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Gobierno enviará al Congreso un proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad

Gobierno enviará al Congreso un proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad
Cambiemos ve en la supuesta aceptación pública del protocolo de armas y las pistolas Taser una señal para avanzar con nuevas medidas en seguridad
06.01.2019 09.44hs Política

Tras la implementación de las pistolas Taser, el Gobierno busca profundizar la línea de "mano dura" en el ámbito de la seguridad, en el contexto de un año electoral con economía adversa.

Lo que se reflotará ahora es el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña Legislativa de ese año. El Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero, señala Clarín.

La principal novedad en la letra del texto tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.

La información fue confirmada a Clarín por altas fuentes oficiales. Más: el tema estuvo sobre la mesa en el almuerzo que compartieron los ministros en Casa Rosada y, ante la ausencia de Macri por sus vacaciones, encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La decisión de enviar el proyecto se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las Taser. En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política, según detalla Clarín.

Fue, precisamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien junto a Garavano hablaron del tema en el cónclave del viernes. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.

Con las diferencias de criterio internas ya saldadas, y la carta de que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso. Y descuentan que el kirchnerismo se opondrá.

El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.

Además, se incorporan "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos", como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.

Pero el proyecto no se limita sólo a los casos de los jóvenes que pueden ser declarados imputables. Movilizados por el impacto que provocó el caso de “El Polaquito”, el chico de 12 años que según dijo en una entrevista televisiva mató a un “transa” que no le quiso dar droga; y fue acusado de robar en un jardín de infantes en Lanús; quienes trabajaron en las ocho mesas de trabajo que trazó el Ministerio de Justicia incluyeron, en los artículos 85 y 86 del proyecto, la “respuesta a inimputables” que tiene que dar el Estado, indica Clarín.

De ese modo, en los casos que la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario -integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.

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