Los países del Grupo de Lima, reunidos este martes en Buenos Aires, aprobaron un extenso documento de 12 puntos, en el que destacan el respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la decisión de remitir a la Corte Penal Internacional, el informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país, elaborado por la ONU.

Por su parte, EE.UU. sostuvo este martes que ha comunicado al entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que el mandatario tiene un "corto plazo" para dejar el poder si no quiere enfrentar a la Justicia internacional y nuevas medidas estadounidenses.En cuanto a los miembros del Grupo de Lima, los gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela,  arrancaron su documento con un fuerte respaldo a Guaidó, "a quien hace seis meses la Asamblea Nacional de Venezuela le confió dicho cargo constitucional".

Además, destacan "su indoblegable liderazgo en la lucha por recuperar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, y el cese de la usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro".

Los cancilleres del Grupo de Lima ratificaron su condena "a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represión, y negación de derechos primordiales, como la salud, la alimentación y la educación, entre otros".

Esas situaciones "han quedado documentadas y confirmadas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, presentado en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos", agregaron en alusión a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Los cancilleres hicieron suyas esas conclusiones y decidieron remitir el mencionado Informe" a "la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, a fin de que éste sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos que lleva adelante en virtud de la solicitud presentada por la Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en septiembre de 2018, posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania, la cual fue complementada en mayo de 2019".

Por otra parte, instan a que este informe de Bachelet "se discuta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y organismos internacionales".

Por último, entre otras consideraciones, los cancilleres del Grupo de Lima reiteraron "su preocupación por el agravamiento del éxodo migratorio venezolano, que tiene matices trágicos por la expulsión forzosa de personas, y el impacto que ha generado".

Amenaza regional

Al inaugurar la sesión de este martes, el canciller argentino Jorge Faurie advirtió que "lo que vive Venezuela amenaza la paz y la seguridad regional y también compromete la seguridad internacional".

Durante el encuentro, se analizó también crear un organismo internacional especializado para investigar posibles hechos de corrupción y de violaciones de derechos humanos cometidos por la administración de Maduro en Venezuela.

Así lo solicitó el enviado de la Asamblea Nacional de ese país ante el cuerpo, Julio Borges, quien responde a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país caribeño por el bloque.

Durante su discurso, el funcionario le pidió al resto de los miembros del grupo "aumentar la presión financiera y diplomática contra quienes han saqueado la riqueza" del territorio bolivariano y "provocando la grave crisis" que padecen sus ciudadanos.

"La corrupción es muerte, miseria y pobreza, los corruptos deben ser sancionados", sostuvo Borges, luego de repasar algunos puntos del informe elaborado por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que cuestiona fuertemente la situación en Venezuela.

En este sentido, el diplomático resaltó que esta problemática "debe llamar la atención de la conciencia internacional, especialmente en el continente americano".

"Los violadores de derechos humanos deben encontrarse con un muro de contención regional que los interpele y los detenga", resaltó Borges, al leer una carta escrita por Guaidó, que también se comunicó con los presentes en Buenos Aires a través de una videoconferencia.

El encuentro del Grupo de Lima comenzó pasadas las 9:00 en el Salón Libertador del Palacio San Martín, donde el canciller argentino expresó: "Tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr que el restablecimiento del orden democrático en Venezuela se alcance a través de la convocatoria a elecciones".

"En Venezuela hay enorme cantidad de presos políticos, y mucha gente siendo torturada. Hay gente que está pagando con su sangre la vida en Venezuela. No podemos permitir que se afecte la libertad. Mientras Venezuela viva esta dictadura, todas nuestras democracias se ven debilitadas", afirmó el jefe de la diplomacia argentina.

Faurie subrayó: "Desde la Argentina, hemos hecho un gran esfuerzo para lograr incorporar a nuestra vida a más de 130.000 venezolanos, y hemos abierto un registro nacional para recoger todas las denuncias que puedan hacer".

Además, asistieron la representante de Venezuela ante la Argentina, Elisa Trotta; los cancilleres de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana y Perú, además de Altos Representantes de los Gobiernos de Canadá, Honduras, Panamá, Paraguay y Santa Lucía.

Como observadores se sumaron también Ecuador y, por primera vez, El Salvador, representado por su canciller, además de Enrique Iglesias el asesor especial de la UE para Venezuela.

EE.UU. endurece su postura contra Maduro

EE.UU. dijo que este martes ha comunicado al entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que el mandatario tiene un "corto plazo" para dejar el poder si no quiere enfrentar a la Justicia internacional y nuevas medidas estadounidenses.

"Es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida (a Maduro) en un tiempo definido. Y si no la toma, las medidas se van a endurecer mucho, mucho más", afirmó el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone.

"Ese plazo es inmediato (…) y ya lo hemos comunicado indirectamente (a Maduro), con personas en quien él confía. Es importante que también los países del Grupo de Lima hagan lo mismo", añadió el asesor del presidente estadounidense, Donald Trump.

Claver-Carone aseguró que el plazo que ha dado Estados Unidos es "mucho más corto que el fin del año", y afirmó que los cancilleres del Grupo de Lima "están conversando" sobre ese mismo tema durante su reunión de hoy en Buenos Aires.

Agregó que el panorama ha cambiado tras la presentación este mes del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que denunciaba represión política, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

"El reporte Bachelet es el caso prima facie de un encausamiento, particularmente de esos países que están suscritos a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no se suscribe a eso, pero sí estamos dispuestos a dar ciertas garantías", indicó Claver-Carone.

"Así que, es el momento de o aceptar ciertas garantías para salir del poder, o enfrentarse a la justicia internacional y de los Estados Unidos", recalcó.

Sin embargo, al ser preguntado después por si las consecuencias para Maduro estarían en los tribunales de Estados Unidos, el alto funcionario habló, en cambio, de sanciones. "La consecuencia es que, como dijo el presidente (Trump), no hemos sido lo suficientemente duros todavía. Las sanciones (…) seguirán incrementándose y serán mucho más duras de lo que son", advirtió.