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Coimas en la obra pública

Cristina Kirchner negó los cargos, pidió la nulidad de la causa y habló de "persecución judicial"

Cristina Kirchner negó los cargos, pidió la nulidad de la causa y habló de "persecución judicial"
La expresidenta y senadora está acusada de liderar una asociación ilícita en la causa que investiga pagos de sobornos por parte de contratistas del Estado
13.08.2018 11.03hs Política

La expresidenta Cristina Kirchner fue a declarar ante el juez Claudio Bonadio por la causa que las coimas en la obra pública, pidió la nulidad de la investigación, negó los cargos en su contra y denunció una "persecución judicial".

Como viene haciendo en otras causas en su contra, la exmandataria presentó un escrito en la audiencia en la que fue convocada a indagatoria.

Allí cuestionó que Bonadio -a quien calificó de "juez enemigo"- y el fiscal federal Carlos Stornelli estén al frente de la investigación y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini, quien sigue las causas Hotesur y Los Sauces.

"A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional", sostuvo además la senadora opositora

Sobre la investigación por presuntas coimas en obras públicas, aseguró que "elegidos a dedo el juez (Bonadio) y el fiscal (Stornelli), estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas".

"En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta", evaluó.

Tras denunciar "graves arbitrariedades" por parte de Bonadio en su contra en otras causas, la exmandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado.

"En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadio dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida", señaló.

La senadora señaló que desde que asumió el presidente Mauricio Macri se dictaron en su contra "cinco procesamientos" y subrayó: "increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015".

Subrayó también: "Pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa".

"Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio", añadió.

Para Cristina Kirchner, "estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI".

"A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política", señaló.

Como es senadora, CFK tiene fueros por lo que no puede quedar detenida.

Bonadio ya había solicitado su desafuero y detención en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, en 2017, pero no logró que el Senado acompañe su solicitud. Y había sido el primero en citarla a indagatoria apenas asumió como senadora. Fue por la causa del dólar futuro. El 13 de abril de 2016, la expresidenta transformó su visita a Comodoro Py en un gran acto político.

Todo indica que en este caso Bonadio volverá a chocar con los fueros de Cristina. El jefe de la bancada peronista en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, el espacio del que depende el desafuero por la cantidad de votos que aporta, ya anunció públicamente que no iban a prestar su conformidad para quitarle su inmunidad parlamentaria a la expresidenta. El debate, en todo caso, es si habilitan o no un allanamiento a sus domicilios, tal como requirió Bonadio. Esa medida estaba pautada para ser debatida en el recinto el 9 de agosto y se postergó para el 15 de agosto.

La bancada encabezada por el rionegrino planteó aquel jueves que los fundamentos del requerimiento del juez para avanzar con los procedimientos llegaron al Senado sobre la hora y que además no era "prudente" dar a conocer el auto cuando el expediente tiene secreto de sumario.

Lo cierto es que la decisión divide aguas en el PJ y muchos senadores no levantarían sus manos para impulsar el allanamiento.  Reflejo de ese estado de relaciones fue la sesión especial en que se trató el tema: estuvo a punto de levantarse por falta de quórum.  

No obstante, al oficialismo y sus aliados le alcanzarían los votos para avalar los allanamientos. Pichetto es uno de los pocos legisladores peronistas que apoya el pedido judicial.

Según las anotaciones de los cuadernos de Centeno, publicados por el diario La Nación y cuyas copias fueron aportadas a la Justicia, se hace referencia al departamento de la expresidenta como presunto lugar de recepción de los bolsos con dinero.

Sin militancia

Cristina Kirchner dejó esta mañana su domicilio a las 9:25 y 10 minutos después arribó a los tribunales federales de Retiro.

Poco menos de una hora y 40 minutos después, la exjefa de Estado salió del edificio de tribunales y tras saludar a algunos de sus seguidores se retiró en el mismo automóvil que la había trasladado desde su domicilio.

Hasta los tribunales también habían llegado los dirigentes peronistas Juan Grabois y Eduardo Valdés, ambos ligados al Papa Francisco.

El domingo, través de su cuenta en Twitter, la exmandataria pidió a la militancia que no se movilice hasta Comodoro Py para respaldarla

Si bien pidió que no la acompañen, en otro de sus mensajes CFK reclamó que "el esfuerzo y la energía" sean destinados para ayudar a quienes están en una mala situación por el gobierno actual.

La causa

El juezBonadio y el fiscal Carlos Stornelli apuntan a la exmandataria como la jefa de esa asociación ilícita que supuestamente recaudaba dinero negro.

En el marco de la pesquisa, una decena de empresarios fue imputado y detenido. Poco a poco, los ejecutivos comenzaron a declarar, acogiéndose a la figura del arrepentido, que se incluyó para casos de corrupción en noviembre de 2016.

En sus testimonios, los imputados colaboradores -integrantes de Isolux, Iecsa y Techint, entre otras firmas- a cambio de su libertad decidieron hablar. Hasta el momento es unánime la postura de sostener que no fueron coimas sino aportes en negro para la campaña kirchnerista, que entregaron bajo extorsión.

No es azarosa la declaración de los arrepentidos. Se presentan como víctimas y se desligan de cualquier delito grave, como sería el pago de sobornos para ganar una licitación, por ejemplo. En ese caso, quien paga el soborno y quien lo recibe están en pie de igualdad para el Código Penal (cohecho activo y cohecho pasivo). Mientras que un aporte en negro para una campaña es apenas "un aporte ilicito" cuya pena máxima es de 3 años de prisión.

Además de los ejecutivos también declararon exfuncionarios de la administración kirchnerista. Entre ellos, se destaca el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien el 9 de agosto reconoció haber recibido dinero en negro de empresas para financiar la campaña electoral de 2013. Según los cuadernos del chofer Oscar Centeno, Abal Medina recibió el 5 de septiembre de 2013 dinero que había sido entregado por el empresario Juan Carlos de Goycoechea, ex directivo de Isolux.

Con su testimonio podría complicar a Cristina.

En su declaración, Abal Medina señaló a