión de Stornelli y Bonadío se habría tomado con una buena noticia porque ya no involucra al holding en la causa principal del pago de coimas y sobornos.

Es más que probable que a partir de ahora se comience con una nueva investigación solamente orientada a analizar si los ejecutivos de Techint cometieron o no delitos al realizar estos aportes para poder llevar a cabo de manera normal su salida de Venezuela.

De todos modos, rige la cautela entre su personal ya que a partir de ahora se deberán profundizar las investigaciones, acelerar la etapa de sumario de la causa con la incorporación de una gran cantidad de pruebas aportadas por el propio holding de los Rocca.

En este sentido y cuando le tocó declarar ante Bonadío, el propio Betnaza había aportado pruebas documentales sobre lo que se consideró un "violento" proceso de nacionalización de Sidor y admitió que para salvaguardar la seguridad de sus 200 empleados se efectuaron "contribuciones" monetarias a funcionarios de la administración K que se ofrecieron a mediar con el gobierno de Hugo Chávez.

Por eso desde la empresa siempre se aclaró que el caso es diferente al del resto de las empresas mencionadas en los cuadernos de Centeno y que se trató de una situación de emergencia.

De hecho, el fallo de la Cámara Federal del 20 de diciembre pasado por el cual se dictó la falta de mérito de Rocca, también reclamó llevar adelante más procedimientos antes de elevar a los empresarios de Techint a juicio oral.

En sus páginas 53 y 54, el escrito asegura que "los agravios de la defensa fundados en los dichos de los imputados que justificaron el pago por las razones de emergencia por ellos detalladas –esbozada esta circunstancia también por Uberti-, deberán ser profundizadas y analizadas por el juez instructor y eventualmente, ser el mismo magistrado o el ministerio público fiscal al momento de requerir la elevación a juicio, quien/es podrán, en definitiva, controvertir las pruebas tenidas en consideración en este legajo y –en su caso- modificar el encuadre legal, tras cumplir con la evacuación de las citas".