En una delicada maniobra de relojería, el Gobierno acordó un paquete de blindaje social que logró desactivar el quinto paro de la CGT y que busca evitar un desborde de las paritarias. Se trata de un bono "sugerido" por decreto de hasta $5.000 -que no será para todos- y un mecanismo administrativo para negociar los despidos en el sector privado, afectado en estas horas por el cierre de plantas.

Las medidas fueron la condición impuesta por la CGT para levantar el paro previsto para los próximos días, cuya fecha debía ser fijada este jueves por la cúpula sindical en su reunión de consejo directivo.

Los detalles del entendimiento se terminaron de cerrar ayer en la sede de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), en donde el dueño de casa y triunviro de la central obrera Héctor Daer recibió al ministro de Producción, Dante Sica, el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, y a una delegación de empresarios.

Entre los ejecutivos estuvieron Miguel Acevedo y Alberto Saavedra (UIA), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), Natalio Grinman (Cámara de Comercio), Daniel Funes de Rioja (Cámara de la industria alimenticia) y Gerardo Díaz Beltrán (CAME), quienes representan a los tres sectores empleadores más importantes de la economía, con más de 2,5 millones de trabajadores.

"Hemos creado un ámbito de diálogo junto a los empresarios y los representantes de los trabajadores. Es en este espacio en el que podemos consensuar herramientas que nos permitan recuperar el poder adquisitivo del salario y preservar el nivel de empleo”, afirmó Sica.

El sindicalismo, en tanto, estuvo representado por los diversos sectores que integran la mesa chica de Azopardo. Fueron de la partida los barrionuevistas Carlos Acuña (Estacioneros) y Robustiniano Geneiro (Gastrónomicos), los “independientes” Andrés Rodríguez (Estatales), José Luis Lingeri (Aguas) y Rubén Pronoti (Construcción), el “gordo” Armando Cavalieri (Comercio), los exmoyanistas Jorge Sola (Seguros) y Abel Frutos (Panaderos), Amadeo Genta (Docentes) y Omar Maturano (Ferroviarios) por el sector del transporte, cuyo poder de fuego es definitorio para garantizar una medida de fuerza.

El bono

En su relanzamiento, la mesa de diálogo acordó una compensación extraordinaria de carácter no remunerativo a pagarse en dos tramos de $2.500, en noviembre y enero, mediante un decreto que se conocerá en las próximas horas. La CGT puso especial énfasis en que el acuerdo fuera de carácter obligatorio para evitar el fracaso del 2016, cuando los empresarios se comprometieron a pagar un bono y suspender despidos por seis meses a través de un compromiso voluntario que nunca llegó a implementarse por carecer de fuerza legal.

“El decreto es fundamental para que sea imperativo, se pague, y no pase como la vez pasada”, explicó Daer al salir ayer de la reunión, acompañado de Acuña.

De todos modos, el refuerzo salarial tendrá un carácter sugerido, por lo que será negociado en cada sector en función de su situación, mientras que el mecanismo antidespidos no será acompañado de un decreto, según confirmaron a iProfesional fuentes de la cartera de Sica.

En ese sentido, las autoridades se comprometieron a diseñar un dispositivo para preservar el empleo en los sectores más afectados, por el que las empresas deberían tramitar los despidos sin causa ante la secretaría de Trabajo de su jurisdicción con la participación del sindicato de la actividad. Mientras, estudiarán si avanzan en un paliativo a los jubilados y la posibilidad de eximir al aguinaldo del pago de Ganancias.

Plan blindaje

Con esta iniciativa, el Gobierno apunta en primer lugar a desactivar el clima de conflictividad que empezó a gestarse luego de la cuarta huelga general realizada el 25 de septiembre pasado.

Apoyado en los sectores con los que tiene buen diálogo y que concentran los principales resortes de la central obrera, Macri busca neutralizar a las facciones duras encabezadas por Hugo Moyano, quienes luego de avanzar en el vaciamiento de la entidad sindical se proponían presionar a sus pares para que fijasen mañana un paro para el 27 de noviembre, dos días antes del inicio de la cumbre del G20.

Conocidos los detalles del acuerdo, la reacción del sindicalismo opositor fue lapidaria. "Es evidente que la cotización de la CGT ha caído mucho, entregarse por $5.000 en varios tramos que no está garantizado que se va a pagar, que se va a discutir por sector, que los empleadores van a hacernos la vida imposible. Es muy preocupante", dijo el farmaceútico Marcelo Peretta.

El sindicalista fue parte anoche de la comitiva gremial encabezada por Moyano y el metalmecánico Ricardo Pignanelli, quienes fueron agasajados por el presidente del PJ, Luis Gioja, en la sede porteña del partido ubicada en Matheu 130.

Preocupado por la cercanía del evento que convocará en Costa Salguero a los líderes de las principales potencias en medio de un operativo de seguridad sin precedentes, Sica se encargó de recoger el respaldo de los empresarios, quienes anoche daban por descontado que el bono servirá para descomprimir la renegociación en aquellas actividades en donde los ingresos tuvieron aumentos promedio por debajo del 30%, cuando se espera una inflación cercana al 50%. Ese es el caso de buena parte de los convenios en la industria, como el de la construcción y comercio.

"Desborde salarial"

Los ejecutivos reconocen que hubo un descalce entre los salarios y la inflación, pero afirman que muchos no están en condiciones de renegociar paritarias. “Las Pymes no podemos pagar los sueldos”, señalaron fuentes de la CAME a iProfesional.

En ese rubro, el sindicato liderado por Armando Cavalieri tenía previsto revisar el acuerdo este mes tras lograr un 25% en el año. Ahora, sin embargo, aceptaría un bono compensatorio en lugar de reabrir la paritaria. “Si el bono se incorpora al salario, nos quedamos piola”, reconocieron fuentes del gremio a este medio.

El temor a un “desborde salarial” encendió las alarmas también en la industria, que en septiembre registró una caída del 11,5% interanual, su mayor retroceso en casi una década, según lo confirmó ayer el INDEC.

Los industriales pusieron en marcha todo su poder de lobby para contener el fenómeno registrado la semana pasada en el transporte de carga, sanidad y la actividad bancaria, cuyos gremios obtuvieron subas globales de hasta el 45% en varios tramos. Ahora, con el bono, los manufactureros creen que tendrán un mayor margen para aplazar la revisión de convenios o, en su defecto, moderar la recomposición salarial.

“Dependiendo de las regiones y los sectores, la realidad varía. En un contexto adverso, hay sectores que caen más que otros”, señaló Acevedo.

En aquellas ramas que destruyen empleo, en cambio, los empresarios descartan la posibilidad de negociar un bono y anticipan que la discusión se limitará a la instrumentación de un esquema para sostener el empleo. Además de los despidos registrados en los últimos días en Alpargatas, Acindar y Adidas, la construcción se vio afectada por la recesión con la pérdida en agosto de 13.000 empleos respecto del mes previo, retrocediendo a niveles del mismo mes del año pasado, según los datos del INDEC.

En cuanto al sector público, el Gobierno se ve condicionado por su propia meta fiscal para dar un alivio. En el marco del acuerdo con el FMI, que prevé llegar en 2019 al déficit cero mediante un fuerte ajuste del gasto, los empleados públicos fueron los más castigados por la inflación en lo que va del año ya que obtuvieron un aumento salarial del 15%, junto con dos sumas fijas no remunerativas y extraordinarias de $2.000 en octubre y $4.000 en noviembre.

Algo similar ocurrió con los jubilados y los beneficiarios de planes sociales, cuyos ingresos se vieron afectados a la baja por la fórmula de movilidad implementada en 2018 y el impacto de la inflación.